La alcaldesa pagó a DICO

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares libró dos pagarés a Dico por valor de 1,31 millones de euros dos días antes y un día después de las elecciones municipales de 2007. El pago fue a cuenta de una obra paralizada desde octubre de 2006, como reconoce el propio ayuntamiento, y los firmó el concejal de Izquierda Unida que entonces era consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo (EMS), Ángel Arranz.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Coslada investiga una denuncia del PP de San Fernando de Henares contra Montserrat Muñoz de Diego (ex alcaldesa), Julio Setién (actual alcalde) y los dos últimos gerentes de la EMS por presuntos delitos de “prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias” en sus tratos con la constructora Dico. Esta constructora –hoy en situación de suspensión de pagos y cuyo director general ha denunciado en interviú dádivas generalizadas a políticos en los ayuntamientos donde construía– hacía en esos momentos una obra emblemática para el ayuntamiento, 154 viviendas promovidas por el consistorio, adjudicadas a Dico en contra del informe de los tres arquitectos redactores del proyecto.

En su escrito ante el juez, Eusebio González, portavoz del PP en el municipio madrileño, expone diversas presuntas irregularidades cometidas por el ayuntamiento siempre con resultado beneficioso para la constructora. La obra en cuestión fue adjudicada en abril de 2005 por 15 millones de euros, en un contrato en el que se especificaba que “no proceden revisiones del precio”. Pero en San Fernando, con el gobierno de IU, esta cláusula no tuvo efecto. Aunque la obra tenía un plazo máximo de entrega de 20 meses y los vecinos ya han pagado sus pisos, 48 meses después la obra está empantanada en el centro del pueblo. Dico subrogó el contrato a Corsan por su incapacidad para acometerla hace sólo dos meses. Sin embargo, la obra ya cuesta un 60 por ciento más de lo que se proyectó y Dico ha cobrado de San Fernando más de seis millones de euros.

Además, según consta en la denuncia del PP, el equipo que dirigía la entonces alcaldesa Montserrat Muñoz de Diego adjudicó a Dico, cuando la empresa no tenía calificación administrativa para optar a obras de esta envergadura. Así consta en el informe de la propia gerente de la EMS. Para orillar este problema, Dico se presentó en unión temporal (UTE) con otra constructora de Ciudad Real –lugar de origen de los dueños de Dico–, Juan Ramírez Proyectos y Construcciones. Menos de seis meses después de la adjudicación esta UTE era historia y Dico ya estaba en solitario con su obra. Para entonces Dico ya había logrado que el equipo de Muñoz de Diego le concediera un incremento sobre el precio original de tres millones de euros.

El retraso en la entrega de los pisos a los vecinos lo justifica el Ayuntamiento de San Fernando por las obras del metro y por una inundación procedente de un colector. También dice que ha pedido reclamaciones por estos retrasos a los causantes, pero ninguna de ellas es contra Dico, a la que devolvió avales y garantías sólo un día antes de que ésta se declarara en concurso de acreedores, según consta en la denuncia presentada ante el juez. Las obras se pararon, como explica el propio Ayuntamiento, en octubre de 2006 durante un año. Pues bien, tras ocho meses con las obras paradas, los días 25 y 28 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones municipales y un día después, Ángel Arranz, consejero delegado de la EMS, concejal de IU y líder local del PCE en San Fernando, libró sendos pagarés por valor de 678.484,41 euros y otros 643.139,91 euros a favor de Dico, como consta en la denuncia, “en pago de dos supuestas certificaciones de obra, de marzo y abril, que pese a hallarse la obra parada resultan ser las más cuantiosas emitidas hasta la fecha”.

El Ayuntamiento de San Fernando asegura a interviú que no tiene constancia de esta denuncia, ya admitida a trámite por el juez. Insiste en que “no se favoreció a Dico”. Sobre los pagos, subraya que, pese a las elecciones “el Ayuntamiento sigue funcionando” y justifica los pagos en las certificaciones de la obra, incluso que en esos días debió hacer “pagos aún mayores”. Dico llevaba años haciendo negocios en San Fernando. Uno de sus hombres de confianza y alto cargo, Raúl Calvo, incluso fue contratado por el Ayuntamiento como asesor. A los dos días de que el PP presentara la denuncia, el juez ha encontrado indicios de delito en la actuación de los dos alcaldes y los gerentes de la EMS.