La planta de Orihuela: una adjudicación maldita

La Diputación de Alicante puso en marcha en 2006 la concesión del Plan Zonal de Residuos XVIII, que afectaba a 27 municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja. El contrato suponía un suculento negocio ya que comprometía durante 20 años la gestión de basura de municipios como Orihuela, Callosa del Segura, Guardamar o Torrevieja, que en verano prácticamente duplica su población. El proyecto contemplaba la creación de una planta de residuos capaz de procesar 300.000 toneladas de basura al año.

En junio de 2006, el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela abrió diligencias tras la detención de Angel Fenoll. El empresario oriolano vinculado a la esfera del PP era uno de los candidatos para gestionar la basura de Orihuela y grabó con cámara oculta decenas de cintas en sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. El estudio de estas grabaciones provocó la apertura de las nuevas diligencias que han culminado con estas detenciones. En una de las conversaciones intervenidas, Jesús Fernández, portavoz del Centro Liberal del Ayuntamiento de Orihuela aseguraba textualmente que lo que de verdad interesaba a las empresas era el plan zonal.

La mesa de contratación del proyecto fue compuesta según los partes oficiales por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ahora detenido, Luis Vicente Mateo, representante del Ayuntamiento de Benferri y cargo electo socialista, Juan Molina, que actuaba con mandato de la Diputación y Carmelo Rives, en representación del ayuntamiento alicantino de Cox. Todos ellos eligieron por unanimidad como ganador de la puja al grupo formado por una filial de Ferrovial y la constructora Ortíz e Hijos.