El tripartito del ladrillo

Quizá sea que los pactos antinatura no pueden acabar bien. Las elecciones municipales de 2003 dieron pie a una extraña alianza en la corporación municipal de Castro Urdiales (Cantabria): Partido Popular (PP), Partido Regionalista Cántabro (PRC) e Izquierda Unida (IU). Una pinza triple que dejó en la oposición al PSOE, que había ganado las elecciones locales. Las consecuencias de este pacto y de la presión inmobiliaria es que en esta legislatura han abandonado ya el Consistorio, con querellas contra los políticos municipales, el interventor, la técnico de Medio Ambiente y el secretario municipal, éste último tras denunciar amenazas e intento de secuestro.

Castro Urdiales es la tercera ciudad de Cantabria, tras Santander y Torrelavega. La peculiaridad de la villa marinera es que está a apenas media hora por autovía de Bilbao y la margen izquierda del Nervión. Desde hace algo más de una década los bilbaínos fijaron en su radar la posibilidad de vivir en una ciudad más barata, bonita y a sólo media hora del centro de Bilbao. La voz se corrió y así Castro Urdiales recibió miles de nuevos vecinos. Es decir, que pasó de algo más de 20.000 habitantes a 48.000 censados y otros 20.000 que, según cuentan quienes han seguido la evolución del urbanismo de esta villa, viven allí pero siguen empadronados en Vizcaya por motivos fiscales o de servicios de salud. Es decir, una presión que puede llegar a agobiante para un entorno limitado como Castro Urdiales.

Una presión que se traduce en la edificación de una media de mil viviendas anuales. “Comparado con otros lugares puede parecer poca cosa, pero en el entorno de la costa norte de España es una cantidad tremenda de viviendas”, asegura Fernando Urruticoechea, anterior interventor del Ayuntamiento que ha tenido que abandonar su puesto en este municipio “tras sufrir un claro acoso y ‘mobbing’ por parte de los políticos locales”, explica. No tiene empacho en afirmar que “Castro Urdiales es hoy una pequeña Marbella del norte”.

Hay varias formas de ver la realidad de Castro Urdiales. Una es subirse a uno de los montes circundantes y echar un vistazo. Bloques dispares y densos se han encaramado hasta al brazo verde del bello istmo que enmarca el este de la bahía de Castro Urdiales. Una urbe de casas nuevas crece ladera arriba de lado a lado de la bahía. También por los núcleos menos habitados de la ciudad. Un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) exprimido hasta el límite, grúas y hormigoneras por doquier.

Otra consiste en repasar las sentencias de los últimos años que, en cascada, van cayendo sobre el planeamiento urbanístico de Castro Urdiales y la acción de sus responsables políticos. Casi cada semana los jueces dictaminan que un trozo de urbanización es ilegal, decretan piqueta para unos chalets, actúan en casos de viviendas con ciudadanos dentro que no tienen ni siquiera la cédula de habitabilidad o derogan normas dictadas desde el Ayuntamiento. Normas dictadas contra la opinión, el consejo y los informes de los mismos funcionarios municipales que tienen que asesorar y ordenar la voluntad de los políticos.

No olvidemos otra forma de leer la realidad de la política urbanística de la bonita ciudad de Castro Urdiales: las páginas de sucesos. En ellas ha salido frecuentemente el último secretario del Ayuntamiento, José Manuel Ballesteros. Hoy Ballesteros está de baja médica, alejado de sus responsabilidades en un puesto clave dentro de la corporación municipal. Antes había denunciado amenazas, agresiones, acoso, hasta un intento de secuestro.

A Fernando Urruticoechea no le extraña, en vista de su propia experiencia. “Cuando llegué al Ayuntamiento me di cuenta de que no se habían cobrado los aprovechamientos urbanos, plusvalías ni nada por el estilo en la última década –explica el funcionario–, que los expedientes estaban por ahí, metidos en bolsas negras y gigantes de basura”. Se dejó de cobrar a constructoras por miles de millones de pesetas. Urruticoechea no había hecho sino comenzar su calvario, que pasó por lo que denunció como una detención ilegal, hurto, injurias y mobbing, todo ello traducido en cinco denuncias y querellas criminales.

