Abusar del más pobre

Los ensayos clínicos con nuevos medicamentos facilitan que los remedios lleguen cuanto antes al mercado, con un bajo coste, además, para los laboratorios farmacéuticos. Siempre y cuando se hagan en países pobres, o en vías de desarrollo. Allí, los enfermos, esperanzados en hallar una curación, se ofrecen por nada, apenas a cambio de medicamentos gratuitos, que son justo esos que precisan de una ratificación clínica mediante experimentos.

Un estado de cosas a propósito del cual apenas se ofrece información, pues el mayor secretismo preside todas estas actuaciones clínicas. Significativo resulta, a este respecto, lo que sucede en Rusia. Los hospitales de la Federación son pasto idóneo para las prácticas clínicas a menudo arriesgadas, al carecer los pacientes de los derechos mínimos y verse arrojados a una suerte de atención “caritativa”.

Una situación en la que hace ya tiempo, casi desde la caída del Muro de Berlín, se fijaron las empresas farmacéuticas occidentales, que vieron el campo ruso abonado para sus prácticas no siempre inocuas.

El caso de San Petersburgo es paradigmático. Su hospital clínico universitario, que lleva el pomposo nombre de Instituto para las Investigaciones Clínicas de Urgencia, es desde hace años el lugar donde mayores y más dudosos experimentos se han hecho, muchos de ellos, como lo denuncia el cardiólogo Víctor Kostenko, “realmente peligrosos”. Aquí, únicamente los médicos se han beneficiado, “lo que hace muy difícil denunciar el estatus de cosas, pues los sueldos son realmente bajos y las multinacionales del medicamento pagan muy bien”. A los enfermos, sin embargo, no se les da absolutamente nada, ni se les hace un seguro, ni cosa que se le parezca. La mayor parte acepta, aunque no se les presente documento alguno a la firma, con la esperanza de que esos medicamentos que les van a suministrar gratis sirvan para curarles. Según Kostenko, en el Hospital Clínico de San Petersburgo “la vida de los pacientes vale muy poco”. Y añade: “Aquí se han probado drogas de todo tipo: antitumorales, contra el colesterol, para las enfermedades cardiacas… Bien, pues muchas de ellas ni siquiera se han comercializado finalmente, a causa de su nula efectividad y del gran peligro que comportaban para los enfermos. Otras han sido retiradas del mercado, en los países occidentales, poco después de ser puestas a la venta… A pesar de todo, aquí, algunos médicos seguían dando a los enfermos dichos medicamentos. Tenían que continuar ofreciendo salida a esos productos, pues ellos cobraban sus buenas comisiones por hacerlo”.

Según Vladimir Filoy, del Instituto Oncológico de San Petersburgo, el problema radica en la dejación de las autoridades. “La corrupción –dice– infesta todos los estamentos de la vida pública, y los hospitales no podían ser ajenos a ello. Todos los intentos que hemos hecho algunos médicos, en aras de la creación de comités de ética, se han ido al traste, entre otras cosas por la falta de apoyo de las autoridades, precisamente, por no hablar del cinismo interesado de muchos colegas”.

Para los enfermos, sin embargo, el asunto es diferente. Nina Rybakova, paciente con cáncer de hígado, confía plenamente en el tratamiento al que está siendo sometida, incardinado en un ensayo clínico de un remedio antitumoral del que ni siquiera el doctor Filoy sabe algo. La paciente, sin embargo, dice que, tras dos operaciones y habiendo sido desahuciada, ha visto renacer sus esperanzas de curarse. “¿Qué tengo que perder, después de todo?”, apostilla Nina.

Obligadas a prostituirse, maltratadas y carentes de atención, las pacientes del hospital psiquiátrico más grande de Argentina, el Braulio Moyano, vivían desde hace 22 años atrapadas en un verdadero infierno. Era tal la trama de corrupción que las multinacionales farmacéuticas utilizaban a las pacientes en sus experimentos, a menudo peligrosos, con nuevas drogas.

La corrupción había gangrenado todos los estamentos del Hospital Braulio Moyano, el mayor centro público de asistencia psiquiátrica y neurológica de la República Argentina. Así, los directivos amasaban auténticas fortunas permitiendo a las multinacionales del medicamento el uso de nuevas drogas con las pacientes, sin que las asiladas dieran su consentimiento y sin que les fuera pedida autorización a sus familiares… Además, enfermeros, conductores de ambulancias, porteros y otros asistentes de la institución hospitalaria traían de la calle a hombres que pagaban entre cinco y diez pesos por mantener relaciones sexuales con las internas. Nunca les faltaba clientela.

El hobre de los ‘trabajos sucios’

Todo eso ocurrió durante 22 años, mientras el hospital estuvo bajo la dirección de Néstor Marchant, un hombre que se jactaba en público de haber hecho “trabajitos sucios” para la dictadura militar. A lo largo de todo ese tiempo, se trató en varias ocasiones de echar a Marchant del cargo, pero tenía tal apoyo entre los trabajadores del hospital que siempre salió victorioso. La última vez que se intentó su relevo fue en 1991, con el resultado de que la entonces interventora del hospital, Olga Rudy, padeció un boicot por parte de los empleados del centro, que se negaban a recibir mercaderías. Como consecuencia de ello fallecieron de inanición 32 pacientes. Marchant fue repuesto en su cargo con todos los honores.

Su buena estrella, sin embargo, comenzó a palidecer el pasado 20 de diciembre, cuando un programa de televisión desveló a la opinión pública la trama de abusos sexuales y negocios turbios que se sucedían en el hospital, entre los que se incluía la experimentación con drogas en ensayos clínicos de los que las autoridades sanitarias de la República no tenían noticia. Dos días después de la emisión del programa, Donato Spaccavento, secretario de Salud de la ciudad de Buenos Aires, cesó temporalmente a Marchant en su cargo. Según Spaccavento, era un socio de Marchant el que recibía los pagos de los laboratorios Pfizer por experimentar con las pacientes del centro. “Ganaban cientos de miles de dólares al año a costa de la salud de estas mujeres”, concluyó Spaccavento.

Los responsables de Pfizer, sin embargo, niegan haber estado al tanto de lo que sucedía. Los protocolos de actuación, firmados en Helsinki, exigen que para experimentar en pacientes con problemas mentales se debe recibir la autorización de un juez. Pero en el caso argentino en ningún momento fue solicitada dicha autorización ni, como ya se ha señalado, la de las pacientes, ni la de sus familiares. Era Marchant quien aprobaba los ensayos clínicos, sin otras consideraciones.

Una vez destapado el asunto, gracias a la investigación periodística, se sucedieron las denuncias: por violación, por maltrato, por intoxicación medicamentosa… Pero, al menos, la presión ciudadana, ya conocidos los hechos, ha llevado a intervenir a las autoridades. Y las autoridades han dicho que no se volverá a consentir algo semejante en ningún centro hospitalario del país.