Mafia en los puertos

04/07/05 Buena parte de la junta directiva de una asociación de camioneros autónomos imputada por una juez tiene que presentarse cada quince días en el juzgado como resultado de la disputa por el negocio de la descarga de contenedores en el puerto de Valencia. Es la punta del iceberg de un conflicto que comenzó en Bilbao y Barcelona, que amenaza con extenderse al resto de puertos españoles y que tiene inquietantes parecidos con la película de Elia Kazan ‘La ley del Silencio’.

“Toda mi vida he estado en los muelles y sólo he aprendido una cosa: a no hacer preguntas ni contestarlas si no quiere uno buscarse complicaciones”. La frase es de la película La ley del silencio, del director norteamericano Elia Kazan. La dice un estibador del puerto de Nueva York mientras yace en el suelo un trabajador que acaba de sufrir un extraño accidente tras poner en tela de juicio los manejos de la mafia local portuaria. En la terminal de contenedores del puerto de Valencia, entre una hilera de camiones en espera de su turno para descargar contenedores, un transportista de Transcont, la asociación de transportistas autónomos del puerto de Valencia, asegura que “es mejor vivir y dejar vivir” cuando le preguntamos por la quema de camiones que se viene produciendo desde hace un año a raíz de la brutal competencia que existe por quedarse con la mejor porción de la tarta del multimillonario negocio del transporte de los contenedores del puerto.

Diez miembros de la junta directiva de Transcont están en libertad con cargos y tienen la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado. Fueron detenidos el 9 de marzo pasado tras atacar la sede de la ATPE (Asociación de Transportistas Portuarios Europeos). La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia los acusa de los delitos de asociación ilegal, amenazas, coacciones, incendio y extorsión.

Los intereses de la ATPE y de la mayoría de los transportistas independientes, apoyados por Fenadismer (Federación Nacional de Distribución de Mercancías), partidarios del mercado libre se enfrentan a los de Transcont y ELTC (Empresa Logística de Transporte de Contenedores), una asociación patronal de transportistas de Valencia, y Confedetrans (Confederación de Transportistas), que pretenden arrogarse atribuciones para establecer una especie de numerus clausus en el ámbito del transporte de contenedores en el puerto de Valencia.
‘Tasas’ para poder trabajar
La historia viene de muy atrás y se inició en el puerto de Bilbao, controlado por Sintravi (Sindicato de Transporte de Vizcaya). Allí Sintravi –según cuentan a interviú fuentes de Fenadismer y Pablo Galindo, propietario de Transportes Galindo, una compañía puntera de transporte con sede en Villarrobledo (Albacete), especializada en la distribución de prendas de vestir para Inditex– cobra unos derechos que se aproximan a los 90.000 euros por permitir trabajar. Además, en Transcont Barcelona “ya funciona a pleno rendimiento” el sistema que ahora se intenta implantar en Valencia, según aseguran fuentes de Fenadismer.

“Transcont impide que el resto de los transportistas independientes puedan trabajar en el puerto de Valencia, en un negocio que mueve cientos de millones al año”, dice a interviú Juan Soler, secretario de la ATPE. El problema, cuya punta de iceberg está en la actualidad en el puerto de capital levantina, pugna por extenderse al resto de los puertos españoles, incluyendo el puerto seco de Coslada, en Madrid. La intención sería crear asociaciones de transportistas con el objetivo de controlar el movimiento de camiones y fijar el régimen tarifario. Para poder descargar en cualquier puerto español un transportista tan sólo ha de estar en posesión de la Tarjeta de Transporte, emitida por el Ministerio de Fomento, tener registrado sus vehículos pertinentemente y pagar religiosamente sus impuestos. “Así es como debería ser –dice Pablo Galindo–, pero hace más o menos un año empezamos a tener problemas con nuestros conductores en Valencia [que Galindo considera el puerto natural de la zona centro de España]. De Bilbao hace ya tiempo que nos olvidamos”.

