De perdidos, al río

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Suelo no urbanizable, junto a un humedal protegido y escaso de agua potable. Y además, parte de la zona puede sufrir inundaciones. No parece el escenario más apropiado para construir, pero el Ayuntamiento de Altea y la Generalitat Valenciana no piensan lo mismo. Más bien al contrario. En la zona, situada junto al cauce del río Algar, ambas instituciones han aprobado la construcción de una macrourbanización con 5.775 viviendas, varios hoteles y un campo de golf.

Y con todos los informes favorables. El agraciado urbanizador ha sido la empresa Altea Futura SL, una sociedad vinculada con el Grupo Ballester y que cuenta entre sus socios con el cantante Julio Iglesias. Su responsable, Andrés Ballester, es uno de los empresarios más vinculados con los líderes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y ocupa el cargo de presidente en el Consejo de Administración del parque temático Terra Mítica.

En total, la sociedad del grupo Ballester –cuyos portavoces han declinado hacer declaraciones a esta revista– y sus socios han previsto la construcción de viviendas para unas 20.000 personas junto a una zona protegida por su interés biológico. Tal afl uencia de nuevos vecinos doblaría el número de habitantes de Altea y supone la recalificación de dos millones y medio de metros cuadrados. Antes de presentar el proyecto, el suelo de la zona se pagaba a 24 euros e metro cuadrado. Estaba clasificado como rústico y no estaba permitido urbanizar. Ahora, el mismo terreno vale más que su peso en oro: 210 euros por metro cuadrado, según estimaciones profesionales.

En compensación por el suculento negocio, Altea Futura está obligada a ceder 4.6 millones de metros cuadrados de monte al Ayuntamiento. Estos terrenos serán clasificados como suelo no urbanizable de protección paisajística, según los términos del acuerdo entre ambas entidades. Pero el canje es desigual. Su valor es muy inferior al alcanzado por los terrenos junto al río. Y su precio va a la baja. Con la nueva clasificación, quedan condenados de por vida para su explotación urbanística. La aprobación definitiva del plan, firmada en enero de 2006, ha unido a la oposición política de Altea en contra del proyecto. Pepa Narbó, responsable de la formación nacionalista El Bloc y que ha llevado el acuerdo a los tribunales, considera que este tipo de acciones “está convirtiendo Altea en un suburbio urbanístico de Benidorm”. Los portavoces del PSOE local, que apoyaron en un principio el proyecto, se han sentido “engañados” por la marcha de la recalificación y le han retirado su apoyo. Los responsables municipales –consultados sin respuesta por esta publicación– han defendido públicamente en varias ocasiones que el proyecto ha seguido de forma escrupulosa los cauces legales.

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Altea y el Grupo Ballester ya han pasado antes por los tribunales. Y con resultado desfavorable para ambos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana les condenó en 2003 por incumplir la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. El 26 de noviembre de 1997, el Ayuntamiento cedió a la Generalitat Valenciana 20.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Tres años después, Edificaciones Calpe ofreció al consistorio una permuta de terrenos municipales a cambio de realizar varias obras públicas. En su oferta pretendía los terrenos destinados al campus universitario. Y el consistorio aceptó a golpe de decreto. El caso terminó en los tribunales y tanto constructora como Ayuntamiento tuvieron que dar marcha atrás. Construcciones Calpe tuvo que devolver los terrenos y el gobierno de Miguel Ortiz hubo de reingresar el dinero cobrado. Según el tribunal, el Ayuntamiento “ni tan siquiera justifica la conveniencia de la permuta, al constar únicamente que la Corporación demandada se limita a aceptar en su integridad la propuesta presentada por Edificaciones Calpe”.

El grupo Ballester protagoniza además otras polémicas en la Comunidad Valenciana. La sociedad está en el punto de mira del Ministerio de Medio Ambiente por un promoción llamada Gemelos 28. El holding responsable de la urbanización del Río Algar planea construir dos torres de viviendas en primera línea de playa en Benidorm. El problema es que los edificios de 21 plantas con locales comerciales estarán junto al Parque Natural de Serra Gelada. El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, declaró públicamente la semana pasada que si estas torres se levantaran, serían “un Algarrobico bis”, en referencia al complejo hotelero emplazado en el Cabo de Gata y que será derribado en los próximos meses. Serrano recordó que “con la Ley de Costas en la mano”, el Estado puede expropiar los terrenos destinados a los edificios en defensa del “interés general”, al no ser “edificaciones recomendables”.

Adiós a los naranjos

El plan urbanístico del río Algar comenzó a fraguarse en 2002, y ha terminado en los tribunales. En aquella fecha, el Ayuntamiento de Altea presentó un plan de regeneración del acuífero, que transcurre por la Sierra de Bernia y desemboca en la costa de Altea. El cauce se encontraba en un preocupante estado de abandono, pese a que la Unión Europea entregó al consistorio una subvención para su cuidado. El río contaba con una zona de paseo y aparatos deportivos, pero todo se echó a perder. Fue entonces cuando el Ayuntamiento ideó un plan para su regeneración. Con un déficit económico preocupante –17 millones de euros a día de hoy– propuso recalificar el suelo colindante a cambio de una regeneración de la zona protegida. Y a su llamada apareció Altea Futura, la sociedad participada por Julio Iglesias y el Grupo Ballester. Al poco tiempo, el Ayuntamiento se lo adjudicó.

