Audiencia Nacional, la mejor cantera

Malos quizá, pero no tontos. Cada vez más acusados por narcotráfico y delitos de corrupción eligen como abogados a fiscales y jueces que dieron el salto al sector privado desde la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Estos jueces y fiscales especializados en blanqueo de dinero, tráfico de drogas, ingeniería financiera, ilegalidades urbanísticas, paraísos fiscales y bandas mafiosas saben que al marcharse de la Administración podrán triplicar su sueldo en poco tiempo. Los grandes bufetes de abogados también tienen poderosas razones para cazarlos: por un lado ganan prestigio y consiguen más clientes y además los nuevos fichajes se conocen a la perfección los entresijos de los juzgados donde un día trabajaron como funcionarios públicos.

La operación Gürtel, trama corrupta que salpica a alcaldes y otros cargos políticos del PP y que investiga el juez Baltasar Garzón, es el caso más llamativo. Al menos cuatro antiguos fiscales y dos ex jueces de la Audiencia Nacional defienden ahora a otros tantos imputados. El presunto cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa, tiene como abogado defensor a un antiguo compañero de Garzón, el que fue juez de la Sala de lo Penal José Antonio Choclán Montalvo. Choclán fue el ponente de la sentencia en el caso Banesto.

Otro de los que han vuelto a recorrer los pasillos y salas de espera de la Audiencia Nacional, pero esta vez no como fiscal, es Ignacio Peláez. Defiende al constructor José Luis Ulibarri, acusado de pagar comisiones millonarias en el Ayuntamiento de Boadilla (Madrid). Peláez llegó a la Fiscalía de la Audiencia en 1997. Fue uno de fiscales del caso Pinochet a las órdenes de Eduardo Fungairiño, etapa en la que se intentó bloquear todo el proceso contra el dictador chileno. En 2001, el Gobierno de Aznar lo nombró magistrado de enlace con Italia, hecho curioso, pues la Fiscalía de la Audiencia se oponía casi siempre a la extradición de mafiosos juzgados en rebeldía. Dos años después, solicitó la excedencia voluntaria y montó su propio bufete, para luego fichar por uno de los grandes despachos, Tax & Law. Como abogado, Peláez fue quien logró la puesta en libertad del narcotraficante colombiano Leónidas Vargas, asesinado en enero en el Hospital 12 de Octubre.

Enrique Molina, fiscal adscrito al Juzgado de Garzón hasta finales de 2007, es ahora el abogado de María del Carmen Rodríguez Quijano, mujer de Francisco Correa, el presunto cabecilla en el caso Gürtel. Amigo íntimo de Garzón –el magistrado fue padrino de uno de sus cinco hijos–, Molina se ha apresurado a decir que su amistad quedaba “suspendida” mientras el juez fuese instructor del caso Gürtel, y él, letrado de una imputada.

Según funcionarios de la Audiencia, antes de que el juez comunicase la imputación ya se vio al ex fiscal buscando clientes de la trama para su despacho. Siempre ha alardeado de su buena relación con Garzón e incluso alguien le oyó comentar en los pasillos de la Audiencia que a él también le habían invitado a la famosa cacería que le costó el puesto al ministro Fernández Bermejo.

Ricardo Galeote, ex concejal del PP en Estepona (Málaga) y hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote, es otro de los imputados que ha buscado abogado con probada experiencia en la Audiencia. Javier Gómez de Liaño, el que fue juez instructor y luego apartado de la carrera judicial tras una condena por prevaricación, se ha hecho cargo de su defensa. La mujer de Gómez de Liaño, Dolores Márquez de Prado, también ex fiscal en la Audiencia, representa a José Galeote, padre de Ricardo y ex concejal en Boadilla del Monte (Madrid).

