El Gobierno controlará a los intermediarios

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El abogado Aitor Ibarra, del bufete Ibarra & Asociados, con sedes en Madrid y Bilbao, representa a las siete familias de Galicia presuntamente estafadas por las empresas Casal y Ferre SL y Consulting Inmobiliario de Galicia SL. Según el letrado, son casos “claros de estafa, donde se ha abusado de una necesidad imperiosa de dinero por parte de los clientes”. Ibarra representa a un total de 25 afectados por este tipo de casos en toda España. “La usura ha existido siempre, pero ahora es más agresiva”, dice. La Ley de Represión de la Usura de 1908 se sigue aplicando en los procedimientos civiles. Esta legislación indica: “Será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino”. “Mis representados –dice Ibarra– firmaron unas letras puente, hasta que llegara las hipotecas que habían solicitado, que vencían en uno o dos meses. Eso es abusivo. Nadie que solicite un préstamo lo puede devolver en ese plazo”. Además, en estos casos de presunta estafa se dan otras circunstancias, “como la falsificación de documentos, que los convierten en delitos”, explica Aitor Ibarra.

Por otra parte, el Gobierno está decidido a regular por ley la actividad de los intermediarios financieros. Para ello, ha solicitado al Instituto Nacional de Consumo un informe sobre la situación actual. La patronal del sector, Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) cree que es imprescindible que el Banco de España asuma el control de los intermediarios, cuya actividad “necesita mayor transparencia”. Para Asnef, es necesario que el consumidor distinga entre los intermediarios de crédito (ofrecen su mediación en la búsqueda de financiación, bien a través de la reunificación de deudas o a través del mejor crédito) y las entidades de crédito, que son las que prestan el dinero al consumidor y que están autorizadas por el Ministerio de Economía e inscritas y supervisadas por el Banco de España. Además de estos establecimientos, cualquier persona en España puede ser prestamista.