Amor de madre (pre-adoptivo)

Tras una infancia llena de cambios de domicilio y de tutores, Piedad, que pronto cumplirá nueve años, ha permanecido los dos últimos en un centro de acogida. Hace cuatro años, tuvo que dejar su casa en La Orotava (Tenerife), donde vivía con una familia preadoptiva. Desde entonces ha pasado por una casa de acogida, estuvo con su madre biológica durante casi un año y, por último, fue devuelta a un centro de menores. 

La niña había pasado sus tres primeros años en diferentes casas de acogida, tras haber sido declarada en desamparo y apartada de su madre cuando solo tenía siete meses, ya que vivían en la calle. En 2005, la familia de Soledad Perera acogió a la pequeña en régimen preadoptivo. Dos años después, su madre biológica solicitó poder visitarla, pero la Justicia canaria decidió ir más allá y le devolvió la custodia de la niña, en contra de las opiniones que rechazaban esta opción por perjudicar el interés de la menor. “No entiendo en absoluto la sentencia –dice la madre preadoptiva–; era una jueza biologista, muy dura y complicada. Ignoró por completo los argumentos contrarios de la Dirección General del Menor”. Según Perera, este organismo estuvo de su parte hasta el final del proceso. “Pero la Dirección General del Menor –añade– no se enfrenta a las decisiones judiciales, por lo que tras la sentencia de custodia me retiró su apoyo”. 

La relación entre la menor y su madre biológica duró cerca de un año, tras el cual la cría fue entregada por la mujer a una casa de acogida y declarada posteriormente en situación de desamparo por la Administración canaria. “La madre biológica llegó a decir en los medios que Piedad era un potrillo salvaje, que estaba mejor en el centro de acogida para que allí la enderezaran y la hicieran una mujer”, recuerdan José Luis Calvo, portavoz de la asociación Prodeni (Pro Derechos del Niño y de la Niña), y Soledad Perera. 

El caso ha desatado acusaciones de incompetencia e ineficacia contra la Justicia canaria. Prodeni está estudiando presentar varias querellas, una de ellas contra la jueza de caso, Elena Corral Losada. “A la jueza no le interesó la realidad ni si la madre biológica podía hacerse cargo de la niña”, opina Calvo. “Estamos luchando contra un sistema hermético e inflexible”, afirma Perera. Para continuar con esta batalla, Perera ha tenido que enfrentarse varias veces a la Justicia. La alegación de Perera para justificar la no entrega de la niña fue la existencia de numerosos informes en los que se advertía del grave daño psicológico que conllevaría un nuevo desarraigo en la menor. 

Silencio. Eso es lo que Perera recibe siempre cuando intenta comprender por qué no puede ponerse en contacto con la que fue su hija. Desde Prodeni declaran que “ese silencio de la Administración es un desprecio ilegal, el ciudadano tiene derecho a una respuesta que en este caso no dan”. 

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