La hoz y el ladrillo

13/03/06

“Tengo 775 millones de razones para hacer política”. En la convulsa vida del comunismo español las palabras de Francisco Frutos, secretario general de un PCE con serios problemas económicos, debieron de reconfortar a la Asamblea Provincial de Madrid en el otoño de 2004. El líder político, que fue candidato a la presidencia del Gobierno en 2000, podía no hablar en balde. Frutos inició en 2002 una operación para controlar Progea, la principal promotora inmobiliaria de Aragón, que tenía en su cabecera y accionariado a significados militantes del PCE y que él quería llevar al redil del partido. Esta lucha ha acabado con la toma definitiva de control de Progea por fieles de Izquierda Unida que, en una operación de ingeniería financiera, han pagado a la Fundación de Investigaciones Marxistas 4,65 millones de euros, esos 775 millones de pesetas de los que hablaba Frutos, por su participación en la mercantil. Fuentes del PCE desmienten ese sentido que la frase de Francisco Frutos tuviese ese sentido y la atribuyen a malévolas intenciones en las luchas intestinas en la coalición que es IU.

Pero en un juzgado de Zaragoza (capital donde tiene su sede social Progea) se instruye una investigación por presuntas irregularidades para tomar el control de esta sociedad. Están imputados varios socios de la misma, entre ellos Francisco Herrera (candidato de IU a la alcaldía de Madrid en 1991 y 1995), un notario y un registrador de la propiedad de Zaragoza. El objetivo de todas estas maniobras presuntamente irregulares era eliminar de Progea a su presidente y principal accionista, Luján, de acuerdo a la denuncia que éste ha presentado. Pedro Olloqui, vicepresidente de la Fundación Progea, aclara a interviú que las empresas son en realidad propiedad de una fundación sin ánimo de lucro, “de la que se destituyó de parte de sus funciones al señor Luján. Estamos muy tranquilos respecto a este proceso judicial”, asegura.

Progea era una de las empresas que surgieron a finales de la década de los setenta al calor de un movimiento cooperativista relacionado con el PCE y con el sindicato Comisiones Obreras. La idea era hacer vivienda social para las clases trabajadoras. No obstante, a esta empresa se la relacionó con una presunta financiación irregular del partido. De esta matriz voluntarista se ha pasado a día de hoy a un hólding empresarial con casi treinta empresas. Bajo la marca Progea hay desarrollos urbanísticos por casi todo el país y delegaciones en varias comunidades autónomas, con un valor estimado en unos 90 millones de euros y unos beneficios anuales de más de 6 millones. El despegue de tan particular promotora urbanística, la más importante de Aragón, tuvo lugar con la aparición de un empresario singular, Carlos Luján.

Contratos y donaciones

Este empleado de banca, que fue secretario general del PCE en Aragón, tomó el control del grupo en 1997. Era accionista y se convirtió en presidente de Progea sustituyendo a otro histórico del PCE. Luján integró un equipo formado por destacados miembros de un partido en el que dejó de militar en 1992. Uno de sus fichajes estrella fue Francisco Herrera, quien, tras dejar el Ayuntamiento de Madrid, pasó a trabajar en Progea con un sustancioso contrato. Como responsable de relaciones institucionales cobraba 60.000 euros al año. Pero el acuerdo incluía además la donación de fondos de Progea a la Fundación de Iniciativas Locales, que preside Herrera. La subvención fue de 80.000 y 91.000 euros los dos últimos años.

Progea crecía sin problemas hasta que en 2002 Luján, Francisco Pasarín, secretario de la sociedad, y otros tres socios recibieron un requerimiento notarial de Iván Álvarez, secretario de organización del PCE. En el mismo, en nombre del partido, conminaba a los dirigentes de Progea a que pusieran las acciones de la empresa a disposición del Partido Comunista de España, basándose en que las acciones las ostentaban “sólo en calidad de fiduciarios, dada su posible pretensión de considerar como propio un patrimonio que no les pertenece”. Progea se partió en dos, entre quienes siguieron los postulados del partido y quienes se alinearon con Luján. El viejo comunista asegura que “nunca perteneció esta empresa al PCE. De hecho, no consta en ninguno de sus libros de cuentas nada relacionado con Progea. Éramos militantes y simpatizantes, pero no un órgano del PCE”. Fuentes del partido comunista explican que Frutos “sólo defendió los intereses legítimos del PCE. Una vez perdida esa batalla, el partido se desvinculó de Progea”.

