El juez autorizó la detención de Ripoll

Evitar la “pena de telediario”; el escarnio público de los acusados. Esa fue la principal premisa de la reunión que se celebró a puerta cerrada el jueves 1 de julio en el despacho del juez Carlos San Martín. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela convocó allí a varios responsables de la Fiscalía Anticorrupción y de la Policía Nacional. En total cinco personas se reunieron en aquel despacho según ha podido saber esta revista. El motivo del encuentro fue organizar la segunda fase de la Operación Brugal contra la corrupción política en Alicante, que estalló el pasado 6 de julio. La Policía Nacional, con autorización judicial y apoyo de la fiscalía, llevaban varios meses escuchando los teléfonos de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación, su mujer, Margarita de la Vega y los de varios empresarios ahora imputados. En total, en aquel despacho se planificaron 11 imputaciones y 19 registros. Y allí quedó absolutamente claro -según las fuentes consultadas- que los acusados serían arrestados.

La premisa fue siempre la de preservar la imagen de Ripoll y el resto de los sospechosos frente a la prensa. Primero para evitar daños innecesarios. Y segundo para no contaminar la investigación con argumentos políticos, tras la experiencia de la Operación Gürtel. De hecho, algunas fuentes aseguran que el juez San Martín se mostró en un primer momento partidario de mantener a los detenidos al menos una noche en prisión, una práctica común en este tipo de instrucciones para ablandar a los acusados antes de su primera declaración judicial.

Al final del encuentro, el juez San Martín rubricó de su puño y letra un auto que legalizaba todas las actuaciones, acordadas previamente con policías y fiscales. El documento autorizaba expresamente a los agentes a realizar las detenciones que considerasen necesarias. Y nada cambió hasta el momento de los arrestos.

El presidente Ripoll y varios de los imputados fueron monitorizados por un dispositivo policial 24 horas antes de su detención. Los agentes vigilaban sus movimientos mientras el político alicantino se fotografiaba con el ganador de la NBA, Pau Gasol, que presentaba un campus de baloncesto en la Costa Blanca. Este tipo de preparativos es común en las operaciones de gran envergadura: Es necesario conocer la localización de todos los objetivos para realizar los registros de una forma coordinada que evite una posible destrucción de pruebas.

Para evitar cualquier imagen peyorativa de Ripoll, la Policía Nacional colocó un coche sin distintivos y con las lunas tintadas en el garaje de la casa de su casa. Desde allí, el presidente de la Diputación fue trasladado al centro de Alicante, donde se encuentra la sede de la institución que dirige. En lugar de entrar por la puerta principal, el imputado fue escoltado hasta un pasaje subterráneo que une el edificio con una de las calles aledañas. Eso evitó de nuevo cualquier oportunidad de conseguir una imagen del político arrestado. Tal y como se acordó en la reunión de coordinación.

El arresto de José Joaquín Ripoll duró 12 horas, desde que la policía lo encontró en su casa en pijama hasta que salió de las dependencias policiales de Benalúa, en Alicante. Al día siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitió sendos conmunicados en nombre del juez de Orihuela. En los escritos, Carlos San Martín daba una versión distinta de los hechos. Aseguraba que él no había autorizado expresamente ninguna detención y que no había citado a nadie a declarar.

Sobre el papel, el texto remitido a la prensa dibujaba un comportamiento poco común: el de un juez que acaba de poner patas arriba la Diputación de Alicante y varias empresas constructors pero no solicita hablar con ninguno de los implicados. La nota, emitida por la cúpula judicial de la Comunidad Valenciana ,fue utilizada por el Partido Popular como argumento para deslegitimar la operación. Con ella en la mano, el diputado popular Esteban González Pons acusó a la fiscalía y al Ministerio del Interior de orquestar una campaña contra el líder del PP en Alicante. Su principal argumento fueron los escritos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la misma institución que archivó en agosto de 2009 las pruebas de la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana, retomadas ahora por los juzgados de Madrid bajo el caso Gürtel. El organismo ha autorizado también hasta seis veces el cambio de titular en el juzgado de Nules que investiga el Caso Fabra. La instrucción sobre el presunto enriquecimiento ilícito del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, lleva abierta ya más de siete años.