Baltasar Garzón
Fecha: 21/01/2008Todas las miradas recaen estos días sobre el juez. En su mesa tiene varios procesos contra el entorno etarra, entre ellos la posible ilegalización de ANV y del PCTV.
Fernando CÁRDENAS
—¿La ley es el único camino para acabar con el terrorismo?
—El terrorismo es un lacra de la humanidad y siempre se ha producido a lo largo de la historia, pero quizá hoy día es cuando más lo sufre la sociedad. Raro es el día que no tenemos un ataque terrorista en algún lugar del mundo. La justicia es el principal eslabón para combatir el terror. Cuando digo justicia, lo digo en el sentido amplio, no solamente los jueces, sino el sistema de investigación policial, de aplicación del derecho... Y no creo que sean posibles otras formas de acabar con el terror, cuando no hay voluntad de los terroristas de terminar la acción y, desde luego, cuando no hay por su parte una aceptación de las reglas y del juego democrático y la voluntad de someterse a la ley como cualquier otro ciudadano.
—Y, en este sentido, ¿cómo ha vivido el alto el fuego de ETA y el proceso de negociación y de desunión de los partidos posterior?
—Como juez, he aplicado las normas, he instruido las causas que me han correspondido y he visto cómo la Audiencia Nacional ha continuado haciendo su labor. Como ciudadano, he asistido a lo que se planteaba, a un intento de acabar con la violencia terrorista en España. La organización terrorista no quiso la paz y, por lo que hoy sabemos, no la quiso en ningún momento. Ése es el hándicap que hay cuando se habla con un organización terrorista, que no tiene límites, ni siquiera para engañar, para matar, para subvertir el orden constitucional o para no cumplir lo que dice. Al fin y al cabo, es una organización criminal.
—¿La única vía que queda es asfixiar sus tentáculos políticos?
—La única vía es la defensa del Estado de derecho y de las víctimas, y la aplicación de las normas que tenemos. Es lo que dice la ley, lo que creo que todos defendemos, y es ahí donde nos tenemos que centrar.
—¿Y la pelota ahora está en la Audiencia Nacional?
—No puedo hablar más porque son cuestiones que están hoy día en los tribunales y no sería correcto pronunciarme con más extensión sobre estos aspectos.
—¿Ve próximo el final de terrorismo desde su atalaya de la Audiencia?
—Por mí, ojalá que hubiese sido ayer el último día, pero objetivamente es complicado. Hay una organización terrorista, que es ETA, que claramente está determinada a seguir su acción criminal. Hay un terrorismo internacional, de corte ‘yihadista’ que en cualquier momento nos puede volver a atacar, como ya lo hizo el 11-M en España. Hay una serie de sinergias negativas que hay que combatir, cada uno con los medios que tenemos, los jueces desde la justicia, la policía desde la investigación, los medios de comunicación con la expresión de lo que está sucediendo, y la sociedad con la solidaridad y la unión que debe tener frente al terrorismo. Y, desde el mundo político, como ciudadano, a lo que aspiraría es a que hubiese un consenso, una posición común, una actividad convergente a la hora de combatir el terrorismo, a la hora de identificarlo y de acabar con los terroristas.
—Pero ¿cómo confiar en la justicia con casos como el de la dictadura argentina, con 30.000 muertos por los que, 30 años después, prácticamente no ha respondido nadie...?
–La justicia que no se pudo hacer en los años 80, inmediatamente después de la caída de la dictadura, se está haciendo ahora. El esfuerzo que se ha realizado en los últimos cuatro años en Argentina por los distintos poderes es muy importante. Hoy en día hay abiertas centenares de causas que están dando resultados importantes y creíbles. Pero, desgraciadamente, la justicia siempre va a ser insuficiente, no es la respuesta a todas las situaciones. Es necesaria pero no suficiente y, cuando es tardía, es menos justicia.
—Sin el esfuerzo personal de jueces, periodistas y, sobre todo, de las madres, ¿estas aberraciones, torturas, muertes… habrían caído en el olvido?
—Probablemente no hubiese sido posible avanzar hacia la justicia sin los grupos de derechos humanos y, sobre todo, de las madres y abuelas de la plaza de Mayo y las distintas organizaciones que se fueron formando desde el mismo momento de la dictadura y cuyas vidas, además, corrieron claros riesgos. La fuerza y el empuje de personas como Chicha Mariani o Sacha, Hebe de Bonafini, Estela Carloto…, como el de tantísimas otras que han dedicado su vida a exigir justicia cada jueves de cada semana durante 30 años, hicieron posible que la justicia, entonces silente en Argentina y en el Cono Sur latinoamericano, atravesase fronteras. Así ocurrió en España en el año 96, cuando comenzamos investigaciones muy serias, en las que al principio pocas personas creían, más allá de los grupos de derechos humanos y de las víctimas. Al final, lo que se ha conseguido, al menos parcialmente, es transmitir el mensaje de que la impunidad no debe ser la regla y que hay mecanismos para combatir esa impunidad.
—¿También España debe pasar por una operación de limpieza de heridas en relación con lo que ocurrió en la posguerra?
—Creo que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de crímenes tan graves como de los que estamos hablando, torturas masivas, desapariciones forzadas de las personas..., hay dos cosas que no pueden funcionar: una es el olvido y otra la falta de justicia. Hay unos límites, ya no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de la necesidad humana. Para sobrevivir como ser humano, tiene que haber una respuesta desde la sociedad; si no, va a quedar un baldón permanente y constante que nos va a hacer volver al pasado y tener siempre un punto de referencia negativo, en lugar de poder decir que hubo una respuesta, aunque fuera tardía.
—Aquí, todavía está reciente la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica y la polémica que suscitó.
—La ley de Memoria Histórica era necesaria, y lo que hay que hacer es superar una época que nunca debió acontecer, a través de alguna forma de compensar ética, moralmente y jurídicamente a las víctimas. No debería producirse ninguna contradicción porque no es una ley para ajustar cuentas, es para dar una posibilidad a aquellos que todavía no saben dónde están sus familiares, y para que aquellos que tuvieron que marchar tengan una compensación. Si se lee el contenido de la ley, es muy ‘light’, en el sentido de que no debería haber suscitado ningún tipo de aversión entre los grupos. Desgraciadamente, no ha sido así. Pero así es la democracia, la discrepancia está garantizada y de ahí llega el acuerdo.
—En torno a usted se han lanzado campañas duras de desprestigio desde diferentes sectores. ¿Resulta duro luchar en tantos frentes?
—Hay una frase muy castiza en España que dice que no ofende quien quiere sino quien puede. Cuando estás convencido de aquello que tienes que hacer, debes estar preparado para asumir las críticas e incluso los puntos de vista totalmente divergentes. Lo que no es aceptable es cuando de esa crítica se pasa a la injuria o a la calumnia. Eso, creo, en ningún caso es positivo para nadie. Pero, en fin, cada uno es libre de hacer aquello que considere oportuno y todos debemos asumir las consecuencias de aquello que realizamos. No es mi estilo y tengo, la verdad, demasiado poco tiempo como para estar ocupándome de los ataques.








Comentarios recientes
No hay comentarios