El proyecto fue redactado por Ángel Pérez Iñesta, jefe del Departamento de Urbanismo y firmado por el alcalde de Altea, el popular Miguel Ortiz. El gerente de la constructora en el momento de la adjudicación fue José María Comín. El empresario era también responsable de Edificaciones Calpe, una de las cabeceras del Grupo Ballester. Además, Comín participaba en empresas como Mediterránea Blue Gate SL y Medinvest Consult. En la composición de las sociedades aparece también el técnico municipal de Altea, Ángel Pérez Iñesta, que tiene una habilitación municipal para compatibilizar su trabajo en el Ayuntamiento. Así, Iñesta emitía los informes jurídicos para el proyecto adjudicado a Altea Futura, controlada por uno de sus socios. Los informes técnicos eran elaborados por Ana Beltri, arquitecta municipal y también socia de Iñesta en la mercantil Ciudades y Programas SL.

Estudios cuestionados

El Estudio de Impacto Ambiental presentado en el proyecto ha sido duramente cuestionado por las agrupaciones ecologistas. E incluso por un estudio privado de la Universidad de Valencia, que cuestiona el método de estudio y pone la voz de alarma sobre el peligro que corre la biodiversidad de la zona afectada. El cauce del río Algar forma parte del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, que aglutina los humedales más importantes de la Comunidad por su alto valor biológico. La protección afecta también, según reza en los mapas oficiales, a una zona de afección –o de dominio hidráulico– que abarca 500 metros a cada lado del cauce. Sobre el papel, esta franja entra de lleno en el terreno aprobado por el Ayuntamiento de Altea para construir 5.775 viviendas. Pero tanto los informes municipales como los de la Generalitat aparecen favorables.

Además, parte de los terrenos recalificados están afectados por el llamado Patricova (Plan de Acción Territorial Sobre la Prevención del Riesgo de Inundación). El estudio marca como zona con peligro de riadas e inundaciones los terrenos aledaños al cauce del río y la legislación nacional prohíbe de forma tajante la urbanización en esas condiciones. Para rebatir esta cuestión, Altea Futura ha proyectado medidas correctoras y ha sufragado un informe que acredita un error de cálculo de los técnicos que elaboraron el Patricova. Sin embargo, basta con mirar las fotos de la última gota fría para comprobar el estado en el que quedaron los terrenos en cuestión: completamente anegados. Pero la principal objeción al plan es el abastecimiento de agua potable. En teoría, la aprobación definitiva requiere un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el organismo de cuenca responsable de la zona. El documento es vital, ya que la urbanización puede doblar el número de habitantes de Altea. Pero el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente no ha emitido escrito alguno. Ni positivo ni negativo. Nada. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat Valenciana han dado luz verde al proyecto. Para evitar el requerimiento, la Comisión Territorial –que engloba a todos los organismos públicos implicados en el plan– aplazó la necesidad del informe hídrico al “desarrollo de cualesquiera actividades lucrativas u otras que impliquen un incremento en el consumo de agua”. Los papeles no están, pero la urbanización, la marea de cemento junto al mar, sigue su curso.

El blog denuncia

Los concejales de El Bloc han llevado el plan del río Algar a los tribunales. La candidata para las próximas municipales, Pepa Narbó (en la foto, a la izquierda, con su compañera Paca Sevila), considera que la gestión urbanística del actual gobierno municipal “está convirtiendo Altea en un suburbio urbanístico de Benidorm”.

Retiraron su apoyo al plan

El PSOE local apoyó en un primer momento el plan urbanístico presentado por el alcalde popular, Miguel Ortiz, para el cauce del Algar. Pero ahora le han retirado su apoyo. Los concejales socialistas (en la foto, de izquierda a derecha, Gumersindo Hidalgo, Santiago Ronda y Andrés Ripoll) aseguran que se sienten “engañados” por el PP, ya que desconocen cómo va a ser estructurado el macroproyecto, y además hay otras actuaciones urbanísticas mucho más urgentes, como el alcantarillado de Altea.

Proyectos paralizados

El municipio de Altea tiene varias construcciones denunciadas en los juzgados. Entre ellas, un gran edificio que invade la zona de servidumbre de la playa donde se ubica, a escasos kilómetros del centro urbano. El proyecto se encuentra recurrido en los tribunales por el Servicio Provincial de Costas de la Generalitat Valenciana. Otro de los inmuebles paralizados se encuentra junto al mirador de la localidad. El juez interrumpió de forma cautelar su construcción por un exceso de edificabilidad. El litigio dura ya varios años y el inmueble se encuentra deteriorado por las pintadas. En su techo, se puede leer una frase escrita en valenciano. Su traducción: “No más cemento”.