Según Galindo, la asociación de transportistas autónomos Transcont, de Valencia, comenzó a aconsejar a los transportistas que trabajaban para su empresa que dejasen la descarga de contenedores. Nadie que no tuviese la pegatina de Transcont en el camión, prueba de haber pagado los créditos correspondientes, podía hacerlo. Los miembros de la ATPE relatan a esta revista que un transportista, propietario de tres camiones, pagaba por uno de ellos unas tasas de casi 24.000 euros para poder operar en el puerto de contenedores de Valencia. Finalmente le prohibieron trabajar incluso con el camión con licencia de Transcont. Sus camiones aparecieron quemados días más tarde. El camionero quedó en la ruina, dado que aún estaba pagando por sus camiones unos 120.000 euros.

Transcont utiliza un Nissan Patrol, según explican a interviú tanto Pablo Galindo como Juan José Soler, que patrulla constantemente por la zona de descarga de contenedores del puerto de Valencia haciendo rondas. Habitualmente, siempre según ellos y según consta en la denuncia que interpusieron contra Transcont en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, este Nissan se llenaba con miembros de esta asociación de autónomos para que informasen a los transportistas no adscritos a Transcont y a la ELTC de que debían dejar de trabajar en el puerto a no ser, en principio, que se hiciesen socios de dichas organizaciones. Los denunciantes aseguran que las advertencias eran hechas en términos intimidatorios. El precio estipulado para obtener un crédito para poder trabajar en el puerto, según refrenda Pablo Galindo, ronda esos 24.000 euros antes mencionados. Por supuesto, a cambio del pago de esas cantidades no se emite un recibo. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que entiende del caso, requisó cerca de 500.000 euros presuntamente sin justificar de las cuentas de Transcont tras los registros policiales efectuados en sus dos sedes valencianas de las calles Juan Berdeguer, 44, y Muelle, s/n, en el mismo puerto de Valencia, según consta en el sumario del caso.

Ni contigo ni sin ti

Hace tan sólo un par de semanas que fue quemado de madrugada en Torrent (Valencia) el último camión perteneciente a un miembro de la ATPE, Tomás García Gómez. En total han ardido 18 camiones en el último año. La quema se produce utilizando un artefacto colocado bajo las ruedas de la cabina del camión que arde de manera retardada. De este modo el autor del sabotaje puede huir a tiempo sin ser descubierto.

“El que otra vez estén quemando camiones indica que la tregua que se produjo desde las detenciones del pasado marzo se ha acabado. Parece que otra vez volvemos a las andadas”, se teme Pablo Galindo. El Grupo Galindo ha sufrido diversas agresiones y amenazas. Hace un año, en julio de 2004, cuatro de sus camiones aparecieron con las lunas rotas y las ruedas pinchadas en San Clemente (Cuenca), localidad en la que los habían dejado aparcados sus conductores. Unos día antes, varias personas bajaron del Nissan Patrol de Transcont, tras haber cruzado previamente delante de otros cuatro camiones de Galindo en el puerto de Valencia, e hicieron salir a los conductores de las cabinas amenazándolos y coaccionándolos mientras les decían: “Si no os vais en tablas [la expresión utilizada entre los camioneros para indicar el transporte en vacío], no llegaréis a vuestros pueblos”. Además, les quitaron la documentación de la carga y la destruyeron. “Así –se queja Pablo Galindo– un transportista no puede mover su carga a ningún sitio. Las amenazas fueron tan contundentes que uno de nuestros conductores se lo hizo encima de puro miedo”.

El pasado 28 de noviembre un camión propiedad de Transportes Galindo era quemado de madrugada en Las Pedroñeras (Cuenca). “Ante todos estos problemas –dice Pablo Galindo– tuvimos una reunión en Villarrobledo con representantes de Transcont. Queríamos llegar a un acuerdo para poder trabajar en Valencia. Nos dijeron que era imposible acceder a Transcont, que el cupo de conductores estaba cerrado. Nos dijeron que hablásemos con la ELTC y en esa asociación nos dijeron que como no somos valencianos no podíamos asociarnos”. De modo que era un ni contigo ni sin ti. La única salida que le quedaba al Grupo Galindo eran los tribunales. “Un día de estos –termina diciendo a interviú Pablo Galindo– puede ocurrir una desgracia”.