Carlos Fabra sale trasquilado

Quien acude a los jueces pidiendo amparo se puede encontrar con que sale peor de lo que entró, además de con menos dinero. Cuando algún político se empeñó en que las más altas instancias judiciales formaran parte de la lucha contra el terrorismo y contra el independentismo que lo apoyaba, ya avisamos de que las sentencias no siempre se escriben a gusto del consumidor y que, en ocasiones, producen el efecto contrario al buscado. De hecho, muchos de los espacios conseguidos por ese mundillo han sido posibles gracias a intentos desafortunados de constreñirlo vía tribunales.
La justicia es un arma de doble filo. Lo sabemos en interviú, donde hemos asistido como sujeto pasivo a la labor del Tribunal Supremo para fijar jurisprudencia en cuanto, por ejemplo, al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen... al toples playero y a unos cuantos aspectos más que han afectado a nuestro trabajo periodístico y como medio de comunicación social. Especial mención merecen la cantidad de querellas recibidas por revelación de secretos y que, afortunadamente, han quedado en nada.
 

Abuso judicial. Cualquier persona o institución que se sienta agredida tiene derecho a acudir a los tribunales. Faltaría más. Pero convendría que se dejara de abusar de las puñetas en la bocamanga en casos claros. Según escribo estas líneas me llega un correo de nuestra asesoría jurídica con el archivo, ya definitivo, de una querella, que viene a sumarse a las varias sobreseídas durante el último mes. En este país hay mucho vicio en acudir a los tribunales (en la tele siempre se están lanzando abogados a la cara) y garantismo suficiente como para provocar un exceso de gasto que al final se comprueba innecesario, y siempre me quedo con las mismas ganas: ¿con qué cara le dirá aquel que prometió sacarle hasta los ojos al contrario que su demanda ha sido archivada? Pues con una cara muy dura.
Aprovecho la digresión para llegar a Carlos Fabra, el eterno presidente de la Diputación de Castellón. La semana pasada el Tribunal Supremo zanjó ya el asunto en el ámbito contencioso-administrativo y avaló la publicación en interviú (dónde si no) de los datos fiscales del político y su familia. La alta instancia no hace mucha sangre del asunto y se limita a confirmar lo que ya había dicho la Audiencia Nacional.
Pero hay que recordar que en este gusto por la sobredosis judicial Fabra ya nos llevó por el mismo asunto al ámbito penal, por probar suerte en el abanico de posibilidades que la justicia ofrece. Por lo penal corrió peor suerte, porque ya el Juzgado de Instrucción número 4 le dio un buen revolcón y envió al limbo del sobreseimiento su denuncia por revelación de secretos oficiales e información privada y por injurias y calumnias por escrito y con publicidad.

Crisis de moralidad política. Cuando llegó la cosa a la Audiencia Provincial de Madrid, no le fue mejor a Fabra: se confirmó el archivo, pero encima se fue caliente. La Sala destacó la autenticidad de lo publicado por interviú y el derecho de esta revista a darlo a conocer y de los ciudadanos a recibir esa información veraz, y aprovechó para soltarle al presidente de la Diputación castellonense un bonito resumen: “El sistema democrático español no ha podido evitar la crisis de moralidad que padece en la actualidad la clase política, pero tiene indudables ventajas y una de ellas, esencial, es que permite la transparencia y el conocimiento de datos referidos a personalidades públicas. El comportamiento cívico de las autoridades es cuestión de especial interés para el ciudadano, y su conocimiento también lo es”.
Entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial han conseguido que Carlos Fabra saliera trasquilado de donde entró a por lana. Y nosotros nos alegramos, aunque nos gustaría que los muchos Fabra que hay en España se calmaran, porque el uso abusivo de la justicia no es bueno para nadie.