Las constructoras paralizan sus obras mientras 5.000 vecinos de San Sebastián esperan sus viviendas de protección oficial

Danilo ALBIN

Fotos: A. de la Sierra

Íker tiene 25 años. A veces piensa cómo sería vivir sin sus padres. Entonces se pasa por una inmobiliaria, mira los precios del escaparate y vuelve a convencerse de que no hay nada mejor que seguir con aita y ama. Al igual que otros 5.000 donostiarras, está apuntado en las listas de aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO), convertidas en la última esperanza de quienes aún confían en la posibilidad de tener una casa propia. “En Donosti hay dos problemas: uno de ellos es que no se liga. El otro, la vivienda”, ironiza este joven, soltero y sin casa propia.

En esta encantadora ciudad cada vez hay menos tiempo para el amor, sobre todo si se pretende cosecharlo bajo un techo en común. Fuentes del sector inmobiliario guipuzcoano comparan el metro cuadrado edificable con un barril de petróleo, y no es para menos. De acuerdo con el Índice del Mercado Inmobiliario elaborado mensualmente por el portal www.pisos.com, San Sebastián es la ciudad más cara de España en materia de vivienda: el metro cuadrado está cotizado en 5.746 euros. Por provincias el primer puesto se lo lleva Guipúzcoa, con 4.629 euros. Y en cuanto a comunidades autónomas, el País Vasco sigue siendo la más cara: 4.213 euros el metro cuadrado.

Este elevado precio, asociado a una crisis del ladrillo, ya se ha cobrado sus primeras víctimas en la capital guipuzcoana. A comienzos de año, la promotora Urbina abandonó la construcción de un edificio con 67 pisos en Riberas de Loyola, un nuevo barrio levantado sobre unas marismas. La torre, que sólo ha sido terminada por fuera, fue entregada a la Kutxa como forma de pago de las deudas que la empresa mantenía con esta entidad bancaria. Urbina también tuvo que deshacerse de un solar que había pertenecido a la aceitera Koipe, en el que pretendía levantar viviendas, y otro terreno en el barrio de Miramón. En total, el edificio sin terminar –del que no había podido vender ni una sola casa– y los otros dos terrenos fueron valorados en 80 millones de euros.

El barrio de Riberas de Loyola ofrece otras estampas de la crisis del cemento. Justo enfrente de la torre que Urbina no pudo terminar hay otros tres esqueletos de edificios. Pertenecen, al igual que otros diez bloques de este barrio, a la empresa Riberas de Urumea, aunque la venta está a cargo de la inmobiliaria Calparsoro. Allí no hay movimiento de obreros y, según aseguran los vecinos, las obras están paradas desde hace unos dos años. Algunos metros más adelante hay otro edificio sin acabar, también gestionado por Calparsoro. A las once de la mañana de un viernes, dos obreros colocan barandillas en la fachada. De momento, sólo se sabe que los propietarios de este edificio se limitarán a terminarlo por fuera para impedir la llegada de okupas.

En la inmobiliaria Calparsoro lo ven como algo normal. “No nos gusta terminarlos del todo, porque así los futuros dueños pueden hacer obras a su gusto”, se justifican desde las oficinas de esta agencia. Allí prefieren hablar de “construcción por fases” en vez de “paralización de obras”, aunque reconocen que la crisis ha mermado las ventas en Riberas de Loyola, su gran esperanza actual. Con precios que oscilan entre los 420.000 y los 720.000 euros, este barrio se ha convertido en la piedra en el zapato de las promotoras y constructoras que creyeron encontrar una salvación en aquellas marismas, hoy ocultas bajo un barrio que refleja la cara más amarga de la burbuja inmobiliaria.

Según los datos manejados por Kepasakonlakasa, un colectivo “asambleario y apartidista” que lucha a favor de la vivienda digna, en Riberas de Loyola hay 750 viviendas vacías. La portavoz de este grupo, Raquel Clemente, revela que han hecho gestiones ante el ayuntamiento para que esas casas pasen a ser de protección oficial. Los responsables del consistorio, gobernado por el PSOE, ni siquiera les han respondido. “Vemos absolutamente inmoral que en una ciudad como Donosti, con los precios desorbitados que existen, se continúe especulando y sigan existiendo viviendas vacías”, afirma Clemente. A sus 23 años, se conoce todos y cada uno de los ingredientes de la especulación inmobiliaria en su ciudad.

En este contexto, otros vecinos de San Sebastián han preferido hipotecarse a seguir esperando una vivienda que nunca acaba de llegar. Entre ellos están Inart Atxalandabaso y Patricia Valencia, una pareja que sabe lo que cuesta el amor, y más en esta ciudad. Durante ocho años vivieron en un local de 37 metros cuadrados, por el que pagaban 285 euros mensuales. Hoy recuerdan que tan sólo había una puerta en el baño, aunque Patricia, más optimista, prefiere recordarlo como un “loft”. Tras convivir en aquel diminuto espacio, ambos decidieron dar el salto de sus vidas: en diciembre pasado consiguieron un préstamo bancario de 1.100 euros mensuales y compraron una vivienda de 75 metros cuadrados en la parte vieja de Intxaurrondo, un barrio ubicado en las afueras de San Sebastián. Aún les quedan 29 años y seis meses para acabar con la hipoteca de 276.000 euros.

“Por vivir en esta ciudad tienes que pagar su precio”, afirma Inart, quien confiesa que la hipoteca mensual resulta difícil de digerir. Se queja de que San Sebastián, la ciudad de sus sueños, sólo refuerza su imagen de “sitio para turistas, con hoteles caros”. Ni él ni su novia dudan sobre el informe que señala a la capital guipuzcoana como el lugar de España donde más caro se cotiza el metro cuadrado: “Estuvimos en Andalucía y era de risa: había pisos de alquiler por 300 euros al mes. Aquí, ni de broma”.

En la calle

Ulises Burgos, un trabajador canario que comparte piso con dos vascos, recuerda cuando, recién llegado a la capital donostiarra, comprobó, atónito, el precio de las plazas de garaje. “Por lo que te pedían para aparcar, en mi pueblo te comprabas una casa”, ironiza. Ya lleva tres años en el País Vasco y ni se plantea hipotecarse. La casa donde vive de alquiler, edificada en 1920, está en un apartado barrio de San Sebastián desde el que se divisa buena parte de la ciudad y al que resulta extremadamente complicado acceder en transporte público. Entre los cuatro inquilinos pagan 720 euros al mes, “un chollo si no se tiene en cuenta el frío que se cuela en invierno por las viejas ventanas”, dice la pareja formada por Mikel Sánchez y Nerea Segués, que comparten piso con Ulises.

De acuerdo a los datos reunidos por la asamblea Kepasakonlakasa, en San Sebastián hay 77.308 viviendas, de las cuales 2.891 están deshabitadas, mientras que 5.000 personas esperan una VPO y al menos cien se encuentran en la calle ante la falta de un hogar. Según ha podido comprobar interviú, varios sin techo malviven debajo de los puentes ubicados en los accesos a la ciudad. Otros pernoctan en los viejos garajes de una empresa de autobuses a la entrada de Hernani, a unos siete kilómetros de la capital. Y varias familias fueron expulsadas por las autoridades municipales de un colegio abandonado en San Sebastián.