El despacho de Gómez de Liaño también se hizo cargo hasta finales del pasado año de la defensa de Zakhar Kalashov, según la Audiencia Nacional el mayor vor v zakonen (ladrón de ley o mafioso) ruso detenido en España. Kalashov está en prisión desde verano de 2005 y ha gastado en su defensa legal –ha tenido tres abogados españoles además de varios rusos– un millón de euros, según fuentes de la investigación. Uno de los investigadores que luchan en España contra la mafia rusa explicó que “algunos piensan que es como su país. Llegan y dicen: dónde y a quién hay que pagar para salir en libertad; otros, simplemente eligen al abogado que puede tener más conexiones o contactos”. En el caso de Kalashov, uno de los miembros de su equipo legal trató de meterle un Rolex de oro valorado en 18.000 euros en la prisión. Más preocupante fue otra maniobra puesta en marcha por un abogado ruso y que consta en el sumario. En una conversación grabada, el ruso presume de que se va a entregar un “icono” al juez de la Audiencia Fernando Andreu, que debía decidir si el mafioso seguía en prisión. Fracasada la maniobra de acercamiento al juez, se intentó aprovechar sus vacaciones para que el sustituto concediera la libertad condicional. “Hubo que acelerar toda la maquinaria del Estado para evitarlo”, indican fuentes policiales.

Para acabar con el caso Gürtel, el alcalde de Arganda, Ginés López, del PP, tiene como abogado a Florentino Orti. Destinado a la Audiencia Nacional en 1990 como fiscal de delitos económicos, Orti firmó la querella contra Mario Conde y otra decena de altos cargos de Banesto, instruyó la red de falsificación de facturas del IVA, la cesión de créditos del Banco de Santander, el caso KIO o el caso PSV, entre otros. En 1996 fue fichado por Garrigues Abogados. El pasado año, la publicación internacional Best Lawyers le seleccionó como uno de los mejores abogados de España. Si para algo quería Garrigues a Florentino era para poder moverse como pez en el agua en la Audiencia Nacional. En la actualidad, lleva también la defensa de los directivos de Fórum Filatélico acusados de estafa en la Audiencia, su antigua casa; y se ha encargado de representar al empresario Juan Entrecanales en el sumario abierto por Garzón para desenmarañar las cuentas opacas del BBVA.

Lo que ahora se empieza a ver con preocupación es la fuga de fiscales en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Su experiencia e influencia son muy apetitosas para los grandes bufetes. Y a los fiscales parece que no les cuesta mucho olvidar su vocación de servicio público si es a cambio de retribuciones imposibles en la Administración. Un fiscal de la Audiencia o de Anticorrupción cobra como máximo 80.000 euros brutos al año. Ahora, con un sueldo que puede rebasar los 300.000 euros, defienden a la otra parte, a aquellos que antes se sentaban frente a ellos en el banquillo.

Si algo buscan los despachos de más prestigio es convertirse en grupos de presión, lobbies que puedan influir a favor de sus clientes por tener en su poder la agenda y experiencia de ex jueces y fiscales, “pero no la de cualquier juez o fiscal. Sólo captan a los de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Si no tienes escrúpulos, estas sedes judiciales son un trampolín para enriquecerse”, dice un experto policía de la lucha contra el crimen organizado.

Hay 18 fiscales en la Audiencia Nacional y 25 en la Fiscalía Anticorrupción. Estos fiscales especializados están actuando en casi 200 causas. Entre los más mediáticos, los casos Liechtenstein, Gescartera, Afinsa, Fórum Filatélico, Intervida, Fabra y Gürtel. En los últimos años, al menos una decena de fiscales se ha pasado al otro lado.

“Cada uno es libre de irse al sector privado. Donde sí debería existir limitación es en los supuestos en donde el fiscal se va a un despacho privado a llevar asuntos que tienen relación con personas o hechos que conoció cuando era fiscal. Ha ocurrido ya. En la carrera fiscal no existe ninguna incompatibilidad pero sí una cuestión ética”, explica Emilio Sánchez Ulled, fiscal anticorrupción y presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

El caso de Carlos Saiz Díaz es cuanto menos curioso. Entre mayo de 1996 y el año 2005 ocupó como fiscal distintos puestos en la sección de delincuencia económica del Tribunal Superior de Madrid y de la Fiscalía Anticorrupción. En esta fiscalía se hizo cargo del proceso judicial en el que todavía hoy está imputado Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, por presuntos delitos contra la Administración y la Hacienda Pública. Fue el segundo fiscal del caso –ya van por el cuarto– y se hizo cargo en junio de 2004. Un año después, en agosto de 2005, pidió una excedencia voluntaria “por interés particular” y se marchó al bufete Gómez-Acebo & Pombo, con despachos en toda España, Bruselas y Londres.

