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La memoria histórica de una parcela

Fecha: 10/03/2008 1:00 Danilo ALBIN ico favoritos Añadir a favoritos

El gobierno franquista expropió los terrenos de Serapio Goicoechea y de otras familias en el barrio baracaldés de Lutxana (Vizcaya). Allí se instaló la industria “de interés nacional” Sefanitro, que en 1996 el Grupo Villar Mir compró al Estado por 6 millones de euros y que 10 años después revendió por 240.

Lutxana es un barrio ubicado al este de Baracaldo, el populoso municipio vizcaíno que bordea la ría del Nervión. Durante décadas, los humos de sus chimeneas industriales marcaban la vida cotidiana de sus más de 2.000 vecinos. La Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas, más conocida como Sefanitro, fue una de las principales industrias allí ubicadas. Los más mayores recuerdan todavía aquel día en que el mismísimo Franco en persona acudió al barrio para inaugurar la planta. “Si hubiera visto en lo que ha terminado convertida…”, bromean en un bar ubicado frente a la fábrica.

La Sefanitro que el generalísimo inauguró va camino a transformarse en un montón de escombros. Allí se desarrollará uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos autorizados por el Ayuntamiento: 2.000 viviendas –de las cuales setecientas serán de protección oficial– y dos torres de cristal, de 150 y 120 metros de altura, inclinadas e interconectadas. Ambos rascacielos, que podrán ser vistos desde las poblaciones contiguas, emergerán de un lago artificial. Muy cerca habrá un parque de 80.000 metros cuadrados, diseñado por el paisajista belga Peter Virtz, en el que se plantarán manzanos de todos los países que conforman la Unión Europea. Se prevé que la faraónica obra esté terminada en 2011.

De esta manera culmina una larga historia que empezó en 1940, cuando el régimen franquista decidió abrir una fábrica de nitrogenados sintéticos. Inicialmente, pensaron instalarla en la vecina localidad de Sestao, pero finalmente se decidió colocarla en el baracaldés barrio de Lutxana debido a lo que las autoridades de entonces consideraron “mejores condiciones”. Según consta en el Boletín Oficial del Estado del 21 de noviembre de 1941, el gobierno autorizaba la “expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación de la fábrica y dependencias anejas”. Esta decisión levantó la ira de los vecinos afectados, que formaron una comisión e intentaron frenar los planes del franquismo de quedarse con sus propiedades. De nada sirvió.

Uno de los expropiados fue Serapio Goicoechea, propietario –junto a otros dos hermanos– de una parcela de 7.000 metros cuadrados. Jon, uno de sus hijos, recuerda las peripecias que su padre sufrió a raíz de la decisión del régimen de quedarse con lo único que tenía: su tierra. “Allí nuestros padres cultivaban patatas y hortalizas. Eran años de un hambre atroz, y aquel terreno era nuestro único medio de subsistencia, señala.

Su hermana Mertxe recuerda perfectamente el “acoso” al que las autoridades franquistas sometieron a su familia hasta que lograron quedarse con el predio. “La cuestión era bien sencilla: o vendíamos las tierras por el precio que marcaba la dictadura, o perdíamos el terreno sin recibir ni un duro”. El entonces secretario general de la proyectada industria, Fernando Bazaldúa, era el encargado de llamar a las distintas familias para que aceptaran el precio marcado por el Estado. “Cuando nos tocó a nosotros, mi padre, que era más bien tímido y nada agresivo, le dijo que aquello era un atraco. Entonces el funcionario franquista llamó a sus guardaespaldas y le preguntó si se atrevía a repetir lo que había dicho delante de sus hombres armados”, destaca Jon.

La familia Goicoechea estaba en un mal momento económico, por lo que Serapio no tuvo otra elección que aceptar el precio de venta marcado por la dictadura –500.000 pesetas– y vender sus propiedades. Según destacan estos hermanos, la misma situación fue vivida por cerca de 50 familias, a las que el gobierno franquista también obligó a deshacerse de sus terrenos en el barrio de Lutxana para instalar allí la planta de Sefanitro.

La planta baracaldesa fue oficialmente inaugurada por Franco en junio de 1950. Durante más de cinco décadas esta empresa pública fue uno de los motores industriales de la zona. En 1996, en el marco de las privatizaciones de la SEPI, el Gobierno del Partido Popular decidió vendérsela al Grupo Villar Mir. El precio de compra fue de seis millones de euros. Según aseguran ex miembros del comité de empresa, los productos que por entonces estaban almacenados dentro de la fábrica superaban el valor de compra fijado por el PP. Diez años más tarde el consorcio del magnate español lo vendió a las empresas constructoras Iurbentia y Fonorte por 240 millones de euros, 80 veces lo pagado diez años antes.

