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Gasolina contra el Alcalde

Fecha: 04/05/2009 0:00 Juan Luis Álvarez ico favoritos Añadir a favoritos
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Ex ministro de Trabajo y alcalde de Burgos, además de diputado por el PP, Juan Carlos Aparicio nunca pensó que la tranquila ciudad castellana le iba a maltraer. Los empresarios de gasolineras lo acusan de favorecer a una estación de servicio que el Supremo ordenó cerrar, y tiene otro conflicto abierto por una de Carrefour.

Carlos Yrazusta empezó a pleitear con la Administración hace más de veinte años y ha ganado hasta en el Tribunal Supremo; pero no le ha servido de mucho. En 1988 el Ayuntamiento de Burgos puso una gasolinera ilegal al lado de la suya, y desde entonces no ha conseguido que la cierren. Le han dado, eso sí, dinero por el lucro cesante, lo llaman. “Es cierto –dice–. En la primera sentencia que gané se me fijó la mayor indemnización que hasta entonces había pagado una Administración española a un particular: 420 millones de pesetas, a los que había que sumar intereses y costas… En total, unos 478 [2.800.000 euros], por lo que habíamos dejado de ganar en diez años, entre 1988 y 1998. La última sentencia, del año pasado, además, me fija en otros 460.000 euros los perjuicios causados entre 1998 y 2005”.

En total, más de tres millones de euros. Mucho dinero, desde luego, y salido de las arcas municipales. Pero, en el fondo, cantidades que sólo venían a paliar en parte el escandaloso proceder del ayuntamiento burgalés a lo largo de los años y que no resuelven el problema: “A Carlos Yrazusta esto le ha supuesto perder veinte años de su vida –dice Esteban Palacios, presidente de Adesbur, la patronal de los gasolineros burgaleses–, y sólo para conseguir un dinero que, entre abogados y Hacienda, se queda en mucho menos. Pero lo peor es que hay una sentencia del Supremo ordenando el cierre de la gasolinera y que no se cumple. Hemos pedido muchas veces hablar con el alcalde [Juan Carlos Aparicio (PP), quien heredó el problema de otros regidores; el primero, José María Peña (primero de UCD y después del PP), implicado luego en asuntos de corrupción urbanística, y Ángel Olivares (PSOE)] sin conseguirlo, así que lo hemos denunciado por prevaricación”.

Todo empezó –según el relato de Adesbur (Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos, que representa a más de un 90 por ciento del sector) y del propio Yrazusta– cuando, en los años ochenta, el Ayuntamiento de Burgos creó Cetabsa (Centro de Transportes Aduana de Burgos SA), una sociedad pública en la que participan también la Diputación, la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio. Cetabsa nace con el propósito de explotar la situación estratégica de la ciudad, facilitando los trámites aduaneros con Francia. “Era una especie de frontera adelantada –explica Yrazusta–, con su Guardia Civil y todo, para que los camiones no perdieran tiempo en Irún”.

En 1988, Cetabsa decide construir una gasolinera en terrenos municipales aduaneros, saltándose la ley, como ha dicho el Supremo. “Invadieron dominio público ­–dice Yrazusta, cuya familia gestionaba desde los años sesenta la estación de servicio de Villafría, y que se vio perjudicada por la nueva– sin respetar distancias, terrenos… nada. Nos quitaba el 90 por ciento de las ventas”.

Por eso empezó el pleito, que dura hasta ahora. Juan Carlos Aparicio, en su calidad de alcalde de Burgos, es el presidente de Cetabsa y, como tal, ha tenido que asumir el coste de las irregularidades ante los tribunales. “Nos encontramos con el problema nada más llegar a la Alcaldía, en 2003 –dice un portavoz municipal–. Se debía un dineral y no sabíamos de dónde sacar el dinero, pero lo hicimos”.

Cuando Aparicio llegó al ayuntamiento, tuvo que desembolsar más de dos millones de euros de golpe. “El juez dividió los pagos en cuatro partes y sólo me habían pagado una –dice Yrazusta–. Y Aparicio soltó el resto. Pero sigo pendiente de lo que falte entre 2006 y hoy, aunque no será tanto dinero, claro”.

En efecto, la apertura de la autovía, en los ochenta, y las variantes han dejado poco tráfico en su área de servicio, antaño estratégica. Aun así, sigue perdiendo el dinero que se “lleva” la estación de la Aduana, que el ayuntamiento tiene arrendada y que tendrá que pagar tarde o temprano.

A este conflicto se suma otro: Adesbur está en contra de la apertura de una nueva gasolinera de Carrefour en el centro comercial El Mirador, y que se situaría a doscientos metros de otra que lleva funcionando desde que se abrió el centro, la de Vista Alegre. “Es curioso que en 1992, cuando Carrefour era Continente, me incluyeran en su solicitud de licencia –dice Ricardo Alonso, propietario de la gasolinera perjudicada y vicepresidente de Adesbur–, como un servicio más y que ahora quieran hundirme”. Adesbur, como es lógico, le apoya. Y sus peritos matizan que la futura estación no cumple con la legalidad. “Los accesos suponen un riesgo –dice Palacios–, porque los coches tendrían que llegara a los surtidores por el parquin del supermercado. Además, el camión de descarga cegaría la salida de vehículos [ver plano] y ni siquiera se respeta la distancia mínima a la carretera. Según los técnicos, en un producto de peligrosidad ‘B’, una simple colilla es un riesgo”. Según Adesbur, el ayuntamiento ni siquiera quiere esperar al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la demanda que han presentado contra Carrefour, y el pasado mes de febrero aprobó el estudio de la licencia ambiental solicitada por la multinacional francesa. “No quisiera pensar mal –dice Alonso–, pero cabe recordar que el presidente de Carrefour es Arias Salgado, el mismo que fue ministro de Fomento cuando Aparicio lo era de Trabajo, y que antes de irse, en el año 2000, aprobó el decreto liberalizando la competencia para permitir la venta de combustibles por las grandes superficies [Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio]. Y poco después lo ficha Carrefour. Qué casualidad, ¿no?”.

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Comentarios recientes

  • Gamón 13/01/2011 18:28

    Más vicio y menos Aparicio!

    Comentario fuera de tono

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