El testigo de cargo amenazado de muerte

Es una de las piezas claves del procedimiento judicial, el hombre que oyó a María Dolores Martín Pozo amenazar de muerte a su marido, Miguel Ángel Salgado, dos meses antes de que un sicario acabase con su vida. Desde hace unas semanas, este testigo de cargo contra la abogada, encarcelada por encargar el asesinato de su marido, recibe amenazas de muerte. Según ha podido saber interviú, este testigo –vigilante de seguridad– denunció hace unos días en los juzgados de la madrileña plaza de Castilla que estaba recibiendo llamadas amenazantes en el teléfono móvil y en el de su domicilio particular. En muchas de estas llamadas, el comunicante permanece en silencio y otras veces, especialmente cuando la llamada la contesta su esposa, lo amenazan de muerte.

El testigo declaró ante la Guardia Civil el 30 de marzo de 2007, dos semanas después del asesinato de Miguel Ángel Salgado. Recordaba perfectamente lo ocurrido en los juzgados de familia el 24 de enero anterior, la fecha en la que se celebró la vista del divorcio de Miguel Ángel y María Dolores y de la custodia de la hija de ambos. “Me llamaron para que subiera a la cuarta planta, al juzgado 24, porque había problemas con una pareja –indicó en su declaración ante la Guardia Civil–. Pensé que el problemático era el hombre, pero al subir vi que el hombre se ponía a mi lado y no se separaba de mí, estaba muy nervioso... Los funcionarios me pidieron que acompañara al hombre a salir a la calle, porque tenía miedo de la otra parte, tres mujeres... En el ascensor, el hombre me repetía constantemente que no me separase de él, que tenía mucho miedo”. El vigilante acompañó hasta la calle al hombre que le pedía ayuda, que era Miguel Ángel Salgado. Fuera, las tres mujeres le increparon con insultos diversos: “Hijo de puta, te tenía que matar a tus hijos la ETA”, “cabrón”. Una de ellas, que el vigilante identificó después como Dolores Martín, lanzó en voz alta una amenaza muy concreta: “Cabrón, te tengo que matar, te tengo que ver muerto”.

Aquella mañana debió de ser dura para Dolores. La vista en la que se fijaban las condiciones del divorcio y, sobre todo, la guarda y custodia de su hija, no salió bien para los intereses de la abogada, casada en junio de 1998 y separada de Miguel Ángel desde diciembre de 2001. El procedimiento de separación estuvo salpicado por una docena de denuncias cruzadas, pero los informes de los psicólogos y de los trabajadores sociales –que fueron recogidos en la sentencia de divorcio– fueron demoledores para Dolores Martín: “La conducta de María Dolores parece ser claramente obstaculizadora de los contactos entre la menor y su padre, ya que no ha permitido las visitas entre ambos desde hace tres años, con diferentes excusas y pretextos, e incluso graves acusaciones vertidas contra el padre por supuestos abusos sexuales, que han quedado desacreditados”. Además, los informes dejan claro que el comportamiento de la mujer “es compatible con alguna de las formas en las que se presenta el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP)”.

El juez concedió la guarda y custodia de la niña a Miguel Ángel, y prohibió que la madre viera a la niña durante los seis meses siguientes, pero la sentencia está firmada el 14 de marzo de 2007, el mismo día que tres balas acabaron con la vida del hombre. Las disputas familiares y el testimonio del vigilante que oyó las amenazas dieron a la Guardia Civil el móvil del crimen, máxime cuando la vida de la víctima no tenía mácula. Más de un año después del crimen, en mayo de 2008, la Guardia Civil detuvo a tres personas: María Dolores Martín Pozo, Charles Michael Guarín Cercos (presunto autor material) y Eloy Sánchez Barba, amigo de Dolores, escolta de Ana García Obregón y presunto intermediario en el asesinato de Miguel Ángel Salgado.

Las declaraciones de Eloy desde el día de su arresto tampoco han sido de mucha ayuda para María Dolores. El pasado 24 de julio, el escolta volvió al juzgado para declarar: “Me dijo que quería dar un susto a su marido, que su hija sufría abusos por parte de su padre y que le iban a quitar la custodia. Quería darle un susto para que desistiera... Me llamaba muchas veces llorando diciendo que le iban a quitar a la niña y por eso accedí”.

El escolta de Ana Obregón incluso habla de la cita en la que se debió cerrar el acuerdo entre la presunta inductora y el presunto autor material: “Cuando decidí echar una mano a Dolores me puse en contacto con Michael porque se pasó por un local mío. Se lo comenté, me dijo que sí y quedaron este señor y María Dolores en un café de Gran Vía”.

Tanto Dolores como Charles Michael no han reconocido los hechos que se les imputan. Pero el presunto asesino dejó constancia de sus tratos con Eloy en un dibujo encontrado en su domicilio (ver recuadro). El propio Eloy declaró en el juzgado que pagó unos 1.200 euros mensuales a Guarín “por miedo a que me matara”.

Eloy permanece en prisión y no pudo hacer nada por evitar su detención, pese a que era puntualmente informado de los movimientos de los investigadores, gracias a sus privilegiadas relaciones con policías y guardias civiles. Un agente del Instituto Armado, amigo de Eloy, avisó al escolta de Ana Obregón de que estaba siendo investigado. El propio Eloy llamó a los encargados de las pesquisas –Grupo de Homicidios de la Comandancia de Madrid–y se ofreció a dar información, lo que ocurrió el 28 de marzo. En el encuentro, Eloy apuntó la supuesta afición de la víctima a los juegos de rol como posible móvil, según la tesis que María Dolores expuso en Telemadrid dos días después del asesinato.

Eloy tenía entre sus amigos a dos sargentos de la Guardia Civil y a varios policías municipales a los que presumía de dar trabajo como porteros del Palacio de Gaviria. Sus buenas relaciones no le sirvieron para evitar una investigación, que se prolongó 14 meses. En diciembre, cuando Eloy estaba en el punto de mira de los investigadores, habló con uno de sus amigos guardias, que le preguntó: “¿Te han vuelto a llamar los de Tres Cantos? (sede de la Comandancia de Madrid)”. Eloy responde tranquilo: “No me han llamado para nada. Habrán visto que no soy tan malo como piensan”.

Eloy, Charles y Dolores esperan el juicio por el crimen de Miguel Ángel. Mientras, la Comunidad de Madrid se ha hecho cargo de la hija de la víctima y la presunta inductora. La niña, de siete años, visita los fines de semana a sus abuelos maternos y paternos. Cada cinco semanas va a la prisión de Alcalá para encontrarse con su madre.