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El fiscal pidió en un escrito acusarla de prevaricación urbanística y malversación de fondos públicos dentro de la trama corrupta de Ignacio Gónzalez. Ha dejado su puesto

Esperanza Aguirre, salvada

Fecha: 04/12/2017 • Luis Rendueles/Vanesa Lozano ico favoritos Añadir a favoritos
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Un arrepentido ha permitido desentrañar las cloacas de la trama de corrupción de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre. Según su testimonio, González aseguraba que el dinero negro procedente de comisiones era “para su jubilación”. En sus pesquisas, el fiscal anticorrupción ya había redactado un escrito en el que proponía acusar a Esperanza Aguirre de delitos penados con diez años de cárcel. Pero el fiscal ya no trabaja allí. | Sigue leyendo.

Las investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sobre la operación Lezo avanzaron de forma sustancial gracias a un delincuente arrepentido, un ciudadano colombiano que fue parte de la red corrupta de Ignacio González y ha contado (y ha aportado correos electrónicos y documentos) cómo funcionaba. Según su versión, Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y jefe del Canal de Isabel II (la empresa pública de agua) era “el que mandaba” y fue quien se llevó más dinero negro (1.8 millones de dólares) en comisiones tras la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao (las investigaciones apuntan a que esa firma tenia un valor de cinco millones de dólares y se pagaron 21,5 millones de dinero público).

En la picota

El delincuente arrepentido, de profesión abogado, que pasó por la cárcel colombiana de La Picota y acaba de recuperar la libertad, recordó ante el fiscal anticorrupción Carlos Yáñez y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que “González dio la orden (de aprobar la operación de compra). Se hizo una presentación en Madrid con un power point sin aportar siquiera valoración ninguna de la empresa”. Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción han permitido localizar ya (y bloquear) 18 millones de la trama corrupta en una cuenta corriente en Suiza y 5.4 millones de dólares más que estaban ocultos en Panamá y otros paraísos fiscales.

Con todos los frutos de las investigaciones, la fiscalía ya había preparado un escrito de acusación (solo por la compra de la sociedad brasileña) en el que se pedían ocho años de prisión para el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según ha podido confirmar esta revista. En esa operación, según las pesquisas, recibieron dinero negro el propio González, su amigo, ex delegado del Gobierno en Ceuta y posible testaferro Luis Vicente Moro (900.000 euros cada uno) y también Rodríguez Sobrino, que fuera mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II, amén del arrepentido.

Parte del dinero que recibió el ex delegado del Gobierno en Ceuta acabó en una cuenta en República Dominicana, según las pesquisas. El delincuente arrepentido refiere en sus declaraciones que llegó a haber polémica por el reparto de las comisiones (Ignacio González se llevaba el doble de dinero negro que el resto, incluso había sospechas de que podía haberse llevado el triple que los demás). Cuando algunos expresaron sus quejas, el mensaje que recibieron de parte del político español, según este arrepentido, fue que ese dinero  “era para su jubilación, que lo necesitaba para cuando se retirara de la politica”

La compra de Emissao es solo una de las cinco piezas de la operación Lezo que investiga la Audiencia Nacional. Ignacio González, que salió de prisión el 8 de noviembre tras pagar una fianza de 400.000 euros, está acusado de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

El campo de golf

En otra de las piezas de la trama se investiga una operación similar. Ocurrió en 2001, cuando el Canal de Isabel II perdió 40 millones de dólares en otra inversión. Cuando Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid, la empresa pública pagó 73 millones de dólares por una firma colombiana (Inassa) que, según los datos obtenidos por la fiscalía valía, 32 millones.Las investigaciones de la fiscalía española avanzaban también a buen ritmo. Según ha podido saber interviú, el juez ha imputado ya al que era presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal había propuesto que se le tomara declaración a finales del pasado mes como investigado por los delitos de malversación y prevaricación.

La salida del fiscal Carlos Yáñez, encargado de la investigación y que deja Anticorrupción, ha paralizado el proceso a la espera de que la nueva fiscal, Ana Cuenca, se ponga al día y retome las investigaciones. Yáñez, que tuvo un durísimo enfrentamiento con el anterior fiscal jefe, Manuel Moix, cuando este quiso interferir en las investigaciones, no quiso hacer declaraciones. En aquellos días, el fiscal jefe pretendió limitar los registros y las escuchas telefónicas al político madrileño; también, que no se le acusara de organización criminal. Los fiscales encargados del caso (Yáñez y Carmen García) se opusieron y convocaron la junta de fiscales, que los respaldó y desautorizó a su jefe.

Moix perdió su puesto en junio, tras desvelar el diario digital infolibre que  participaba con su familia en una sociedad de Panamá. Su puesto lo heredó el fiscal Alejandro Luzón. Una de las encargadas del caso Lezo, Carmen García, lo abandonó para dedicarse a la otra gran trama corrupta en Madrid (el caso Púnica, donde está acusado el otro hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Francisco Granados). Al frente de la operación Lezo quedaba el fiscal Yáñez, que acaba de renunciar a su puesto tras otro incidente con sus superiores.

Con su salida también queda paralizada otra iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción que ya estaba en marcha. El fiscal Yáñez había redactado ya un escrito en el que desentrañaba otra de las patas de esta trama corrupta: la concesión y luego construcción de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí (Madrid) que en principio debían convertirse en una zona verde.

Hermano y cuñado

En esta operación, la trama (Pablo González –hermano de Ignacio– y Juanjo Caballero –su cuñado–) se habría embolsado 1,2 millones de euros, según las investigaciones. El campo se construyó contra viento, marea, la ley y los vecinos y ahora la justicia ha ordenado derribarlo. Derribo, por cierto, que deberá pagarse con dinero público (unos 643.000 euros más). Toda la operación, incluyendo restaurar el deterioro de las instalaciones y el nuevo proyecto, tendrá un coste de unos ocho millones de euros, según el nuevo director general del Canal, Rafael Prieto.  

En esta otra pieza separada del caso Lezo, las investigaciones de la fiscalía apuntaban directamente a Esperanza Aguirre, entonces jefa de Ignacio González y presidenta de la Comunidad de Madrid.

De hecho, y según las fuentes consultadas por esta revista, el pasado mes de noviembre la fiscalía había redactado ya un escrito donde pedía que se imputara a Aguirre por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación urbanística, penados hasta con diez años de prisión. “Aguirre conocía el entramado y le dio plena cobertura a Ignacio González. Tomó una decisión arbitraria con un riesgo cierto, como sucedió, de pérdida de fondos públicos. Abrió la puerta, consintió y permitió la ilegalidad”, explican fuentes de la investigación.

Añaden que Esperanza Aguirre firmó como presidenta autonómica el acuerdo del 18 de enero de 2007 en el que declaraba el campo de golf como proyecto “de interés especial”, lo que permitió salvar las reticencias del ayuntamiento de Madrid, que había rechazado dar la licencia. La Guardia Civil y la fiscalía han ido descubriendo que se cambió el contrato sobre la obra sin licitar uno nuevo, que el expediente del acuerdo está escrito con fechas que no son reales, que no aparece el acta del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid que lo aprobó… Pero la salida del fiscal ha paralizado la imputación de Aguirre. Fuentes de Anticorrupción explican que “la nueva fiscal tendrá, primero, que leerse y conocer todo el sumario, las cinco piezas. Y luego ver si comparte el criterio de Yáñez y pide la imputación de Aguirre”. | Sigue leyendo.

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