El diputado Morales mandaba el dinero a Brasil

Vaneide Freita, una joven brasileña, no tiene trabajo ni documentación en regla para estar en España. Pero en el último año consiguió un buen piso con una caja fuerte en la que la Guardia Civil encontró 55.000 euros. Cada mes, enviaba otros 3.000 euros más –el límite legal que no hay que declarar– a su país a través de empresas como Western Union. Incluso ha contado que compró un apartamento y un local comercial en Foz de Iguazú (Estado de Paraná, Brasil). Vaneide era, desde hace algo más de un año, la amante de Juan Morales, alcalde de Totana hasta esta primavera y actualmente diputado autonómico del PP en Murcia. El juzgado deberá enviar una comisión rogatoria a Brasil para que compruebe el valor de los inmuebles y a nombre de quién están registrados. La mujer, imputada por un presunto delito de blanqueo de dinero, ha declarado, según ha podido saber interviú, que no sabía lo que había en la caja fuerte porque era Morales el que la manejaba y que era su novio –político de profesión– el que le daba el dinero que enviaba a Brasil. De hecho, en el registro del piso donde vivía, situado en el barrio murciano de El Ensanche, la Guardia Civil encontró además el pasaporte del propio diputado autonómico además de un contrato de alquiler por el que Morales arrendaba el piso a su pareja. De hecho, Morales ha seguido viviendo después de su separación matrimonial con su hijo en un chalé de La Charca, una urbanización a las afueras de Totana (Murcia). Las pesquisas contra la corrupción en Murcia tratan de averiguar también cómo el diputado compró otra vivienda y un BMW X3.

El diputado Morales, según fuentes de la investigación, podría haber planeado retirarse en Brasil. La operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil amenaza con dar al traste con sus planes. En la madeja hay un vidrioso empresario, el gallego Manuel Núñez Arias. Éste, que está en libertad tras pagar una fianza de 150.000 euros, pretendía levantar en Totana más de 5.000 viviendas, con spa y dos campos de golf incluidos y previa recalificación de terreno y aprobación del ayuntamiento y la comunidad de Murcia. En su declaración, el empresario gallego ha confesado que entregó 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) a varios intermediarios para “abrir puertas en Totana”. Y en Totana quien tenía todas las llaves era el alcalde hasta mayo de este año y diputado autonómico desde entonces, Juan Morales. Sin embargo, parece que ese dinero no llegó nunca a los políticos, sino que se quedó en manos de los intermediarios.

En la operación colaboró Gabriel Martínez Navarro, empresario de Totana conocido como el Recovero por la profesión de sus antepasados, dedicados a comerciar con aves y huevos. Martínez Navarro fue detenido y está en libertad bajo fianza. Según han confirmado las investigaciones, el Recovero viajó a Vigo con el diputado Morales. Ambos acudieron a las oficinas del empresario Núñez Arias, cuya empresa pagó los gastos de avión y hotel. Este empresario ha reconocido incluso en su declaración bajo juramento que gestionaba comisiones para Juan Morales.

Las investigaciones de la operación Tótem tienen indicios y grabaciones en las que se pone de manifiesto que los empresarios gallegos iban a pagar tres millones de euros al diputado y ex alcalde del PP a cambio de su apoyo al plan para dar el pelotazo en Totana y construir 5.040 viviendas en 1.673.971 metros cuadrados en un paraje hasta ahora rústico conocido como El Raiguero. El ayuntamiento recibiría, legalmente, cinco millones de euros por la operación, que iba a procurar miles de millones de beneficio para los constructores.

El mes pasado, siempre según fuentes de la investigación, fue el propio Morales el que reclamó un pago por adelantado para premiar sus gestiones: “Un millón ahora, dos después”. El convenio para los miles de pisos estaba ya firmado, pero aún faltaba que se incluyera en el Plan General de Ordenación Urbana que debía aprobar el Ayuntamiento de Totana y posteriormente ser refrendado por el Gobierno de Murcia, del PP. Es en ese contexto donde se explica otra de las grabaciones en las que se justifica la petición de un adelanto del soborno para el diputado: “Estaría muy bien por si hay que dar un toque en Murcia”. Todo indica que Morales trataba de aparentar influencia para conseguir dinero.

