El encargado por el juez de gestionar las empresas del acusado del ‘Caso Malaya’ facturó 29.000 euros por desgaste de su coche

El caso Malaya se llevó por delante al grueso del Ayuntamiento de Marbella, con la alcaldesa, Marisol Yagüe, a la cabeza, y su asesor urbanístico, Juan Antonio Roca, como principal imputado. La corrupción en la ciudad, cuyo juicio está todavía pendiente, salpicó a concejales, políticos de alto nivel, empresarios, notarios y banqueros. Incluso a jueces.

El nicho de dinero del caso –400 millones de euros solo en inmuebles– tentó muchas bocas. Lo que nadie esperaba es que aquellos encargados de velar por esos bienes negros, los intervenidos a los detenidos, no actuaran correctamente.

El economista José Luis Gallardo fue nombrado por el juez administrador judicial para velar por que las sociedades y bienes incautados a Roca, desde palacios a caballos, no perdieran valor y fueran bien gestionados. Al fin y al cabo, revierte en el bien común: es posible que tras el juicio parte del patrimonio acabe en manos del Estado como indemnización por los delitos cometidos en Marbella.

El 19 de febrero de 2008, Gallardo envió una factura al Juzgado número 5 de Marbella. El encargado de gestionar las 15 empresas intervenidas a Roca pedía 28.945 euros. El motivo: el “desgaste” sufrido por su coche durante la realización de su trabajo. El economista pretendía cobrar 1.364 euros mensuales por ese concepto. Costaba menos comprar un coche nuevo que mantener ese alquiler.

No es un hecho aislado. La fortuna de Juan Antonio Roca, acusado de forjarla con la corrupción, se encuentra ahora maltrecha tras la gestión del Estado. La mayoría de sus empresas pierden dinero, sus negocios son deficitarios y varias sociedades han quebrado por falta de fondos. Hacienda reclama más de siete millones de euros en impagos, y varios caballos de la yeguada Marqués de Velilla fallecieron con piedras en el estómago ante la falta de alimento.

Gallardo, acusado por la defensa de Roca de “administración desleal y fraudulenta”, pasó al juzgado, tras 22 meses de trabajo, unos honorarios de 848.270 euros. Casi un millón de euros, que el juez Óscar Pérez rebajó a la mitad.

El juez ha nombrado nuevos administradores judiciales. Uno de ellos es Juan Macías, que en un informe habla así del anterior encargado de velar por las sociedades incautadas a Roca: “El señor Gallardo no ha presentado un solo informe en el juzgado durante meses. En lugar de vender las acciones de Inmobiliaria El Ángel de Tepa tal y como estaba previsto […] se vendió el inmueble, produciendo un grave perjuicio para la compañía y un beneficio para el comprador sin explicación alguna, se liquidó incorrectamente el impuesto de sociedades, no se gestionó la devolución del IVA de Condeor y Palacio de Villagonzalo por 1,9 millones de euros, no se regularizaron los impuestos de diferentes compañías…”.
El informe de Macías, trasladado al juzgado el pasado 8 de marzo, prosigue: “Los dos años que el señor Gallardo ejerció la administración de las sociedades no consideró importante realizar un inventario físico de los carruajes (valorados en 4 millones de euros), muebles de las viviendas, coches antiguos, clínica veterinaria, bodegas de vinos”. Según los administradores actuales, Gallardo no cumplimentó en dos años ni un solo impreso fiscal de ninguna de las sociedades. Ahora, Hacienda reclama medio millón solo en concepto de atrasos.

En su defensa, el economista considera que las empresas incautadas a Roca no tenían liquidez y que la regularización fiscal no era una de sus prioridades. Gallardo estima que era absurdo pagar los impuestos y dar dinero al Estado cuando es probable que las empresas y todo su patrimonio acaben en manos estatales. El argumento es rebatido por los actuales gestores en tono sarcástico: “¿Para qué nombrar una administración judicial? Lo mejor sería entregar directamente las sociedades al Estado, ya que conocemos el destino final de los bienes. Sin comentarios”.

El informe de Idea Asesores, responsable de administrar las principales sociedades del caso Malaya desde el 4 de junio de 2008, analiza la anterior gestión. Como ejemplo, la Justicia mantuvo a dos acusados en el caso como directivos de la Inmobiliaria Masdevallía y les pagó 17.000 euros al mes. La cúpula directiva de la empresa costaba 633.972 euros al año. Tras el cambio de administrador judicial, los directivos imputados han cesado y los que quedan cobran apenas 54.000 euros anuales en conjunto.
El 31 de julio de 2008, la empresa quebró; presentó un concurso de acreedores y recibió diez millones de euros en devoluciones de Hacienda. El dinero fue destinado a terminar una promoción de 104 viviendas en Ribera Beach. “El esfuerzo es inútil si las viviendas no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana… no se puede obtener licencia de primera ocupación”, apunta el actual equipo gestor. Es decir, que las casas no se pueden vender porque, a día de hoy, son ilegales.

En el caso de Inmobiliaria Ángel de Tepa, Gallardo dio orden de vender un edificio en Madrid, “liquidándose –según el informe– de manera incorrecta el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006, produciendo un perjuicio de 2.114.000 euros”. Juan Macías explica en el documento aportado al juzgado que una de las constructoras intervenidas pagó en este periodo trabajos que nunca se ejecutaron para la explotación del hotel Al Kazar. El caso está en los juzgados de Madrid. Gallardo autorizó la venta de cuatro chalés en Cala D’Or (Mallorca) por cuatro millones, pero las viviendas fueron valoradas en más de 7,5 millones.

El informe de Macías enumera una serie de irregularidades fiscales. En algunos casos, se cometieron antes de que Gallardo gestionara las sociedades. Pero el economista tampoco hizo nada por subsanarlos. En febrero de 2006, Lipizzar Investment cobró casi un millón de euros de IVA que no fue declarado ante Hacienda. La empresa tampoco pagó 480.000 euros del Impuesto de Sociedades de 2005 y 2006. Lo mismo sucede con Vandal Agropecuaria, que debe 433.047 euros sin contar intereses. Condeor adeuda más de dos millones de euros a Hacienda tras la venta en 2007 del Palacio de Saldaña, además de 259.980 euros en otros tributos.

En sus alegaciones presentadas en el juzgado, Gallardo considera que todo es una represalia de Roca por rechazar el nombramiento de varios interventores estipulados por su defensa. Según los administradores judiciales actuales, la oposición a estos nombramientos podría responder a su voluntad de “evitar el control de los interventores”. “Quizás el Sr. Gallardo pretende que su señoría no cumpla la ley”, explica el administrador judicial.

Los administradores elaboran informes sobre el mantenimiento de las sociedades. En muchos de ellos, Gallardo aseguró a los magistrados que varias empresas estaban sin actividad. Sin embargo, facturó honorarios por ellas, ya que la legislación establece una cuota mínima de 975 euros mensuales. En el caso de Palacio de Villagonzalo, el trabajo por el que Gallardo cobró 1.935 euros durante al menos siete meses, se materializó en informes enviados al juzgado con el siguiente mensaje: “Sin movimiento”.