Techo de gasto: solo tres autonomías cumplen

TODAS LAS comunidades autónomas se comprometieron a introducir techos de gasto en sus presupuestos, en línea con la reforma de la Constitución, pero seis meses después solo tres de ellas cumplen lo prometido: Galicia, La Rioja y Navarra.

Consciente de que los mercados perciben a las comunidades autónomas como una de las amenazas más serias para la solvencia financiera de España, el nuevo ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha apresurado a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (el principal órgano de relación económica del Estado con las autonomías) para enviar a los inversores una señal clara de que una nueva era de rigor y control estatal se ha abierto. Los mensajes de Hacienda tras la reunión de la semana pasada no dejaban lugar a la duda: el Gobierno desarrollará la reforma constitucional de agosto para obligar a las comunidades a tener un techo de gasto y, si no lo respetan, intervendrá sus cuentas para garantizar que cumplen sus objetivos de consolidación fiscal.

Pero la contundencia del discurso gubernamental choca con la tozuda realidad. En 2012, las comunidades están obligadas a reducir sus desequilibrios presupuestarios hasta un máximo del 1,3 por ciento del PIB para no incumplir de nuevo lo acordado con Bruselas, pero solo Galicia, La Rioja y Navarra, han ajustado sus presupuestos de este año a un techo de gasto como el que exige Montoro. Navarra tiene régimen foral y no estaba obligada por el acuerdo del Consejo. El resto (a excepción de Cataluña, que no aprobará sus cuentas de 2012 hasta, al menos, el pleno del Parlament del 15 de febrero) ha aprobado sus presupuestos sin meter ninguna figura de esta naturaleza en su ordenamiento jurídico.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de la etapa socialista, en julio de 2011, las comunidades prometieron presentar antes del fin de año en los respectivos parlamentos regionales un proyecto de ley que limitara el gasto presupuestario, pero ese compromiso ha sido incumplido casi sistemáticamente. Castilla y León, Aragón y Cataluña han respetado su compromiso de regular una figura que limite la evolución del gasto presupuestario, pero en Castilla y León y Aragón los tiempos de la tramitación parlamentaria del proyecto no han permitido su aplicación a los presupuestos de 2012, mientras que en Cataluña el techo de gasto no será plenamente operativo… hasta 2018. Las otras comunidades se han limitado a introducir en sus presupuestos disposiciones especiales de control del gasto o cláusulas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios, pero sin comprometerse con una cifra concreta de gasto.

La virtualidad que se le reconoce al techo de gasto es que supone un compromiso de gasto máximo, de forma que si las circunstancias económicas son particularmente negativas no hay por qué alcanzarlo, pudiéndose ajustar a la baja, y si son muy positivas no se puede superar, generando un ahorro al que poder recurrir cuando los ingresos mengüen.