La policía descubre qué agencia de detectives elaboró los Dosieres y espió en Colombia al vicepresidente del gobierno de Esperanza Aguirre

Casos de espionaje político en Madrid, trabajos sucios que se difundieron al mismo tiempo, pero que poco o nada tienen que ver. El espionaje a altos cargos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital era cosa de ex guardias civiles en nómina, mientras que los dosieres sobre Ignacio González, vicepresidente del gobierno que preside Esperanza Aguirre, tenían un aspecto mucho más profesional, por mucho que se intentara transmitir que formaban parte de la misma trama, una supuesta guerra política entre distintas familias del Partido Popular.

Las primeras pesquisas dejaron claro que los supuestos espionajes al que fuera consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, podían provenir del mismo PP, un aspecto que se sigue investigando (ver recuadro de la página 8). Pero en el caso de Ignacio González el asunto iba más lejos, porque los primeros seguimientos a su patrimonio se realizaron en los años 2004 y 2005.

Con esos datos, tuvo que ser el propio Ignacio González quien presentara una denuncia para que la Justicia investigara quién, cómo y por qué se le había espiado, y separar su caso de ese aparente enfrentamiento entre Francisco Granados, actual consejero de Justicia e Interior y, por tanto, jefe de los ex guardias civiles, y el equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Fue el juez José Sierra, titular del Juzgado de Instrucción número 47, quien abrió en febrero las investigaciones para buscar a los autores de esta persecución contra el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre. Varias personas se habían dedicado a elaborar dosieres sobre González y su familia para filtrarlos a distintos medios de comunicación. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid fue espiado también durante un viaje a Colombia el pasado año. Por último, Ildefonso de Miguel, que fuera gerente del Canal de Isabel II y hombre de confianza de González, también fue objetivo de otro dosier donde se investiga su patrimonio y el de su familia. El juez abrió diligencias por revelación de secretos, delito penado hasta con cuatro años de prisión.

Según ha podido saber interviú, el magistrado ya tiene el nombre de la empresa de investigación privada que elaboró los dosieres y encargó el seguimiento de González en Colombia. Incluso, tiene datos que indican que los detectives españoles, una agencia con sedes en Madrid y Barcelona, cobraron dos pagos de 50.000 euros cada uno por sus trabajos para destruir la carrera política del vicepresidente de Madrid.

En las próximas semanas, el juez citará a los detectives y les preguntará por su cliente. Fuentes cercanas al caso revelaron a interviú que, casi con seguridad, los responsables de la agencia se escudarán en el secreto profesional para no desvelar a ese señor X.

Las investigaciones para dar con los autores del espionaje fueron encargadas a la Comisaría General de Policía Judicial, que designó a un reducido grupo de agentes para este trabajo. Los investigadores recopilaron primero el material que circulaba por despachos y redacciones de medios de comunicación desde años atrás. La difusión en enero de 2009 de unas imágenes de Ignacio González e Ildefonso de Miguel durante un viaje a Colombia desató el escándalo. El vídeo estaba en poder de la Cadena Ser y la policía recogió en las instalaciones de la emisora el CD original, que contenía ochenta minutos de imágenes. En ellas, se puede ver al vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y al entonces gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel –junto a, al menos, otras dos personas–, en varias ciudades colombianas. Sus perseguidores les grabaron muy de cerca y durante cuatro días en desplazamientos, hoteles, restaurantes…

El laboratorio de acústica forense de la policía científica determinó que uno de los autores de la grabación –al que se le oye en la misma– era un español. Los investigadores comprobaron los nombres de todos los pasajeros de los vuelos entre España y Colombia en las fechas próximas a los seguimientos. Además, buscaron entre los clientes alojados en hoteles de las ciudades visitadas por Ignacio González y su séquito. Nada.

Informes para la prensa

Junto a las imágenes, los autores del seguimiento elaboraron un informe de los movimientos de González y De Miguel, en el que daban cuenta de su visita al palacio de Álvaro Uribe, presidente del país. Insinuaban incluso su relación con un constructor familiar de un narcotraficante y un trasiego sospechoso de bolsas sin aportar prueba alguna.

