El senador Mur, su hijo y la millonaria estafa a China

La presunta estafa sufrida en España por una sucursal de la empresa china Sky Global Solar ha generado un conflicto diplomático con el Gobierno de aquel país. Fuentes diplomáticas confirman que China ha bloqueado de forma temporal inversiones en España por valor de 250 millones de euros hasta que el caso se esclarezca. Las mismas fuentes explican que se han paralizado los proyectos de varias empresas chinas dedicadas al sector energético que querían abrir instalaciones en España para utilizarlas como trampolín hacia América Latina. Los responsables comerciales de China han mostrado su descontento por el hecho de que después de ocho meses ni siquiera se hayan bloqueado las cuentas corrientes en el extranjero a las que presuntamente fue a parar el dinero que debía haber recibido Sky Global Solar por la venta en Córdoba de una planta de energía solar a la empresa FCC.

El máximo accionista de Sky Global Solar, Su Wie Li, fue quien señaló en su declaración ante el juez español al político José María Mur, senador del Partido Aragonés: “Que en esta sociedad conoce al señor Mur, que es un senador. Que estos dos hermanos [Antonio y Alberto Qiu] le presentaron al señor Mur y empezaron una relación y el senador le propuso invertir en esta empresa a través de [la sociedad] Collado de Artaza”. El senador Mur no ha sido llamado a declarar, pero si el juez viera indicios de delito en su actuación, debería pasar el caso al Tribunal Supremo, que tendría que presentar un suplicatorio al Senado para retirarle la inmunidad parlamentaria.

Lo cierto es que José María Mur era en abril de 2007 el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Y atendió como tal la visita de una delegación de empresarios chinos. Eran directivos de varios gigantes asiáticos de las energías renovables y, acompañados por diplomáticos y miembros del Gobierno chino, viajaron a Aragón para visitar campos eólicos. Entre ellos había miembros de Shanghai Electric, el gigante chino de la energía solar, con 6.800 millones de dólares de facturación al año. Meses antes, la empresa había abierto su primera delegación en España, llamada Sky Global Solar. Ésta estaba participada en su mayoría por un ex juez chino llamado Su Wei Li, y en menor medida por dos empresarios afincados en Barcelona desde hace más de 20 años: los hermanos Alberto y Antonio Qiu Xia, que controlaban la filial china sobre el terreno.

Dos años después, la empresa construyó su primera planta solar, que luego vendió a FCC. El beneficio de la operación fue de 29 millones de euros, saqueados de la empresa según la denuncia presentada ante el juzgado número 12 de Madrid. Los informes periciales encargados por el juez vinculan al entorno del senador José María Mur con la presunta estafa. Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso esta revista, nueve de esos 29 millones desaparecidos han terminado en cuentas abiertas en China y Hong Kong. Otro bocado de diez millones fue desviado a una empresa de Eslovaquia como pago por trabajos de intermediación que según las pesquisas nunca se hicieron. Y otros diez millones de euros siguen sin aparecer.

Los expertos judiciales relacionan con esta operación al administrador de la sociedad en España, Antonio Qiu, y a José Ángel Mur, hijo del único senador del PAR y que fi guró también en las últimas listas electorales del partido como suplente. En las investigaciones también aparece el nombre de Fernando Muniesa, quien fue cabeza visible de un grupo inversor que pretendía construir un megacomplejo con casinos y hoteles en Los Monegros. “En los correos analizados relativos a estas transferencias, se puede apreciar […] que Alberto Qiu, José Ángel Mur y Fernando Muniesa participan activamente en esta operación, dando instrucciones precisas”, se dice en el informe de los peritos requerido por el juzgado sobre las transacciones monetarias que sirvieron para desviar el dinero de la empresa.

En efecto, en mayo de 2007 la filial china se asoció con la empresa zaragozana Collado de Artaza. Como administradora única y propietaria de ésta aparece la abogada Esther Armas Lerena. Ni el senador Mur ni su hijo José Ángel aparecen en el accionariado de la firma. En su declaración ante el juez, la abogada Esther Armas aseguró que Collado de Artaza es sólo suya y que el senador Mur no tiene nada que ver en ella. En cuanto al hijo de Mur, José Ángel, la mujer indica que actúa sólo como abogado de la entidad, sin participación en el accionariado. Fernando Muniesa, asesor de la sociedad, ha insistido ante el juez en esta misma versión.

