Sport
Panorama / Artículos

Evitar otra huelga de jueces

Fecha: 02/03/2009 1:00 Luis DIAL ico favoritos Añadir a favoritos
  • Valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tu valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
¡Gracias!

Francisco Caamaño, sustituto de Mariano Fernández Bermejo al frente del Ministerio de Justicia, tendrá que hacer valer sus demostradas cualidades de buen navegante para conseguir apaciguar las turbulentas aguas judiciales. Éstos son sus retos.

Los retos a los que se enfrenta el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pasan por conjurar la nueva convocatoria de huelga de jueces, prevista para el 26 de junio, para lo que tendrá que sentarse a negociar de firme con las asociaciones judiciales. Además, deberá templar gaitas con las asociaciones de secretarios judiciales y asumir los compromisos de mejora salarial de los funcionarios y de modernización del servicio público de la justicia.

Nadie duda de que este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, nacido en Cee (A Coruña) hace 46 años, buen navegante y con aspecto de lobo de mar, posee los valores de la discreción y el trabajo. El lunes 23 de febrero, cuando la noticia de que iba a sustituir a Mariano Fernández Bermejo estaba en las ondas, webs y teletipos, él seguía trabajando en su despacho de Moncloa. Como secretario de Asuntos Constitucionales y Relaciones con las Cortes debía certificar el informe del Banco de España sobre el Fondo de Adquisición de Activos que al día siguiente iba a explicar David Vegara en el Parlamento. Así lo hizo y se retiró al mediodía a preparar su toma de posesión.

El primer reto de Caamaño consiste en sacar adelante las 14 reformas procesales previstas en el proyecto de ley de oficina judicial. Con ellas se pretende ordenar y agilizar los trámites y combatir la lentitud judicial. Pero los acuerdos no van a ser fáciles porque los jueces se muestran recelosos de que los señalamientos y la agenda judicial queden en manos de los secretarios. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, no duda en afirmar que “los señalamientos han de quedar en manos de los jueces” y en denunciar que “hay una finalidad oculta, imponer la productividad, en este apartado del proyecto”.

Se trata sólo de uno de los aspectos conflictivos del proyecto. Pero hay más: los secretarios judiciales se ven amenazados como administradores de la fe judicial y se resisten a que su presencia en las vistas sea sustituida por cámaras de audio y vídeo. En todo caso, la productividad de los jueces requerirá la reforma del sistema de módulos implantado por el Consejo del Poder Judicial hace diez años y entre cuyos fallos sustancia el ex consejero y actual diputado del PNV, Emilio Olabarría, el hecho de que se otorguen cinco puntos por imposición de sentencias y sólo uno por las ejecutorias. Sentenciar y hacer cumplir las sentencias son las facultades esenciales de los jueces, pero hasta ahora se han medido de distinta manera.

Caamaño quiere que la ley de la Oficina Judicial, cuyo plazo de enmiendas en el Congreso termina esta semana, quede aprobada en junio y entre en vigor el 1 de enero de 2010, pero sabe que aunque es parte de la solución para modernizar el aparato judicial y reducir los más de cinco millones de trámites pendientes, no es la solución definitiva.

Los 4.400 jueces son manifiestamente insuficientes. Los 1.619 millones de euros de presupuesto anual deberían duplicarse en los próximos cinco años y la ley de planta para asignar los recursos a las necesidades tendría que experimentar una reforma sustancial. Nada de eso es fácil porque la formación de jueces lleva tiempo y las reformas legales son lentas.

Sin embargo, la homologación y conexión de los sistemas informáticos de las distintas jurisdicciones y tribunales y de éstos con la fiscalía resultará más fácil. ¿Cómo es posible que Hacienda y la Seguridad Social funcionen con un sistema integrado en todo el Estado y la Administración de Justicia no? La respuesta, según las asociaciones judiciales que fueron a huelga el 18 de febrero, es que la justicia no da votos y otras inversiones sí. El único diagnóstico compartido por todas las asociaciones de jueces y los grupos parlamentarios es que el servicio público de la justicia ha sufrido 30 años de abandono.

  • ¡Compartelo!
  • twitter
  • delicious
  • facebook
  • compartir por mail

Comentarios recientes

No hay comentarios

Añade tus comentarios
  • Los campos marcados con "*" son obligatorios

Publicidad

VÍDEOS NACIONAL, INTERNACIONAL Y ECONOMÍA - SECCIONES

Publicidad