Dónde y cómo negoció Aznar con los terroristas

El 11 de diciembre de 1998 todo estaba preparado en la apartada casa de Ibeas de Juarros, un pequeño pueblo a 15 kilómetros de Burgos y a tres de los yacimientos de Atapuerca, que esa jornada adquirió una importancia inusual por su cercanía de Bilbao y Madrid. Ese día, en la casa de la calle Camino de Burgos, se celebró la primera y única reunión entre representantes de Herri Batasuna y del Gobierno del PP. Actualmente están teniendo lugar reuniones igual de secretas que esa, pero entre representantes de Batasuna y del Partido Socialista de Euskadi. Pero en aquella ocasión Aznar dejó al margen a su partido y al Gobierno, para asumir él personalmente las riendas de las negociaciones.

Hacía varios meses que la Comisaría General de Información, que dirigía Jesús de la Morena, había recibido el encargo de ocuparse de todos los asuntos relacionados con las negociaciones con Herri Batasuna y ETA, dejando al margen a la Guardia Civil y al entonces Cesid, actualmente CNI. Previendo el encuentro, policías de la Comisaría buscaron un lugar donde poder celebrarlo y que garantizara el imprescindible sigilo.

La zona elegida fue Burgos, por su cercanía al País Vasco, de donde procederían los representantes de la izquierda aberzale, y de Madrid, desde donde viajarían los enviados del presidente Aznar. Después de una larga búsqueda dieron con la casa perfecta: un chalé llamado Villa Carmen. La dueña, una señora de Burgos, que cada vez iba menos tiempo a su casa en verano, lo alquilaba. Los policías se pusieron en contacto con ella, no le dijeron nada del objetivo que pretendían y llegaron a un acuerdo de arrendamiento. La casa no necesitaba muchas reformas y disponía de un salón en el que podían charlar, sin ninguna molestia procedente del exterior, los futuros negociadores. La dueña no consiguió datos sobre la personalidad del hombre que le había arrendado el piso, por lo que tomó en secreto el número de matrícula de su coche y pidió información: era una matrícula reserva- da, de cuyo dueño no se podían dar datos. Se quedó muy sorprendida. Además de la clandestinidad, la casa disponía de otras cualidades, como que estaba integrada en un bloque de cuatro chalés –aunque en invierno ninguno de los otros dueños aparecía por allí– y que la rodeaban arbustos altos y frondosos que hacían imposible ver lo que pasaba en su interior. También tenía a favor el fácil acceso desde la carretera y un jardín, en el interior de la valla, que permitía guardar los coches sin que nadie se sorprendiera de su presencia.

Ese 11 de diciembre el despliegue policial fue amplio y discreto, para garantizar la tranquilidad a los negociadores. Procedentes del País Vasco, salieron varios vehículos que tomaron la A-1. En ellos viajaban Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, de la Mesa Nacional de Batasuna; Rafael Díaz Usabiaga, secretario general de LAB, y el abogado Íñigo Iruin. Los cuatro iban acompañados por varios chóferes del partido, que cumplían también el trabajo de escoltas. Desde Madrid salieron los tres representantes del presidente del Gobierno: Ricardo Martí Fluxá, secretario de Esta- do para la Seguridad; Francisco Javier Zarzalejos, secretario general de la Presidencia, y Pedro Arriola, el sociólogo que siempre había sido asesor de Aznar.

Finalmente, desde Zamora acudió el intermediario que había facilitado el contacto y que actuaría como hombre bueno: el obispo Juan María Uriarte. A la salida del peaje de la autovía de Burgos, un Nissan de la Guardia Civil esperaba a los dirigentes de la izquierda aberzale para trasladarlos al chalé. Pocos después de su llegada a Villa Carmen, aparecieron los representantes de Aznar, que habían sido recogidos por policías en la localidad de El Molar.

Tras un intercambio de saludos bastante fríos, entraron en la casa y se sentaron alrededor de una mesa vacía y de poco más de dos metros de largo. Inicialmente habló el obispo Uriarte, cuyo papel consistía en hacer de secretario, levantando un acta de lo que allí se dijera, y arbitrar el encuentro para evitar problemas entre ambas partes.

Primero tomó la palabra Zarzalejos, que reconoció que estaban allí porque ETA había puesto en marcha una tregua y que traían el mensaje del presidente Aznar de intentar conseguir que la banda abandonara definitivamente las armas. Otegi le preguntó si había otros temas de los que quisieran hablar, a lo que Zarzalejos explicó que su misión consistía en tratar ese asunto y transmitirles la oferta del Gobierno: “Paz por presos”. Nuevamente Otegi preguntó si ése era el único tema del que estaban dispuestos a hablar, porque el asunto que planteaban era una responsabilidad de ETA en el que ellos no tenían nada que ver y que su papel no era mediar, como pretendía el Gobierno. Ante la respuesta afirmativa y tajante de Zarzalejos, Otegi se levantó con la intención de irse. El obispo Uriarte pidió calma a ambas partes y que no desperdiciaran la ocasión de hablar ahora que estaban reunidos. El ambiente se tranquilizó un poco. En ese momento intervino Pedro Arriola, que jugó el papel de poli bueno, contrario al que había desempeñado Zarzalejos. Recogió velas y aceptó que hubiera dos niveles de interlocución, uno con Batasuna y otro con ETA. Incluso explicó que esa reunión podía ser el comienzo de un proceso para conseguir una paz definitiva.