Antes de que el suculento negocio se concretara, los hermanos Goicoechea iniciaron acciones para recuperar sus tierras. “Si ya no es una industria de interés nacional, que nos devuelvan nuestros terrenos, o que por lo menos nos otorguen una compensación. Estamos en una democracia, y aquello sucedió en una dictadura, en la que se nos obligó a deshacernos de nuestras propiedades a un precio mucho menor del que realmente tenía. Villar Mir lo compra por cinco millones y lo vende por 240 millones, y nosotros llevamos sesenta años jodidos”, afirma Carmen Goicoechea.

En octubre de 2003, los representantes legales de esta familia dirigieron sendas cartas a Fertiberia –firma perteneciente al Grupo Villar Mir y por entonces propietaria de Sefanitro– y a los encargados de desarrollar el proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Baracaldo. En sus misivas, los abogados reclamaban a ambas empresas “otorgar los documentos de devolución de los terrenos” y mostraban la disposición de la familia Goicoechea a reintegrar el monto actualizado que en su momento la dictadura franquista les pagó por sus tierras.

En aquellas cartas, anunciaron también su intención de iniciar acciones legales “en caso de no llegar a una devolución amistosa”. “Es nuestra intención evitar confictos judiciales, que, no obstante, iniciaremos si no se devuelven las propiedades voluntariamente”, advertían. Tanto el Grupo Villar Mir como Iurbentia hicieron caso omiso al planteamiento de los Goicoechea, por lo que en las próximas semanas requerirán al Estado la reversión de los terrenos: su devolución previo pago del importe abonado por el régimen franquista.

Jon Goicoechea sabe que será una batalla difícil, pero no se resigna. Parado delante de la fábrica, observa las excavadoras que estos días arrasan con las vetustas instalaciones. “Ahí, donde van a ir las dos torres de cristal, mi padre plantaba patatas”, recuerda visiblemente emocionado. A su lado, sus hermanas contemplan aquel gigante industrial, hoy en ruinas. “Cuando nos echaron de aquí, tuvimos que marchar a casa de una tía. Vivíamos apelotonados, en malas condiciones. Ahora sólo queremos que nos devuelvan lo que en su momento, bajo amenazas, nos quitaron”, aseguran.

En 1998, dos años después que el Gobierno Aznar vendiera la fábrica Sefanitro al Grupo Villar Mir, los concejales del PSOE, PP y PNV en el Ayuntamiento de Baracaldo resolvieron que ese predio pasara a ser “de uso residencial”, lo que facilitó su posterior venta a la constructora Iurbentia por 40 millones de euros. En la dirección de esta empresa, que prevé embolsarse unos 680 millones de euros, figuran ex cargos públicos de la formación nacionalista.

“Nos encontramos ante el típico pelotazo urbanístico de libro”, afirma Amaia Martínez, concejala de Izquierda Unida en Baracaldo. Este partido llegó a pedir que la Fiscalía abriese una investigación para determinar si se habían producido irregularidades en el proceso de recalificación de los terrenos, pero sus reclamos cayeron en saco roto. La edil sospecha que Villar Mir compró la fábrica Sefanitro con la vista puesta en el apetitoso valor que los terrenos tendrían apenas dos años más tarde, y sostiene que la Administración pública “debería prohibir este tipo de especulaciones”.

De hecho, IU fue el único partido que en 1998 se opuso a la calificación de los terrenos de Sefanitro como residenciales. Tal resolución fue promovida por el equipo de gobierno, formado entonces por el PSOE y el PP, y respaldada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En 2006, el Grupo Villar Mir vendió esos terrenos a la empresa constructora Iurbentia, entre cuyos directivos se encuentran Josu Olazarán Sagarduy, ex miembro de la dirección peneuvista, e Iñaki Calvo López, ex concejal de este partido por la localidad vizcaína de Sestao.

La representante de ese partido en el Ayuntamiento de Baracaldo, Amaia del Campo, niega que hayan existido irregularidades y asegura que, al menos hasta ahora, “no ha existido ninguna resolución judicial ni sospecha mínima” sobre los cargos públicos de su partido. “El PNV ha trabajado siempre con absoluta transparencia y con un cumplimiento riguroso de la legalidad”, advierte. En cuanto al posible pelotazo urbanístico perpetrado mediante esta operación, la concejala nacionalista sostiene que su formación pidió en su momento “una investigación exhaustiva” del caso, pero asegura que las autoridades municipales le respondieron que no había nada que investigar.

El alcalde de Baracaldo, Tontxu Rodríguez (PSOE), rechaza que en el proceso de venta haya existido “pelotazo urbanístico”. Su ex socia de gobierno y concejala del Partido Popular, Amaia Fernández, también niega cualquier tipo de anomalía. “Yo no entro a valorar los precios por los que se venden propiedades entre entidades privadas”, afirma.

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