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En las mazmorras de Hasán

Fecha: 19/11/2007 0:00 Joaquín VIDAL ico favoritos Añadir a favoritos
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Han sido necesarios más de 20 informes de la ONU y que se acrediten torturas y asesinatos para que se investigue qué pasó en el Sahara Occidental desde 1976, tras la salida de España. El juez Garzón tramita una querella por genocidio al pueblo saharaui, con 32 miembros de la seguridad del Estado marroquí como acusados.

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Los ejecutores

Una ventana que da al patio trasero de las relaciones internacionales, a la mala conciencia de los españoles. La querella que tramita el juez Baltasar Garzón por genocidio del pueblo saharaui es una visita a las mazmorras de Hasán II y su hijo Mohamed VI en lugares que ya forman parte de la ignominia, como la Cárcel Negra de El Aaiún. La querella, defendida por el letrado español Manuel Ollé y presentada por asociaciones de familiares de presos y desaparecidos saharauis, así como por asociaciones españolas pro derechos humanos, detalla y documenta el asesinato de 56 personas –incluido algún bebé– y la desaparición de 150. Son los casos que han podido documentarse de una represión que alcanzó a miles de detenidos ilegalmente y puso en fuga a 40.000 refugiados.

Historias como la de Mohamed Saleh Alí Mannou, detenido el 29 de marzo de 1979 en Labairat, en el desierto, cuando huía buscando los campamentos de refugiados. Dos gendarmes, según la acusación, le ataron a él y al joven Mohamed Embarek “a un barril de madera con cuerdas en pies y manos, suspendiéndoles en el aire, pegándoles con cuerdas y látigos, poniéndoles en la cara trapos con agua del váter…”. Más adelante, a él y a los detenidos les inlfigían otro tipo de dolor: “...traían a las mujeres atadas para torturarlas ante ellos (ellos de pie, atados con las manos a la espalda, un pie en el suelo y el otro doblado por la rodilla atado al muslo), colocaban a las mujeres debajo y las golpeaban”, cuenta la querella.

Cada 6 de noviembre es fiesta en Marruecos, y es día de luto en el Sahara desde hace 32 años. Los que hace que la Marcha Verde irrumpió desde Marruecos. Comenzaba una historia de horror y sangre. De acuerdo con el relato que Garzón investiga, no se trató sólo de una represión en caliente según entran las Fuerzas Armadas Reales marroquíes en la colonia, sino de una actuación continuada con asesinatos y torturas en años tan recientes como 1987 o 2001. Según los promotores de la querella, las cosas siguen más o menos igual desde la muerte del viejo rey Hasán II, en julio de 1999. “Aún hoy no podemos buscar fosas comunes, porque no podemos operar en el territorio ocupado”, explica Mohamed Labeid, secretario general de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que promueve la querella. El 29 de octubre, cuando Garzón la admitió a trámite, Labeid recibió la noticia en su casa; una llamada de Ollé cuando Labeid trabajaba en la web de la asociación: “Fue como ver nacer a un hijo. Hemos trabajado muy duro para juntar la información que está en la querella. La del Sahara es una matanza como las de Argentina, Chile o Guatemala, pero es el desierto, la gente está dispersa, nomadea, y es mucho más difícil obtener fotos, testimonios”. Labeid tiene implicación directa en la causa. Su hermana Kaltum tenía 21 años cuando, en 1992, “la secuestraron agentes marroquíes, Hasta 1996 no supimos de ella”. Un tribunal militar la sentenció a 20 años, pero la presión internacional la liberó en 1999. “En 2002 la mataron. Un camión militar la atropelló. Nadie vio nada; nadie dijo nada”.

La querella describe los interrogatorios de las fuerzas marroquíes en el Sahara con un largo y estremecedor párrafo: “Introducción de botellas en el ano; arrancarles las uñas (…); colgar al detenido en una barra de hierro, con las manos atadas detrás de las rodillas; con un trapo sucio introducido en la boca se les rocía con un fuerte chorro de agua con ácido hasta la pérdida de la conciencia de la víctima; aplicación de corriente eléctrica en los genitales; inmersión de la cabeza hasta la asfixia en una piscina llena de agua y ácido, y excrementos, orina, o químicos como lejía; ingestión de excrementos a la fuerza; introducción de la cabeza en una bolsa de tejido sucio hasta la as_ xia parcial (…); obligar a la víctima a permanecer erguida sobre un solo pie descalzo, y desnuda durante horas; golpear la cabeza de la víctima violentamente contra la pared (...); violaciones y maltrato sexual (…); permanecer durante días con los cadáveres en las celdas; permanencia en celdas con manos atadas y ojos vendados durante meses y en ocasiones hasta años...”.

