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Madrid y Valencia, las únicas grandes ciudades que no cobrarán impuestos a los bancos por los cajeros automáticos

Fecha: 28/12/2009 Luis Miguel Montero ico favoritos Añadir a favoritos
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Casi 30.000 cajeros automáticos de entidades bancarias pueblan nuestras calles, pero sólo algunos pagan impuestos. Una sentencia del Tribunal Supremo justifica que se les cobren tasas, como a las terrazas, por el uso de espacios públicos.

Palma de Mallorca fue la primera ciudad importante que decidió cobrar a los bancos y cajas de ahorros por ocupar espacios en la vía pública, igual que se hace con terrazas, quioscos y otros establecimientos: desde 2004, la capital balear –entonces gobernada por el PP y ahora por el PSOE– cobra entre 393 y 590 euros anuales por cada cajero, dependiendo de la zona de la ciudad donde esté ubicado. Esta medida le supuso que la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) denunciara al Ayuntamiento. El pleito se ha resuelto este año con una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Ayuntamiento.

Desde entonces, muchos municipios han tomado nota. En Illescas, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, se cobra entre 648 y 695 euros por cada cajero. En Barcelona capital todos los cajeros tienen la misma tarifa: pagan 220 euros anuales, al igual que en Granada, donde deben sufragar una tasa de 225 euros. En Marbella, localidad de Málaga, existen cinco tarifas, que van desde los 276 hasta los 414 euros. En Bilbao cobran entre 11,76 y 353,40 euros por cajero al año. En Sevilla aplican un cobro entre 525 y 1.155 euros. En Valladolid la tasa es de 277 euros. Tras la sentencia favorable del Supremo, en Jaén están ultimando la normativa para cobrar el impuesto que se implantará en 2010, al igual que en Getafe, Oviedo y Santa Cruz de Tenerife. Los bancos de esa ciudad ya saben que deberán pagar 321,48 euros por cada cajero a partir del año que empieza en dos semanas. La Fempex (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura) instó el pasado mes de noviembre a sus municipios a cobrar a las entidades bancarias por el uso del suelo.

Ramón Díaz Farias, presidente de Fempex y alcalde de Villanueva del Fresno (PSOE), ya aplica la tasa, de 720 euros, a los cuatro cajeros automáticos que hay instalados en su municipio. “No se trata de recaudar dinero –asegura–, sino de explicar al ciudadano que aquí todos tienen los mismo derechos y obligaciones, y que si alguien paga su vado para entrar al garaje, un banco hace el mismo uso privativo de un trozo de acera. Yo creo que es más una cuestión social que económica”.

El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el PP, ya ha anunciado que no cobrará esta tasa a los dueños de sus cajeros automáticos. Jordi Williams Carnes, teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, ciudad que sí cobra una tasa, explica que “ésta es una de las muchas actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. Tiene la peculiaridad de que ocupa parte del espacio público y por eso está regulada, para garantizar que se hace un uso correcto y ordenado de un espacio que consideramos de convivencia. Por ello, aplicamos la Ordenanza Municipal que regula desde 2001 este tipo de intervenciones”. Datos del Banco de España indican que unos 30.000 cajeros de los 61.714 existentes en nuestro país están en la calle.

En plena crisis, con los ciudadanos pagando más impuestos, sorprende que Madrid, donde más cajeros automáticos hay de España, no haga uso de esa sentencia del Tribunal Supremo. Según datos de Euro 6000, Servired y 4B, existen 6.691 cajeros instalados en la capital, aunque no todos ofrecen servicio a la calle. David Lucas, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, explica: “Hemos propuesto cobrar esta tasa mediante una ordenanza municipal desde 2003, y el PP vota en contra todos los años; la última tuvo lugar en el pleno de diciembre de 2008”.

Entonces, los socialistas propusieron cobrar a los bancos una tasa entre los 60 y los 300 euros por cada puesto automático. Rosana Navarro, directora general de Tributos del Ayuntamiento de Madrid, hace otra valoración y cree que no compensaría establecer ese impuesto: “El establecimiento de una tasa sobre los cajeros automáticos supondría aplicar la tasa sobre utilización del dominio público local, lo que implicaría que la tarifa no podría superar la utilidad del metro cuadrado, situada entre 19 euros y 496 euros. En la medida en que el dominio público utilizado por cada cajero automático podría situarse en un metro cuadrado, y suponiendo que todas las sucursales que figuran en el censo del IAE tienen un cajero exterior, la potencialidad recaudatoria de la tasa no sería muy importante, al ascender a unos 776.000 euros aproximadamente”.

Esta directora general del Ayuntamiento de Madrid considera que hubo otra posibilidad más importante que fue desechada por el PSOE. “La FEMP aprobó el 18 de julio de 2006 una propuesta presentada por el Ayuntamiento de Madrid sobre un coeficiente económico corrector en el IAE, cuya finalidad era la de gravar la actividad de las entidades financieras”. Según Navarro, si se hubiese puesto en marcha, los bancos deberían pagar 28 millones de euros más de impuestos anuales. Asegura que “la propuesta de modificación se remitió al Ministerio de Economía y Hacienda para su presentación como enmienda al Proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, pero finalmente no fue presentada”. Por unos motivos u otros, Madrid no cobra la tasa a los bancos. Para David Lucas, del PSOE, éste es un claro ejemplo de “una política fiscal injusta con los ciudadanos”.

En Valencia capital, con 1.705 cajeros automáticos instalados, y donde gobierna el PP, tampoco cobran la tasa. Pero es que ni los dirigentes locales el PSOE lo tienen claro. Juan Ferrer, concejal socialista, dice que “primero habría que estudiar bien la medida, porque si pones una tasa y no la cobras, al final es peor porque te endeudas. Lo de cobrar a los bancos por los cajeros tendríamos que estudiarlo, porque todos los impuestos indirectos acaba pagándolos el ciudadano”.

Desde Euro 6000, la institución que maneja la red de cajeros de 35 cajas de ahorro en España, explican que “en algunos casos es cierto que los tribunales dan la razón a los ayuntamientos, pero otras veces fallan a favor nuestro y nadie tiene en cuenta que los beneficios de las cajas también repercuten en obras sociales, colegios y ayuda a discapacitados entre otras cosas. No se dice, pero es una realidad que está ahí: no somos tan ricos como creen algunos”.

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