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Por la boca muere el pez

Fecha: 15/09/2008 0:00 Federico Utrera ico favoritos Añadir a favoritos

Los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado sobre muchos asuntos de actualidad política y social. Estas son algunas de sus controvertidas ideas.

Entre los consejeros propuestos por el PSOE, la fiscal Almudena Lastra defendió públicamente la igualdad legal de las parejas gais en unas jornadas de la Federación de Lesbianas, Transexuales y Bisexuales. Su extrema discreción contrasta con la notoriedad de José Manuel Gómez Benítez, abogado y catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III. El banquero Rafael Pérez Escolar le llamó para acusar a Emilio Botín, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui por recibir los dos últimos una “indemnización” del primero al dejar el BSCH. Su valoración en el juicio fue clarísima: “Siempre que falten 150 millones de euros de la caja de una sociedad sin que haya contraprestación, hay un perjuicio para la entidad”. Gómez Benítez se ha dedicado también a causas internacionales: firmó con Baltasar Garzón un artículo en la prensa de Nicaragua denunciando la “matanza de presos talibanes en Mazar-i-Sharif”, los “asesinatos selectivos de dirigentes palestinos”, o la “política de tierra quemada de las autoridades rusas en Chechenia”, y este verano ejerció como abogado del caso Tíbet pidiendo procesar a cinco dirigentes chinos.

Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Justicia, ha alimentado la imagen de un CGPJ “político”. Fue número 1 de su promoción y la jueza más joven de España. Por eso ha jugado fuerte: “Me tocó comer platos indigestos en Interior”, dijo al recordar el desmantelamiento de los GAL, o los casos Lasa y Zabala y Roldán. Al tiempo, se muestra favorable a dialogar con ETA si deja las armas y a abolir la Ley de Partidos contra HB.

La fiscal valenciana Gabriela Bravo también ha mantenido enfrentamientos presupuestarios con el que será su compañero en el CGPJ: el conseller de Justicia del PP, Fernando de Rosa. Defensora del aborto y la eutanasia, defendió a su colega Olga Sánchez en el caso 11-M: “Hemos asistido a una política de conspiración y ataque al sistema. Los ataques personales han sido desproporcionados. Ha sido la política de conspiración del PP tras verse relevado de un poder que creía le pertenecía”.

Carles Cruz, juez de Girona, también ha estado presente en los dos casos más famosos de su localidad: la tragedia del lago Banyoles (21 jubilados franceses muertos) y el secuestro de la farmacéutica de Olot. En Cataluña se ha hecho célebre por idear un documento jurídico para padres subsaharianos donde se comprometen a no practicar la ablación a sus hijas. También la jueza granadina Inmaculada Montalbán ha hecho de la violencia de género su cruzada y la extiende a la prostitución, que considera “contraria a la dignidad humana”. En lo político, defiende que las autonomías propongan magistrados para el Tribunal Constitucional o el CGPJ.

Al magistrado sevillano Miguel Carmona no le gusta la idea norteamericana del “eje del mal” tras el 11-S porque convierte el antiterrorismo “en una fórmula mágica que justifica todo tipo de retrocesos en los derechos humanos”. El también andaluz Manuel Torres Vela no compartió el anatema del divorcio que hizo la Conferencia Episcopal cuando apeló a la “objeción de conciencia” de abogados y jueces para no tramitarlo. Pero cuando la jueza María Poza impugnó la desigualdad legal de hombres y mujeres en la ley de violencia de género supo nadar entre dos aguas: “La ley es constitucional aunque es lógico que quienes aplican la norma tengan reservas”. Sólo una mancha en el expediente de Torres Vela: el Poder Judicial le investigó en el caso Malaya por alojarse gratis en el hotel Guadalpín, de Marbella, lo que aceptó por “razones familiares”.

Por último, Félix Azón sólo ha adquirido notoriedad pública por una sentencia en la que explicaba que no se puede reclamar la aplicación del ordenamiento jurídico que implantaron “quienes se alzaron contra la legalidad vigente” en 1936. Lo curioso es que apelaban a ello 170 trabajadores de la empresa Comsa para obtener un comedor. Azón ha pedido además que se reforme la formación de jueces y frenar el “perfil conservador y elitista de la mayor parte de los aspirantes que optan al ingreso”.