Este bufete ha sido uno de los que han asesorado al Gobierno de Francisco Camps sobre Mundo Ilusión, un parque temático en Oropesa que se encuentra empantanado hace años y que es uno de los proyectos más anhelados por Carlos Fabra. El ex fiscal del caso y hoy uno de los abogados estrella del bufete siempre ha dicho que no conocía lo que era Mundo Ilusión y que tras salir de Anticorrupción nada ha tenido que ver con el caso Fabra. Este caso lleva cinco años instruyéndose. El trasiego por los juzgados de Nules de jueces que apenas duran unos meses –ya van ocho– y de fiscales, y las tácticas dilatorias lo han convertido en un caso sin salida.

“A muchos fiscales nos ha dado vergüenza que en este caso no haya quedado un solo fiscal. Cuando han pasado cuatro fiscales y ocho jueces algo huele mal. No puede ser todo casualidad. Durante décadas ningún fiscal de la zona de Levante se ha pasado a la actividad privada y justo en este proceso hay una estampida”, comentan en fuentes de la Fiscalía General.

Al fiscal Carlos Saiz le sustituyó Daniel Campos. En julio de 2005 fue nombrado fiscal anticorrupción y poco después se puso a trabajar en el caso Fabra. En febrero de 2006, pidió la excedencia también “por interés particular” y fue contratado por Cortés Abogados para defender a los hermanos Benjumea, consejeros de la compañía Abengoa, en el caso Xfera. La Fiscalía Anticorrupción, donde hasta ese momento trabajaba, había presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Abengoa por supuestas irregularidades en la compra de una operadora de telefonía móvil.

Idas y venidas

Según informaciones periodísticas, el entonces fiscal Campos llegó a tomar contacto con el sumario durante un viaje oficial a Colombia. El fiscal del caso Xfera le habría dejado leer a su compañero fiscal el escrito de acusación. Durante el juicio, a principios de 2007, Campos logró el archivo de la causa. La sorpresa fue total cuando se conoció que poco después Daniel Campos solicitaba su reingreso en la Fiscalía, petición aceptada por Justicia en marzo de 2008. No pudo entrar directamente en Anticorrupción porque había perdido la plaza.

Este caso de ida y vuelta no sentó muy bien entre los más de 2.000 fiscales que trabajan en España. “Las reglas del juego tendrían que estar claras para que cada uno elija dónde quiere estar, y para que tanto la ida como la vuelta tengan límites. El funcionario público no sólo tiene que ser imparcial, tiene que parecerlo. Reflexionemos, y si hay que hacer modificaciones legales, hagámoslas”, comenta Guillermo García-Panasco, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales.

“Un fiscal en excedencia no puede tocar ni de lejos asuntos relacionados con su anterior destino. Hay que establecer incompatibilidades: váyase a lo privado, pero de matrimonialista. ¿Dónde está la inspección de la Fiscalía General?”, se pregunta el fiscal jefe de una audiencia que prefiere el anonimato.

Sigamos con el caso Fabra. Tras la fuga de Campos, la Fiscalía Anticorrupción asignó a principios de 2006 un nuevo fiscal, Luis Pastor. Experto en delitos económicos, ocupó cargos de confianza en dos ministerios en la época de Aznar. En 1998, siendo fiscal de Móstoles (Madrid), fue nombrado asesor en la Agencia de Cooperación Internacional. Un año después se reincorporó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid. En 2002 le permitieron salirse otra vez de la carrera fiscal para pasar a trabajar de asesor de una dirección general en el Ministerio de Justicia. Allí estuvo hasta verano de 2003. La ida y vuelta culminó con su regreso a la fiscalía y su nombramiento como fiscal del caso Fabra.

“En el 96 comenzó la Fiscalía Anticorrupción y se ha notado. Hay una auténtica fuga, pero no todo es dinero, sobre todo para los que seguimos pensando que la vocación es algo importante en estos cargos. Yo soy fiscal anticorrupción y sigo creyendo en algo tan denostado como la vocación de servicio”, asegura Sánchez Ulled.

María Dolores Márquez de Prado, fiscal durante 28 años resume el panorama así: “Yo me fui de la fiscalía porque me lo pidió mi marido [el ex juez Gómez de Liaño], pero tengo claro que todo tiene que ver con la vocación. Me han hecho ofertas y siempre las rechacé. Si estás convencido de lo que haces, el dinero no es lo más importante”.