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Tapia de Casariego (Asturias) se rebela contra los planes de un inversor ruso que pretende reventar un paraje natural para extraer oro valorado en 1.200 millones

Inmunes a la fiebre del oro

Fecha: 02/06/2010 12:02 • Texto: Danilo Albin • Fotos: A. de la Sierra ico favoritos Añadir a favoritos

El ruso Cary Pinkowsky llegó con promesas de riqueza y empleo. Le acompaña un ex ministro de Canadá, experto en capitales de riesgo. Ofrecen 700 millones en impuestos, 250 puestos de trabajo… Todo a cambio de sacar 60 toneladas de oro que se esconden bajo sus tierras. Los vecinos y sus políticos no tragan.

Tapia de Casariego (Asturias) La mayoría de los vecinos de Tapia de Casariego (Asturias) se oponen a que se autorice la apertura de una mina de oro.

 

La silenciosa humedad de la tarde sólo es interrumpida por el sonido de las ranas. No muy lejos, siguiendo un camino salvaje, está la playa que cada año acoge el campeonato del mundo de longboard, una de las variantes del surf. Su organizadora, Adela Bas, levanta la vista, mira el entorno y se acuerda de Avatar, la película fantástica de James Cameron. En Tapia de Casariego (Asturias) no hay humanoides azules, pero sí una terrible inquietud por el futuro del yacimiento de Salave, situado a dos kilómetros del casco urbano de esta localidad de cuatro mil habitantes dedicada al turismo, la pesca y la ganadería.

 

Los miedos de los vecinos se pronuncian en inglés. La empresa minera Dagilev Capital Corporation, asentada en Canadá y fundada por el inversor ruso Cary Pinkowsky, acaba de comprar el cien por cien del yacimiento aurífero a la firma sueca Lundin Mining, que recibirá 20 millones de euros por esta operación. A cambio, Dagilev tendrá todos los derechos de explotación sobre las 433 hectáreas que componen el yacimiento y en las que, según las últimas prospecciones, habría dos millones de onzas de oro. O lo que es lo mismo, sesenta toneladas del preciado mineral. En dinero, un tesoro valorado en 1.200 millones de euros.

 

El curioso contrato establece que el pago por la venta de la mina se hará efectivo cuando la justicia dictamine si el yacimiento puede ser explotado o si, tal como sostiene el gobierno autonómico, se encuentra en un territorio protegido y, por tanto, debe permanecer tal como hace dos mil años lo dejaron los romanos. Las demandas judiciales fueron presentadas en 2005 por los entonces dueños del yacimiento, un complejo empresarial encabezado por Río Narcea Gold Mines, quienes reclamaban al Principado una compensación de 330,97 millones de euros en concepto de “daños y perjuicios” por haberles denegado las licencias para la extracción del oro.

 

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