Montoro despliega la amnistía catastral

La ortofotografía es el arma más poderosa del Ministerio de Hacienda para detectar los fraudes en las declaraciones catastrales. Con ortofotos –fotografías aéreas– , y a falta de medios humanos suficientes para realizar inspecciones eficaces, el catastro hace batidas por las zonas sospechosas de haber sufrido alteraciones en sus inmuebles. Buscan la típica caseta de campo que acaba convertida en residencia, las ampliaciones no declaradas de viviendas unifamiliares, ese ático que se aprovecha para ganar una habitación más a la casa... pequeñas obras domésticas que alteran la naturaleza o tamaño de un espacio o inmueble y que nunca se declararon al catastro. Toda esa casuística ha llevado al Gobierno a pensar que “existe una realidad inmobiliaria no declarada” en el país –dicen fuentes de la Agencia Tributaria–, que tiene como característica más preocupante el no ser objeto de tributación y que, por tanto, debilita la recaudación por IBI o IRPF.

Detectar toda esa realidad inmobiliaria paralela es prácticamente imposible incluso con las ortofotos, pues, pese a las evidencias que aportan, han tropezado en los tribunales con algún que otro obstáculo legal por posible invasión de la intimidad. Consciente de ello, el equipo de Cristóbal Montoro ha decidido estimular la regularización aplicando una suerte de amnistía catastral que permitirá a los propietarios de inmuebles modificados a espaldas de los registros dar de alta sus modificaciones a través del simple pago de una tasa de 60 euros.

El beneficio inmediato para los contribuyentes es evidente: de ser cazados en una de las esporádicas comprobaciones que realiza el catastro, la multa consiguiente podría alcanzar los 6.000 euros.El proceso de regularización estará abierto entre 2013 y 2016, trienio en el que el catastro prevé realizar una comprobación masiva de todos los inmuebles con referencia catastral. Hacienda aclara que solo permitirá la legalización de las alteraciones o cambios de uso de inmuebles que ya figuran en el catastro. En ningún caso permitirá la legalización de las viviendas construidas sobre espacios no autorizados para ello o fuera de las normas urbanísticas vigentes.

Hacienda no sabe cuántos inmuebles podrían acogerse a esta regularización, aunque fuentes del sector inmobiliario apuestan por que son cientos de miles.