El infierno sabe esperar

Luis Alfredo Morales, Manuel Jaimes e Isabel Cristina Pardo, aparte de haber nacido en el mismo país, reúnen otras coincidencias. Los tres están ligados a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Los tres están bajo la amenaza de los grupos paramilitares que continúan operando en ese Estado y que los han condenado a muerte. Y, precisamente por eso, los tres estarán hasta agosto en Gijón gracias a un programa especial del Gobierno asturiano, puesto en marcha en 2001 y que permite sacar del país, al menos durante seis meses, a algunos de los activistas que viven bajo el permanente riesgo de perder la vida.
En Asturias les sorprendió a los tres la noticia de un nuevo asesinato. Esta vez se trataba de un sindicalista que, al igual que ellos, también había estado refugiado allí: el maestro y obrero Henry Ramírez, que de vuelta en Colombia ocupaba un puesto de concejal por el Partido Liberal en la ciudad de Ambalema –situada en el departamento de Tolima, en el centro del país–, fue acribillado a balazos la noche del 11 de abril en su propia casa, mientras veía la televisión junto a su pequeño hijo.

Cuando una llamada telefónica les alertó de que habían matado a Henry, los sindicalistas acogidos por el Gobierno asturiano sintieron una mezcla de “indignación y tristeza”, aunque ya no había lugar para la sorpresa: en lo que va de 2010, 45 sindicalistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados por los paramilitares en Colombia. Durante los últimos ocho años, en los cuales el país ha estado bajo el mando del presidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia lleva 600 víctimas de la persecución contra el sindicalismo y los defensores de los derechos humanos.

Henry Ramírez, que llegó a ser presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas –perteneciente a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las más golpeadas por los paras–, estaba amenazado desde junio de 2003 por oponerse a la privatización de la industria licorera.