Después hablaron los demás. Los representantes de Herri Batasuna defendieron la necesidad de abrir un diálogo sobre los temas políticos que a ellos les interesaban. Entre otros, el derecho del pueblo vasco a decidir sobre su independencia, el acercamiento y la libertad de los presos y la persecución a la que estaban sometidos por algunos jueces, especialmente Baltasar Garzón.

Al final del encuentro, el obispo Uriarte hizo un balance muy positivo y algunos de los asistentes intercambiaron sus teléfonos móviles, como muestra del deseo de abrir un canal que permitiera conseguir la paz. Nadie de los dos bandos llegó a utilizarlos nunca. Ésta fue la primera y la última reunión celebrada entre ambas partes.

Posteriormente hubo un encuentro en Suiza, en un hotel de la localidad de Vevey, cerca de Ginebra, el 19 de mayo del año siguiente, entre los representantes de Aznar y dos miembros de la dirección de ETA, Mikel Albizu y Belén González Peñalva. Esa reunión, que también contó con el obispo Uriarte como intermediario, tampoco dio frutos. La tregua que la banda terrorista había anunciado de manera sorpresiva el 18 de septiembre de 1998 concluyó el 28 de noviembre de 1999 sin resultado.

El Gobierno de Aznar ofreció la libertad de los presos

No fue el problema de ETA el único que afrontó el Gobierno de Aznar por la vía de la negociación. También intentaron acabar mediante el diálogo con los GRAPO, un grupo que en febrero ha regresado a la actividad armada con el asesinato en Zaragoza de la mujer del empresario Francisco Colell y el atraco de una oficina del Banco Popular en Pinto.

En este caso, los que se encargaron de organizar los contactos no pertenecían al Ministerio del Interior, sino al servicio de inteligencia, el Cesid. Y los que negociaron no eran personas cercanas al presidente, sino los mismos espías.

Las primeras negociaciones, las ya conocidas, se iniciaron poco después de la llegada de Aznar al poder y concluyeron en febrero de 1997 con el anuncio oficial de ruptura de los abogados de los terroristas. En ellas participaron dos agentes del Cesid, que se hicieron llamar Alberto –actualmente es un alto cargo de La Casa– y Enrique, y tres presos en representación de los GRAPO, Enrique Cuadra Etxeandía, Fernan- do Hierro Chomón y Francisco Brotons Beneyto. En las reuniones, los representantes del Gobierno ofrecieron la posibilidad de que los presos salieran progresivamente a cambio de renunciar a la lucha armada. Todo se fue al traste, según fuentes cercanas al espionaje, por la imposibilidad de los agentes del Cesid de conseguir información creíble sobre el paradero de Publio Cordón, su verdadero objetivo.

En enero de 1998 los GRAPO volvieron a atentar y otros dos agentes del Cesid –el jefe dijo llamarse Luis– se pusieron en contacto con Juan Manuel Olarieta, uno de los abogados de los presos. Le propusieron negociar el fin de la banda y Olarieta consiguió la autorización de los dirigentes para intermediar.

Esas reuniones duraron aproximadamente seis meses y se buscó la clandestinidad más típica de los encuentros de los espías. Se reunían en sitios abarrotados de gente, donde podían pasar inadvertidos: el despacho del abogado –en pocas ocasiones–, en el número 36 de la madrileña calle de Fuencarral; la cafetería Pérez Galdós, en cuyo local hay ahora una tienda de ropa, debajo del citado despacho, y el céntrico y popular Café Comercial, en la glorieta de Bilbao. En esas reuniones, prolongadas en numerosas conversaciones de teléfono, los representantes del Gobierno –alias los Malasombra– defendieron la tesis de “paz por presos”, aunque los GRAPO prefirieron hablar de “paz por libertad”. Así, en el comunicado que redactaron para anunciar el acuerdo, según fuentes cercanas a los presos, se había establecido que se hablara de las causas que les habían llevado a estar en la cárcel y de la promesa del Gobierno de tomar en el futuro iniciativas legislativas como la desaparición de la Audiencia Nacional.

Acordaron la libertad de todos los presos con un margen de tiempo relativamente pequeño. Lo inmediato sería conceder el tercer grado a los enfermos, después a todos los que podrían salir con la aplicación de las normas penitenciarias en vigor, y luego al resto.

Los representantes del Gobierno del PP accedieron a que se concediera a todos los presos una pensión mínima no contributiva, para que pudieran reintegrarse en la sociedad y no necesitaran dedicarse a cometer otros delitos para sobrevivir. Los GRAPO ofrecieron la posibilidad de crear una fundación a la que enviar los fondos, pero los del Cesid se negaron: había que hacerlo todo lo más transparente posible. En la última fase de la negociación, los Malasombra intentaron que le pusieran en contacto con Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas –“aunque sea, tú le llamas y nos lo pasas por el móvil”, le decían a Olarieta–, a lo que el abogado se negó en redondo.

Todo estaba prácticamente cerrado, a falta de la firma del comunicado oficial, cuando surgieron problemas. Los GRAPO empezaron a hartarse y rompieron las negociaciones. Decidieron hacer una rueda de prensa anunciando la ruptura, y el día anterior, el espía Luis, que llevaba un tiempo desaparecido, llamó a Olarieta pidiéndole que esperaran un poco. Pero ya no había confianza entre ambas partes. Sánchez Casas anunció la decisión a los medios de comunicación. La negociación entre el Gobierno del PP y los GRAPO había concluido.