En las filas de los propuestos por el PP el compromiso ideológico no es menor. El conseller valenciano Fernando de Rosa también es magistrado pero antes estuvo en la AP de Fraga: “Desde que decidí apoyar al PP, pedí la excedencia. Cuando lo deje, volveré a ponerme la toga y no tendré manifestación política”. Se considera “amigo” del presidente Camps y ha llegado a calificar de “extrema locura del Gobierno” la aprobación de la Ley de Igualdad.

Más opaco ha sido Claro José Fernández Carnicero, letrado del Senado, dedicado a la teoría con trabajos sobre “libre competencia”, “liberalismo y libertad religiosa” o “grandezas y títulos nobiliarios”. Bajo la presidencia del infante don Carlos de Borbón, ha sido asesor de la Asociación Española de Fundaciones. Fue subsecretario con Aznar y alumbró con el protagonista del caso Gescartera, Enrique Giménez Reina, la Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros.

Antonio Dorado, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, es un defensor del corporativismo puro y duro. Contrario a la dependencia autonómica de este cuerpo, sus bestias negras son los ministros de Justicia socialistas, a los que acusa de “desgobierno”.

El juez Pío Aguirre no se esperaba hace un mes su elección, cuando declaró al diario Jaén que la justicia no está politizada: “Otra cosa es que esté politizada a nivel del máximo órgano de Gobierno, que puede ser el Consejo General del Poder Judicial”.

El pontevedrés Manuel Almenar es poco hablador y sólo estuvo en el ojo del huracán cuando absolvió al ex alcalde del PP en Pontevedra, José Rivas Fontán, de un delito de cohecho, aunque consideraba probado que durante su mandato se cometieron irregularidades urbanísticas “incuestionables” que no le eran imputables como delito. El fiscal le acusaba de favorecer a empresas constructoras y de aceptar como regalo que equipasen la cocina de su vivienda.

A Concepción Espejel se la conoce por su celo en la investigación del incendio de Guadalajara que mató a 11 personas y donde buscó la responsabilidad política de la ya ex consejera socialista Rosario Arévalo. Sin embargo, se difundió menos su sentencia contra uno de los seis ultras que irrumpieron a palos en las fiestas de Yunquera de Henares (Guadalajara), entre ellos Israel Galve, jefe provincial de Falange Española que pasó sólo ocho meses en prisión tras apuñalar a un joven comunista en el bar Chinaski. Aunque el fiscal lo consideró “intento de homicidio”, Espejel dijo que no había intención de matar ni transfondo político: “No sólo carecemos de la necesaria precisión en los datos sino que los implicados han negado su pertenencia a organización política o similar de cualquier clase, lo que desvincula lo acontecido del aspecto ideológico...”. Existe una foto del implicado dando una rueda de prensa con la camisa azul.

Algo parecido le ocurre a Gemma Gallego. Se la conoce como la juez del “caso del ácido bórico” que relacionaba a ETA con el 11-M. Este mismo verano investigaba la compra de Aerolíneas Argentinas por los dueños de Viajes Marsans. Gallego intentaba esclarecer si los 758 millones de dólares transferidos por la SEPI fueron en verdad empleados en sanear la compañía.

Aunque Miguel Collado ha declarado que “los ciudadanos deben saber que somos jueces y no políticos”, lo cierto es que este magistrado catalán y charnego indujo a esa confusión. Cuando en 2002 Jordi Pujol presumió de que Paloma Martínez, la número uno de su promoción, no podía ejercer por desconocer el catalán, Collado afirmó: “Hasta ahora, nunca nos ha constado que la aplicación de este sistema haya frustrado los objetivos de una persona y dudo mucho que Pujol, un hombre de gran inteligencia y experiencia política, quisiera desacreditar a la Justicia”. También ha sufrido esa confusión Antonio Montserrat. Como instructor del caso caballistas sentó en el banquillo a 14 alcaldes y concejales del PP en Baleares que disfrazaron irregularidades urbanísticas a través de una sociedad hípica. Sin embargo, su archivo del caso Formentera fue invalidado por el Tribunal Superior. Afectaba, entre otros, a Jaume Matas y Rosa Estarás.

Entre los nacionalistas no hay dudas: sus elegidos son expertos juristas pero también políticos profesionales. La peneuvista Margarita Uría ya fue vetada por Aznar en 2001. Ahora Rajoy le ha levantado el veto a esta ex diputada que lee el Gara, acude a homenajes de víctimas del terrorismo y ha visitado a presos de ETA. También el convergente Ramón Camp, al que tanto Alberto Fernández como Daniel Sirera le reprocharon duramente su hostilidad al PP, será votado por orden de Génova, 13.

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