Los investigadores se hicieron también con dos informes escritos –sin fechar–. El primero sirvió de base para la elaboración de reportajes en medios de comunicación tiempo atrás, en 2007, y de nuevo tras el vídeo. A lo largo de casi setenta folios, el autor del informe desgranaba propiedades y vinculaciones empresariales de Ignacio González y otras 26 personas, todas ellas relacionadas con su familia o con la de su esposa, Lourdes Cavero.

El informe hablaba de cinco adjudicaciones concedidas por el Gobierno de Esperanza Aguirre, que el autor consideraba sospechosas. Una de ellas era la concesión a la empresa Segurisa de la seguridad del Canal de Isabel II. El dosier vinculaba esta adjudicación a un viaje de Ignacio González y su esposa en marzo de 2008 a Sudáfrica, presuntamente pagado por Enrique Sánchez, propietario de Segurisa. Las copias de los itinerarios de los billetes de ese viaje formaban parte del dosier. La policía comprobó que una copia de los billetes se podía haber hecho desde cualquier agencia de viajes. Las adjudicaciones de las televisiones digitales de Madrid, la plaza de toros de Las Ventas y el campo de golf del Canal de Isabel II también formaban parte del dosier. Los 69 folios podían haber ocupado menos de veinte: tenían amplios márgenes, caracteres grandes y doble y hasta triple espacio entre líneas. Una de las personas que ha tenido acceso al informe asegura que “es como si quien lo hubiese hecho cobrase por folio escrito y lo hubiese hinchado de manera deliberada”.

La policía acudió a los registros de la propiedad en los que estaban inscritas las fincas. Los agentes descubrieron que, ya desde 2004, al menos dos agencias de detectives pedían información sobre las propiedades de Ignacio González y su familia. Varios periodistas, algunos incluso utilizando nombres falsos, también se interesaron.

El segundo informe fue clave. En otros 60 folios se detallaban todas las propiedades del matrimonio formado por Ildefonso de Miguel –gerente del Canal de Isabel II hasta el pasado mes de julio– y María Concepción Ruano. Ocho fincas de la pareja están inscritas en el registro de la propiedad de Roa (Burgos). La policía descubrió allí que sólo una agencia de detectives había pedido esa información. La agencia era una de las dos que se habían interesado desde hacía cinco años por propiedades de Ignacio González y su familia. Los agentes concluyen que esa agencia de detectives –una de las más importantes del país– está detrás de los trabajos para acabar con la carrera del número dos de Esperanza Aguirre.

Esta revista contactó con integrantes de varias agencias de detectives cuando el vídeo del seguimiento a Ignacio González salió a la luz, a principios de año. Desde una de ellas se reconoció que los seguimientos a políticos eran algo frecuente en su día a día: “Hemos hecho trabajos delicados para partidos políticos. A veces un partido piensa que dentro tiene algún político corrupto. Nos encarga una investigación discreta. La hacemos y le damos los resultados. Así ellos pueden actuar en consecuencia y quitarle de las listas discretamente u ofrecerle una retirada que se presentará como algo voluntario para dedicarse a la familia…”. En el caso del vicepresidente de Madrid, está casi descartado que el encargo haya sido hecho por parte de enemigos dentro de su partido. La policía trabaja con la hipótesis de que se trate de “enemigos externos”, bien sea politicos, periodistas o algún empresario descontento.

El juez citará a los responsables de la agencia de detectives para que digan quién les encargó el trabajo y les pedirá los libros de registro, en los que se detallan los clientes y los objetivos a vigilar. La Ley de Seguridad Privada obliga a las empresas a cumplimentar de forma rigurosa estos libros, aunque –es un secreto a voces– cuando el cliente es especial, su nombre se oculta. La multa por no desvelar la identidad del cliente son 30.000 euros, menos de un tercio de lo que ya han cobrado en este caso.