Una de las personas detenidas en la operación ha asegurado además en su declaración que enviados del empresario gallego mantuvieron una reunión con el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, en el parador de Albacete. Allí le habrían advertido de que su amigo y antecesor en la alcaldía estaba reclamando comisiones ilegales por dar luz verde al enorme proyecto urbanístico.

Morales sigue en libertad y ha insistido en su inocencia ante sus compañeros del PP y el pueblo de Totana. “Me siento indefenso, vulnerado en todos mis derechos”, afirmó al diario La Verdad de Murcia. Incluso recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia en busca de amparo, algo que el alto tribunal le ha negado. La juez Asunción Navarro, encargada del caso de corrupción, está obligada, en el momento en que disponga de pruebas concluyentes contra él, a trasladar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, capacitado para juzgar a aforados –como los diputados autonómicos, con especial protección jurídica en el ordenamiento español–. La juez investiga también otros dos pelotazos en la empresa municipal de suelo, Proinvitosa. Esencialmente, sirve para vender suelo barato a empresarios a cambio de crear industria y empleo en la zona. El negocio llega cuando ese suelo industrial se revende a precio de mercado. Según las estimaciones presentadas por los denunciantes de la operación Tótem, sólo uno de esos casos generó un pelotazo cercano a los diez millones de euros para varios constructores de la zona.

En junio de 2006, el consejo de administración autorizó a la firma Smurfit Kappa a vender 40.000 metros cuadrados de suelo. La operación carece de sentido mercantil, ya que la sociedad municipal podía recuperar el suelo por el mismo precio más el IPC. Y ofrecerlo de nuevo a bajo precio para fomentar el establecimiento de industrias en el municipio. En cambio, liberó a Smurfit Kappa de su compromiso y le permitió especular con el suelo. En esas fechas la empresa rechazaba proyectos de otros empresarios con la excusa de que no había suelo disponible en la zona.

Otros implicados no tienen el estatus de Morales y sí están imputados en el caso. Entre ellos, el alcalde Martínez Andreo, sucesor de Morales. Los meses en que los investigadores pusieron la lupa sobre Totana han servido para descubrir decenas de episodios turbios. El que afecta al alcalde y al jefe de policía local fue, según consta en el sumario, un asunto de amigos: un primo de Juan Carrión, concejal de Urbanismo y ahora alcalde en funciones tras el encarcelamiento de Andreo, conducía por dirección prohibida. Agentes de la policía municipal le detuvieron y le sometieron a una prueba de alcoholemia, que dio positiva. Se abrieron diligencias contra él por un presunto delito contra la seguridad del tráfico. Iba a celebrarse un juicio rápido el lunes siguiente. Y el primo tenía todas las de perder, cuando el alcalde, Martínez Andreo, ordenó a Canales que hiciera todo lo posible por ayudarle. El jefe de policía acudió al juzgado y, con la excusa de un error en el alcoholímetro, se llevó las diligencias. Incluso se comprobó cómo el acusado fijaba una cita con el alcalde y le entregaba la citación para ir al juicio, para que no quedaran pruebas. La Guardia Civil encontró las diligencias en la caja fuerte del jefe de la policía.

El alcalde encarcelado también tomó parte en la falsificación de un convenio otorgado a dedo a un constructor, retiró denuncias por fumar hachís en la calle a algún amigo y hasta dio instrucciones para que algunos totaneros consiguieran plaza de funcionarios en ciertas oposiciones, según fuentes de la investigación. También tenían cajas de seguridad en un banco dos de los empresarios implicados, Pedro Martínez y Gabriel Martínez Navarro. E incluso la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. La mujer, empleada en una gestoría, no guardaba allí dinero ni joyas, sino diferentes documentos que probarían la infidelidad reiterada de su esposo durante algunos viajes a Brasil, entre otros, varias facturas de hoteles en aquel país.