Aparentemente son atractivas ofertas de empleo que llegan al correo electrónico, pero detrás hay mafias que pretenden captar ingenuos que saquen del país dinero robado. Se aprovechan de la desesperación de tres millones y medio de desempleados… y de algún avispado que ve la forma de ganar dinero rápido.
Oportunidad de trabajar en una importante empresa internacional”, “2.500 euros al mes, sólo 4 horas al día”, “Trabajo para gente española”… Se calcula que diez millones de correos electrónicos con encabezamientos similares circulan en este momento por la red. Ofrecen empleos con unas, aparentemente, excelentes condiciones: la posibilidad de trabajar en multinacionales u organismos internacionales, sólo unas horas por la mañana, compatibilizando con otras actividades, sueldos altos más comisiones… y sin necesidad de experiencia. ¿Todo ventajas? En verdad, detrás de estas ofertas, hay mafias internacionales, especialmente del Este de Europa, que pretenden captar personas para que saquen del país el dinero que previamente han robado a otros incautos. Ser víctima de lo que ya se conoce como scam (un paso más del spam, correos basura) puede salir muy caro: los delitos de estafa y blanqueo están castigados con penas de hasta tres años de cárcel.
Lo tienen todo perfectamente organizado. Ofrecen trabajo como intermediarios financieros entre clientes y multinacionales. Lo único que hay que hacer es abrir una cuenta corriente (preferiblemente en grandes bancos) a la que harán transferencias de 3.000 euros (es habitual que no sean grandes cantidades para que sea más fácil hacer desaparecer el rastro del dinero, aunque pueden llegar a ser de hasta 12.000 euros). Sólo hay que sacar el dinero, llevarlo a una oficina de envío de dinero rápido como Money Gram o Western Union y enviarlo a la dirección que indiquen, en algún país del Este. Y por ese sencillo trabajo que sólo ocupa unas horas por la mañana ofrecen un sueldo fijo de entre 700 y 2.500 euros (dependiendo de la empresa), más una comisión de entre el 4 y el 7 por ciento de cada operación. En total, el sueldo puede llegar a 3.500 euros mensuales. Incluso aseguran que hacen un contrato laboral legal para justificar los movimientos de la cuenta, que en verdad no tienen validez alguna (ver recuadro). Se trata de una obra de ingeniería informática para disfrazar un delito: el dinero no procede de una transferencia comercial entre dos empresas sino que se trata de los ahorros que le han robado a una víctima del phishing (ver recuadro arriba). Cuando éste se da cuenta del desfalco, lo denuncia y el banco sólo tiene que ver a qué cuenta ha ido la transferencia. Y la mula o mulero (así llaman al que transporta droga o dinero) es detenido, puesto a disposición judicial y condenado. “Judicialmente se convierte en el único culpable; es el único que pierde, puesto que ni policía ni jueces llegan a dar con los auténticos responsables, que están en la antigua URSS”, denuncia Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, que lleva años denunciando estos delitos informáticos.
“El ciberdelincuente es igual que Tony Leblanc en la película ‘Los tramposos’. Busca la avaricia o la desesperación de la gente y se queda con el dinero sin despeinarse”, explica Domingo, que anuncia que desde el pasado mes de febrero se está detectando una nueva avalancha de estos correos para captar muleros. A pesar de que estas prácticas fraudulentas se empezaron a detectar en 2004, la crisis y tres millones y medio de parados tienen la culpa de esta última ola, especialmente agresiva. “Esta situación es muy propicia para que la gente pique porque hay mucha necesidad y falta de dinero. Para muchos, en otro momento, estos ‘mails’ pasarían desapercibidos”, apunta Domingo, motivo por el que “hay quien quiere creer que estos trabajos son reales sin hacerse preguntas como para quién trabaja o de dónde viene el dinero realmente”.
Las artimañas de los ciberdelincuentes para conseguir víctimas no tienen límites. Incluso se hacen pasar por organismos de la Unión Europea, Hacienda u ONG que necesitan intermediarios para transferir fondos de ayuda entre supuestos donantes y beneficiarios, casualmente ubicados en países del Este. Uno de ellos, por ejemplo, solicitaba colaboradores para que no desapareciera el coro de niños de San Petersburgo.
A la espera de sentencia
Dolores, que prefiere ocultar su verdadera identidad, no necesitaba un trabajo, pero cayó en la trampa pensando que ayudaba a unos niños rusos. El procedimiento era el mismo, así que en su cuenta corriente recibió dos transferencias, en mayo de 2006, por un total de 4.176 euros, que envió por Western Union al lugar que le indicaron por teléfono, descontando 228 euros, un 5 por ciento del total, que incluía las comisiones bancarias. Cuatro días más tarde recibió otra transferencia de 2.895 euros, pero el banco lo registró como “transferencia fraudulenta” y bloqueó la cuenta. No tuvo opción ni de sacar su dinero. Dos meses más tarde se le pidió que se presentara en la comisaría para declarar por supuesta apropiación indebida, fue detenida y puesta a disposición judicial. El juez ordenó su puesta en libertad sin fianza. A pesar de que su abogado ha acreditado que fue víctima de una estafa de phishing-scam, está a la espera de que se resuelva el caso, en el que puede ser condenada por apropiación indebida y blanqueo de capitales.
“Los jueces en estos casos no tienen en cuenta la presunción de inocencia, no analizan las características de cada caso, ni solicitan informes periciales de la manipulación informática, ni estudian los elementos objetivos que hacen dudar de si una persona ha sido engañada o no… se limitan a cortar y pegar la sentencia del Supremo de 2004”, se queja Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, especialista en delitos tecnológicos. Se refiere a una sentencia que condenó a siete personas que se limitaron a abrir una cuenta y recibir transferencias y que ha creado jurisprudencia. “Para los jueces, es un tema de dinero y hay que resarcir a los estafados (víctimas de phishing). Como un condenado a dos años de prisión difícilmente va a la cárcel, los jueces dicen: «Ya recurrirá», pero normalmente la gente lo pasa tan mal que lo que quiere es olvidarse del caso y nadie recurre”, explica la letrada, quien se pregunta por el papel que en estos delitos juegan los bancos: “Es crucial, ¿cómo no detectan inmediatamente las transferencias fraudulentas? Si no lo hacen ellos, ¿cómo lo va a hacer un señor de la calle que piensa que trabaja para una empresa o que colabora con una ONG?”. Tejerina asegura que en 2008 atendió 3.000 consultas sobre esta estafa, más que denuncias contra operadores de telefonía o compras de internet.
Sólo en 2008, la Policía Nacional detuvo a más de 100 personas por delitos informáticos que incluían phishing y scam, que en total habían estafado más de cuatro millones de euros.
Desde la Asociación de Internautas exigen una justicia más rápida y preparada para los ciberdelitos. “Deberíamos tener una justicia ‘on line’, más adelantada, porque los ciberdelincuentes siempre van años por delante”, reclama Víctor Domingo, quien pide “unos juzgados ex profeso para los ciberdelitos; con casos como el ‘phising-scam’ vemos que hay una necesidad real“. Y lo justifica: “Si la justicia va tan lenta puede darse que haya quien decida tomar atajos y eso puede ser un serio problema. Nadie, salvo un juez, puede clausurar una página. No nos podemos imaginar a un banco cerrando las páginas que les suplantan argumentando un perjuicio porque, si no, también podría hacerlo la Iglesia con los medios que no son afines, un alcalde al que se le acusa de prevaricación… De seguir así las cosas, el Estado de derecho en el mundo digital puede estar en serio peligro”.







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