Según los denunciantes, el terror se extendía arbitrariamente por todo el territorio. Ciudadanos que son metidos en coches militares sin explicaciones, familias enteras que pasan por los calabozos, niños que desaparecen. El denominador común de los testimonios es el escalofrío. Es, por ejemplo, el caso de la saharaui El Habla Lahib Abdelah, detenida el 12 de julio de 1976. Con otros detenidos, fue concentrada en el campamento militar de Erbaib. Antes había caído su marido. Ella, su cuñada y una sobrina, fueron metidas maniatadas y con los ojos vendados en un Land Rover de la Gendarmería. Durante más de un año pasó también por un cuartel de Esmara y por la Cárcel Negra. “Electricidad en las orejas, manos y pies, atarlas boca arriba en una mesa con cuerdas y un trapo con productos químicos u orina colocado en la cara, o colgarlas de unos hierros boca abajo suspendidas en el aire atadas de manos y pies, fueron algunos de los métodos empleados”, dice la querella. El Habla tenía cuatro hijos, uno de 20 días. Tuvo que dejar al bebé, que murió a los pocos días por falta de alimento.

Hay casos de bebés de seis meses capturados cuyo paradero se desconoce, como durante la represión militar en Argentina. Y al igual que bajo las dictaduras del Cono Sur americano, cualquier actividad civil se volvía peligrosa. El 30 de marzo de 1976 Mohamed Lahbib Erguibi obtuvo audiencia en la Secretaría General del Ministerio de Asuntos Islámicos, en la que trabajaba. Pero en vez de una entrevista con el secretario general, tuvo lugar una detención. Cuenta la querella que el secretario “lo invitó a sentarse y procedió a abandonar la habitación dejándolo solo; al poco tiempo entraron dos hombres (…) y le invitaron a que los acompañase”. Lahbib fue llevado a Casablanca. “Le volvieron a colocar una venda en los ojos, ordenándole que se tumbara en una manta que había en el suelo, debiendo permanecer boca arriba inmóvil y sin hablar. Todos los que iban pasando le daban patadas”.

“No comieron, no bebieron...”

La entrada a sangre y fuego se extendió por todo el Sahara Occidental y gran parte de Marruecos. En la madrugada del 26 de febrero de 1981 fue detenido Boujlal Alí en su casa de la ciudad de Tan-Tan. Estuvo, como otros cautivos, “cinco días de pie, desnudo, con vendas en los ojos, atado de pies y manos. (…) En ese tiempo no comieron, no bebieron, no durmieron, y cuando se caían eran golpeados con látigos para que se levantasen o les aplicaban electricidad”, dice la querella. Se documentan secuestros incluso en 2001. Los querellantes detallan al juzgado un capítulo dedicado al recrudecimiento de la represión ya en el reinado del actual monarca alauí, Mohamed. La investigación de esta represión ha requerido 20 informes de la ONU, especialmente de su Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas, así como de Amnistía Internacional, incluso del Consejo General de la Abogacía español. En estas informes se identifican los lugares de tortura: Kaalat Maguna, Agdez, Skoura, Deerbmulay Akli Chery o Ifni. Hay dos lugares más significados: el Puesto de Mando de la Compañías Móviles de Intervención (PCCMI) y el antiguo Batallón de Instrucción de Reclutas del Ejército español en El Aaiún, la conocida como Cárcel Negra. Todas éstas son consideradas “cárceles secretas”.

Consecuencia de esta actividad criminal represora son las fosas comunes halladas hasta el momento, a pesar de la obstrucción marroquí. Se han localizado fosas en el este de Esmara –en Chadería– en Lembaied –cerca de Tan-Tan–, y en la playa de El Aaiún.

Los autores de estas atrocidades están identificados. Desde los torturadores hasta los organizadores, 32 están en la querella que tramita la Audiencia Nacional. En este tétrico panorama, hablar de derechos civiles o procesales es una quimera. Sin embargo, es uno de los argumentos de la denuncia. “Somos un pueblo lo suficientemente pequeño –explica Mohamed Labeid– como para que no haya una sola familia saharaui sin un muerto o un preso. Y el 70 por ciento de los casos presentados son de personas que tuvieron DNI español”. Muchos eran antiguos funcionarios de la Administración española, incluso soldados del Ejército español. La razia no se paró en barras de sutilezas de soberanía.

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