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Las unidades de atención sacan del silencio 794 casos en los últimos siete años: desde agresiones sexuales a violencia de género y trata de personas

50.888 discapacitados intelectuales sufrirán abusos

Fecha: 30/12/2017 • Alba Guerrero ico favoritos Añadir a favoritos

El 80 por ciento de los 63.610 discapacitados intelectuales que viven en España sufrirán una agresión a lo largo de su vida, la mayor parte de las veces sexual. Las unidades de atención a este tipo de víctimas han conseguido sacar del silencio 794 casos en los últimos siete años; abusos sexuales de familiares, palizas, engaños… que a duras penas encuentran justicia. “A algunos no les creen al ir a denunciar”, se queja un psicólogo. Solo el tres por ciento de los casos serán denunciados. | Sigue leyendo.  | Sigue leyendo.

Cuando intentábamos besarla, nos rechazaba. Ni siquiera se dejaba tocar”, cuentan los padres de una chica discapacitada de 24 años, que padece síndrome de Down y vive en Madrid. La familia ya lleva cuatro años soportando una tragedia que comenzó cuando la chica se mostraba muy rara. “Notábamos un comportamiento extraño, estaba muy nerviosa y agitada constantemente”, cuentan los padres, ambos castellanomanchegos, él trabajador del sector servicios y ella ama de casa, que dan su testimonio con el ruego de que no se revele su identidad.

En 2013, cuando consultaron a los profesores de un centro educativo privado al que acude su hija, estos lo tuvieron claro: podría estar siendo víctima de un abuso sexual, y debían contactar con especialistas. Así conocieron la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la fundación A la Par, dedicada a la atención de discapacitados intelectuales y pionera en España en la defensa contra un tipo de violencia oculta, pero frecuente, cuya verdadera dimensión nunca llega a conocerse.

En la fundación les pusieron en contacto con un abogado, un psicoterapeuta y un facilitador, “la persona dedicada a pelear para que el discapacitado acceda a la justicia en condiciones de igualdad, entendiendo todo lo que ocurre y le preguntan”, apunta Alberto Alemany, director de la UAVDI.  

La primera medida que tomaron antes de embarcarse en pleitos fue “dejar de llevar a la chica al pueblo de origen de los padres, porque allí estaba su agresor”, recuerda su padre. Hoy, a pesar de que ya tiene sentencia condenatoria, sigue siendo un caso no resuelto del todo para los padres. Al denunciarlo ante la Guardia Civil, empezó una “causa complicada” porque el juez no aceptaba la prueba preconstituida, “una grabación en vídeo de la declaración para conseguir que la víctima cuente su historia una sola vez y evitar así el trauma de revivir lo ocurrido”, explica Alemany.

Juan Manuel Fernández, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro de Justicia y Discapacidad, admite que “hace tiempo había más controversia, porque la esencia de un caso era el juicio oral. Ahora, utilizar la prueba preconstituida es una práctica normalizada”

Juan Manuel Fernández inició su carrera en un juzgado de instrucción de Pamplona, pero nunca antes de presidir el foro había tenido contacto con esta alarmante realidad. “La discapacidad puede dar lugar a delitos de odio, por eso tiene que tener una potección jurídica especial”, explica el juez.

La familia y el equipo que atendía a la chica madrileña tuvo que lidiar con el magistrado que les tocó. Sólo después de mucha insistencia acabó aceptando la grabación: “Al principio los jueces tenían recelo de nuestra labor, pero cada vez nos piden más colaboración”, dice Berenguer, psicólogo de la unidad. Pero esta no fue la única dificultad que encontraron: “La exploración forense podría haber sido mejor”, dice el padre. La madre recuerda: “Fuimos de urgencia al hospital. En la consulta se puso fatal y apenas dejaba que la tocaran. No sabía qué estaba ocurriendo”. Por eso, esta familia reclama que los protocolos forenses se adapten a los discapacitados. La víctima se ve trasladada a un centro médico, desnuda ante una persona que no conoce, que lleva una extraña bata blanca, y que, de repente, la toca. “Es un proceso que no veo bien para una niña con un problema así”

La madre de esta víctima ha necesitado tratamiento psicológico. “A pesar de tantas campañas y publicidad, los discapacitados están abandonados en este país”, se queja. Cuando el juez comenzó a investigar, la chica reconoció a su agresor “mediante fotos. Había que evitar una rueda de reconocimiento porque iba a ser dura”, relata Berenguer. Este año su agresor ha sido condenado a veinte meses de cárcel y a pagar 2.500 euros, pero los padres no lo creen castigo suficiente: “La orden de alejamiento a 300 metros que decretó el juez acaba el próximo agosto. A partir de ahí, ¿qué?”. 

Demasiadas víctimas

Esta chica es una de las 649 víctimas que han atendido en la Fundación A la Par desde 2010. A falta de unos días para finalizar 2017, tenían 127 casos abiertos. “De los discapacitados se abusa, y eso es tabú porque asumir que ocurre es aceptar que como sociedad somos lo peor”, sentencia Berenguer. 

No son las únicas cifras escalofriantes. Los responsables de unidades de víctimas de diversas fundaciones coinciden en que el 80 por ciento de los discapacitados sufrirán un abuso a lo largo de su vida. “Hay varios estudios que lo apuntan”, explica Alberto Alemany, y lo corroboran colegas suyos de La Rioja y Aragón. A pesar de esa previsión, “solo se revela un tres por ciento de los sucesos, porque las víctimas no saben que es un delito, piensan que no les van a creer, o porque les da vergüenza contarlo”. Y no es el único motivo, porque Jorge López, otro de los psicólogos de la fundación, se ha encontrado con otra dificultad al intentar ayudar: “Hay víctimas a las que no han creído cuando han ido a denunciar”

En una de las salas de la sede madrileña de A la Par, de desnudas paredes blancas y con una mesa y varias sillas como único mobiliario, una joven disminuida espera a Berenguer para recibir su tratamiento. “Me voy corriendo, que tengo terapia”, anuncia. Los días en la unidad pasan entre la atención a los pacientes que acuden allí para recibir terapia y las salidas para atender a las víctimas en entornos que les sean familiares. “Aunque tampoco es bueno trabajar en sus casas –explica Alemany–. Revivir allí lo que les sucedió puede hacer que relacionen su vivienda con algo negativo”.