Aliándose con socios y recurriendo a ampliaciones de capital, Carlos Luján logró entonces controlar un sesenta por ciento del capital de la promotora e hizo saber a los principales líderes del partido lo que estaba sucediendo, y también que había “intereses empresariales inconfesados”. Éstos no eran otros que la intención de vender las acciones a la sociedad Equipamiento para la Vivienda, propiedad del marido de una de las militantes comunistas fieles a las consignas de Iván Álvarez. El precio de venta de esas acciones era de 6 millones de euros. Frutos contestó lacónicamente que estaba al tanto de todo.

Varios asesores y empleados como Francisco Herrera permanecieron en el bando de Carlos Luján. Las acciones del grupo que quedó en minoría –aproximadamente un 40 por ciento– pasaron a ser propiedad de la entidad del PCE Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM).

En este tiempo Carlos Luján contó con el asesoramiento de un notario de Zaragoza, José Enrique Cortés. Luján atribuye a éste la idea de que, para blindar de terremotos societarios y dejar claro el fin social de Progea, lo ideal era constituir una nueva fundación. La Fundación Progea gestionaría las acciones del bando de Luján, el 60 por ciento clave para dominar todo el entramado inmobiliario. Así, las acciones de Luján –pagadas contra hipotecas que aún debe afrontar– pasaron a ser propiedad de una fundación de la que él sería presidente vitalicio y, según pensaba, “de la que nunca podría perder el control”. En el patronato de la misma entró el notario padre de la idea, y socios y asesores de Progea como Herrera, Francisco Pasarín, Miguel Ángel Loriente y Pedro Olloqui.

Poco después de una cena homenaje a Luján, en un consejo de administración celebrado en mayo de 2004, empezó un nuevo terremoto en Progea, en forma de disensiones en el patronato. En junio, en pleno consejo de administración la sangre llega al río: Pasarín, que empezó como abogado del grupo y terminó como accionista con contrato blindado, cambia súbitamente de bando y pide el cese de Luján. Pasarín es cesado y comienza una loca carrera de ceses y juntas universales encontrados. Herrera, Loriente y demás logran lo que parecía imposible: destituir al presidente vitalicio. No de la fundación, pero sí de las sociedades matrices. Todo tiene lugar en la notaría de Cortés, el antiguo consejero de Luján.

Todos esos movimientos quedan reflejados en el registro mercantil, que da validez a todas las actuaciones de los nuevos amos de Progea. Como consecuencia, el registrador de Zaragoza Julián Muro ha sido imputado por el juez en la misma investigación por presuntos delitos societarios.

Los protagonistas de la historia no son anónimos militantes. Francisco Herrera ha sido candidato a alcalde de Madrid. Miguel Ángel Loriente fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza por el PSOE, aunque fue militante del PCE. Pedro Olloqui, abogado, es el representante de IU en el consejo de administración de la Radio Televisión Autonómica de Aragón. No obstante todo esto, Olloqui quiere dejar claro que “la Fundación Progea es absolutamente independiente de la política”.

Denuncia ante Economía

Pero la toma de control de Progea no iba a ser tan sencilla. En el transcurso de las operaciones era necesario para el bando contrario a Luján hacerse con el 40 por ciento de las acciones que controlaba la Fundación de Investigaciones Marxista en las sociedades de cartera. La fórmula es complicada y ha dado pie a una denuncia ante el Ministerio de Economía. Fuentecanal, una de estas sociedades de cartera vende a la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) el cincuenta por ciento de Fuentejalón –propietario de la mayor parte de los terrenos de la promotora– por seis millones de euros. De esta operación se derivará el pago de 4,65 millones de euros a la FIM.

Fuentes del PCE reconocen a interviú este pago, que atribuyen “a la solución a un antiguo problema”. Las mismas fuentes, cercanas a Frutos, explican que desde los requerimientos notariales de 2002 no tienen “nada que ver” con Progea. Es más, aseguran que ahora la sociedad “está en manos de personas afines a la dirección de IU, no del PCE”, todo dentro del marco de enemistad política entre Gaspar Llamazares y Frutos.

Altos ejecutivos de la CAI aseguran en el sumario que el verdadero motivo de la operación era expulsar del accionariado a alguien tan lejano a su ideología como la FIM. El pago se hizo en tres talones, de 3 millones de euros, 1,5 millones y 150.000 euros.

Progea sigue sus negocios viento en popa con su cúpula de veteranos comunistas. José Enrique Cortés y Julián Muro, ambos imputados por presuntos delitos societarios, ya no sientan plaza en Zaragoza. Carlos Luján, que está fuertemente hipotecado tras acudir a las sucesivas ampliaciones de capital, fue fulminantemente desposeido de acceso a las oficinas, teléfono móvil y coche de empresa y hoy lucha por recuperar el hólding que creó casi de la nada. “No me he lucrado –asegura un Luján arruinado–, sólo quiero volver a dirigir mis empresas para seguir haciendo vivienda social”. La utopía de la hoz y el martillo.