Los problemas de Urruticoechea no fueron sino un precedente de los que padeció después Ballesteros. El grado máximo de tensión se alcanzó cuando, según la denuncia del funcionario municipal, el día 6 de octubre de 2006, cuatro personas le intentaron meter por la fuerza en un coche. Logró zafarse a patadas de sus agresores y huyó corriendo hasta refugiarse en un centro de salud del pueblo, donde dijo que le faltaba el aire y le dolía el pecho. A continuación cayó sin sentido. Ballesteros pidió entonces protección policial a la Guardia Civil.

La corporación municipal, ya enemistada públicamente con él, siguió no obstante con una política de declaraciones agresivas en la prensa contra su secretario. La denuncia por el intento de secuestro no era más que la última de otras por insultos, agresiones y amenazas. A la cabeza de la pelea contra el secretario del Ayuntamiento están las dos cabezas visibles del tripartito: el alcalde Fernando Muguruza, de PRC, y el concejal de Obras, Salvador Hierro, de IU.

Ballesteros, que debería dar validez jurídica a las disposiciones del equipo de Gobierno, mostró nada más llegar a Castro Urdiales, en 2005, serias dudas sobre la legalidad de las decisiones municipales. El secretario decidió declarar ante el fiscal sobre presuntas prevaricaciones cometidas por el tripartito de Castro Urdiales. Como explica la web que mejor sigue estas peripecias, atalayadecastro.com, “¿por qué contra el secretario?”.

Las sospechas se ciernen sobre operaciones como la llamada Área de Planeamiento Diferido (APD) 2, la edificación del bello istmo de Castro. Por medio de un convenio el Ayuntamiento vendió a los promotores el suelo a 235 euros el metro cuadrado, una cifra que se considera ridícula si se compara con otros convenios con suelo industrial valorado en 1.200 euros en el mismo pueblo.

Las últimas represalias se han tomado contra la técnico municipal de Medio Ambiente, Ana Mora, que ha informado sobre vertidos ilegales en el municipio.

Todo esto ha provocado una grave inseguridad jurídica entre ciudadanos como los propietarios de 79 viviendas situadas en un extremo de la playa, en el barrio de Ostende. El Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que sus magníficos pisos con vistas al mar son ilegales.

“El problema –explica Michelle Maullemans, vocal en una de las juntas vecinales por el PSOE– es que esa gente compró las viviendas con sus ahorros, pensando que eran legales”. Esta mujer de origen belga que lleva décadas viviendo aquí, es una de las abanderadas de la oposición al ladrillazo. Suyas son varias de las denuncias por irregularidades urbanísticas y sentencias favorables, también. La crisis institucional que ha provocado el acoso que denuncian los funcionarios municipales, la edificación de viviendas que acaban siendo ilegales, ha hecho que un movimiento vecinal, Otro Castro es posible, convocara hace dos meses una manifestación pidiendo que se disolviera la corporación municipal.

Las cuentas municipales están siendo ahora analizadas por el Tribunal de Cuentas tras un escrito interpuesto por el PSOE. Pero el tripartito no se tambalea. Según se explica en el pueblo, el concejal de IU Salvador Hierro, Chito para el siglo, había entablado amistad con José Miguel Rodríguez, el portavoz del PP, cuando fue vigilante en un bar del dirigente popular. Más tarde, la aritmética electoral permitió un extraño tripartito que dio _ n a doce años de gobierno socialista. La legislatura ha sido convulsa, ya que varios tránsfugas del PP y PRC intentaron, junto a concejales del PSOE, que prosperara una moción de censura contra Muguruza. El alcalde se salvó y el PSOE expulsó a varios de los concejales que más se significaron en favor de la moción de censura.

Con esta situación política precaria, los funcionarios municipales más importantes denunciando las prácticas del equipo de Gobierno, un intento de secuestro del secretario municipal y continuas sentencias en contra de las disposiciones urbanísticas del equipo de Gobierno, Castro Urdiales sigue impasible su vida. En la cafetería Texas, en el paseo marítimo, constructores y políticos siguen alternando con la fuerzas vivas del país, algunos incluso al perezoso sol de este extraño invierno. Y las grúas, trabajando a todo trapo. La última urbanización crece, también con amenazas de denuncia, a la vera de la autopista que va de Bilbao a Santander. La pinza sigue funcionando.