Entre 2013 y 2014, los profesionales de la Asociación Plena Inclusión, de La Rioja, se formaron como facilitadores para hacer despegar una unidad de atención a víctimas. En dos años ya han atendido a 81 personas. “Aquí también damos apoyo a agresores y testigos –explica Soraya Arnedo, miembro del equipo–. Se trata de garantizar que cualquier discapacitado afronte un proceso judicial en condiciones de igualdad”. En este año han atendido a 32 víctimas; siete consiguieron llegar a los tribunales por casos de abusos sexuales y palizas.

En La Rioja también detectan que los casos van en aumento: “Hay más sensibilización y campañas para detectar casos. Por eso se denuncia más”, explica Soraya Arnedo, que recuerda que “hace años, en los juzgados ponían más problemas para aceptar la prueba preconstituida. En 2017 se han aceptado las dos primeras en esta comunidad”

Un caso parecido llevó a una mujer madrileña –que habla con interviú a cambio de no desvelar su identidad– a visitar la UAVDI de A la Par. Cuenta que su hija, de 30 años, que padece una discapacidad moderada, “se escondía mucho, se encerraba en el baño y estaba a la defensiva por todo”. Su madre se pasó meses en 2015 intentando averiguar qué le pasaba. “Le hacía todo tipo de preguntas, pero ella me contestaba: ‘Es que si te lo cuento te enfadarás’” , relata. Finalmente la víctima habló: un hombre al que había conocido en la calle había mantenido sexo con ella. No hubo forma de sacarle más detalles. Fueron otro tipo de evidencias las que llevaron este año a que el hombre fuera condenado a diez años de cárcel por agresión sexual. “Ella se sentía culpable por lo que había hecho”, cuenta su madre. A partir de su denuncia en comisaría, comenzó la investigación con la ayuda de Isabel Cartagena, facilitadora de A la Par. “Muchas pruebas estaban en el móvil de mi hija. Había mensajes con los que él la embaucaba: le decía: ‘Te quiero, mi amor’”, recuerda su madre. 

No saber qué ocurre, o no expresarse correctamente provoca que muchos abusos queden impunes: según los especialistas de A la Par, un 36 por ciento de los casos denunciados se archivan; y entre los sobreseídos, la mayoría no han contado con un facilitador: “No queremos que se cierre un caso porque la víctima no se sabe explicar”, dice Isabel Cartagena. Por ejemplo, para identificar cuándo ocurrió un hecho lo mejor es escoger una fecha especial para la víctima que le sirva como referencia.

La víctima madrileña de 30 años relató ante una cámara lo que le habían hecho, y así evitó ir al juicio. Sí lo hizo su madre. Hoy tiene el alivio de no ponerle cara a quien hizo daño a su hija; en su declaración en el juzgado pidió un biombo para evitar ver al agresor. En este caso no hubo ninguna exploración forense, porque “cuando nos lo contó había pasado bastante tiempo”, explica.

Ocho años de abuso

José Ramón Juárez es psicólogo forense en los juzgados de Girona con 25 años de experiencia, y miembro de la APF (Asociación de Psicólogos Forenses) de la administración de justicia de Cataluña. Destaca un caso reciente: “Era una mujer de 30 años con discapacidad leve de la que un tío suyo había abusado sexualmente desde los ocho. En situaciones crónicas puede ser más difícil que la persona con discapacidad pueda concretar exactamente cuándo pasó”. José Ramón intentó dar con uno de sus recuerdos más nítidos: “Ocurrió en una piscina cuando tenía 12 años. Coincidía con un cambio de domicilio y por eso el recuerdo era más fácil de identificar”. Pero lo más importante, junto a la entrevista forense, es “tener en cuenta los datos que nos dan tutores y profesores con los que trabajan a diario”, y añade: “En algunos casos las secuelas psicológicas pueden ser menos evidentes en las personas con discapacidad, es importante tenerlo en cuenta para descubrir el daño que pueda existir”.

En Aragón, 14.400 personas tienen discapacidad intelectual según datos de la asociación Atades, que desarrolló la segunda unidad especializada de España. Desde que empezaron, hace tres años, ya han atendido a 61 discapacitados. Al igual que en La Rioja, los psicólogos de Atades cuentan con procedimientos propios. “Tenemos plazas de emergencia para que la víctima salga de su entorno urgentemente si está en peligro”, explica Victoria Ledesma, coordinadora de la unidad. 

Los psicólogos de las tres unidades dicen que los discapacitados intelectuales “son un colectivo vulnerable porque no saben que el abuso que sufren está mal”. Y advierten:  “Los casos irán en aumento, porque cada vez se están denunciando más.” 

En la sede madrileña de A la Par, preside la estancia principal una pizarra repleta de frases con humor para hacer más llevaderos los casos tan duros que tienen que tratar. Son los únicos que recogen datos sobre denuncias por abusos a discapacitados. “No tenemos un registro que recoja solo los procesos judiciales en los que las víctimas son discapacitadas”, dicen desde el Consejo General del Poder Judicial.  | Sigue leyendo.

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