Sin embargo, un documento informático encontrado en la sede de Sky Global Solar en Madrid asegura que “el propietario actual del 100% del capital social y beneficiario último de Collado de Artaza es D. José Ángel Mur de Viu”. El documento es una carta remitida al director financiero de la empresa estafada con “pie de firma de Doña Esther Armas Lerena” y fue elaborado el 1 de octubre de 2008. Junto a esto, los peritos localizaron una hoja contable que parece referirse al dinero desviado a Eslovaquia por medio de la empresa TTC2. El documento habla de que el 23 por ciento del importe a repartir en una de las partidas sería para “Fernando”. Los expertos de KPMG, la auditora que realizó el informe para el juez, señalan: “Entendemos que en este concepto pudiera referirse a Fernando Muniesa”. Por el momento, tanto Muniesa como el hijo de Mur y Esther Armas carecen de imputación alguna en esta instrucción.

El 5 de diciembre de 2008, el mismo día que su jefe en China denunció la estafa (ver recuadro de esta página), el administrador de la sociedad en España, Antonio Qiu, envió un burofax a los socios: “En el supuesto caso de haberse cometido alguna irregularidad sería usted igualmente responsable, máxime si se hubiera beneficiado de tales operaciones desde un punto de vista fiscal, en cuyo caso la responsabilidad se extendería no sólo a los accionistas de Sky Global SA, sino a sus titulares y la familia del senador José María Mur Bernard”.

Cláusula sospechosa

El 18 de diciembre de 2008, un día antes de que se elevase al juzgado el primer informe de la Guardia Civil sobre el caso, Collado de Artaza se deshizo de todas sus acciones. Y estipuló en el contrato con el comprador, Antonio Qiu, ahora fugado, una cláusula que llamó la atención al juez: “Que los contratos firmados por las sociedades TTC2 y Ard-Choille BV corresponden a servicios de intermediación o aseguramiento relacionados con la venta de participaciones de Sky Sierresita [empresa propietaria de las plantas vendidas a FCC]. Los consideré necesarios para el desarrollo futuro de la sociedad y se corresponden con el tráfico normal de la misma”. Los contratos con estas dos sociedades son los que el juzgado analiza como canalizadores del presunto desfalco de 29 millones de euros.

En los primeros compases, el administrador de Sky Global asegura ante el juez que fue la empresa Ard Choille la que presentó a Sky Global y FCC. Y por eso se le pagó una comisión millonaria. Era falso, y tras su declaración judicial, Antonio Qiu se reunió con José Manuel Orejón, subdirector de Espelsa, la filial que FCC utilizó para comprar los parques. Y le pidió que le firmara una carta falsa que acreditara supuestos contactos anteriores con Ard Choille. Orejón se negó y aportó el documento al juzgado, confirmando que nada de lo que allí figuraba era cierto. Nadie conoce a Arch Choille. Ni siquiera se dedica al sector energético. Es una empresa pantalla, una mailbox, donde desviar el dinero para ocultar su rastro. Nueve millones y medio de euros fueron a parar a esas cuentas. Desde allí, el dinero era remitido a China y Hong Kong, donde se depositó en cuentas de familiares de Alberto Qiu.

El informe de los peritos judiciales considera que Muniesa y José Ángel Mur tuvieron una participación activa en el desvío de los diez millones de euros a Eslovaquia. Según los peritos, Muniesa, Mur y Qiu crearon una serie de cartas falsas para justificar la transferencia de fondos a la sociedad eslovaca. Y se las dieron a firmar a varios de sus proveedores de placas solares y empresas colaboradoras. Sin embargo, los auditores han comprobado que esas empresas ya colaboraban con Sky Global antes de la fecha de firma de los supuestos contratos. “De su lectura [de los correos que figuran en el sumario] se desprende que son los señores José Ángel Mur y Fernando Muniesa quienes dirigen el proceso de firma de las cartas, dando instrucciones detalladas a Alberto [administrador de la sociedad] para que este llame a los proveedores para que firmen las mencionadas cartas”.

TTC2, la presunta empresa pantalla, está domiciliada en Bratislava como promotora de actos turísticos y su consejo de administración está compuesto por dos italianos. Nadie conoce a la empresa en el edificio, ni tiene una oficina. Incluso carece de inscripción o nombre alguno en el buzón, como marca la legislación del país. Según la declaración de Esther Armas, el hijo del senador sólo actuaba a sus órdenes y esos correos eran para confirmar los compromisos de pago legítimos con estas sociedades. El informe de los expertos en delitos financieros de KPMG termina con la recomendación de que el juzgado bloquee las cuentas de estas empresas y pida comisiones rogatorias a Holanda, República Eslovaca, Reino Unido, China y Hong Kong. Lo mismo que esperan las autoridades chinas.