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Operación Malaya: La conexión dominicana

Fecha: 30/10/2006 0:00 Daniel MONTERO ico favoritos Añadir a favoritos

Amenazados por la presión judicial y la falta de suelo en Marbella, constructores relacionados con el ‘caso Malaya’ buscaron nuevos mercados.

República Dominicana es un paraíso. Pero no sólo por la mezcla de playas, ron y palmeras. Además, es la tierra prometida para los constructores marbellíes. Un lugar con kilómetros de costa virgen, políticos ávidos de dinero y escaso control policial. Y a tiro de piedra de los principales paraísos fiscales del Caribe. ¿Se puede pedir más? Sí, un socio con influencias que garantice las inversiones. Y los empresarios Carlos Sánchez y Andres Liétor –imputados en la operación Malaya, presos en Alhaurín y socios del padrino Juan Antonio Roca– consiguieron el mejor: el secretario de Estado de Obras Públicas del país y principal aspirante a la presidencia de República Dominicana: Miguel Vargas Maldonado.

El dúo Sánchez-Liétor, relacionado con el pago a Juan Antonio Roca de 5,3 millones de euros a cambio de privilegios en la concesión de licencias urbanísticas, ha realizado en los últimos cuatro años inversiones multimillonarias en el país, siempre de la mano de Vargas Maldonado. Las empresas de marbellíes en la República Dominicana preparan incluso un complejo turístico valorado en 2.000 millones de euros. Se trata del proyecto Punta Perla, que ocupa ahora las pesquisas policiales sobre el paradero del dinero expoliado en Marbella. El proyecto, que prevé la construcción de 8.000 viviendas hasta 2009, ya ha supuesto grandes beneficios para los imputados en la operación Malaya. Las sociedades de Sánchez y Liétor han ganado 200 millones de dólares con una simple transacción de terrenos, que ahora es analizada con lupa por la policía española.

Para alcanzar una posición privilegiada en el país, los imputados en la operación Malaya se sirvieron de la red de influencias tejida por el empresario Enrique Sarasola a finales de los 80. El industrial español encontró en la República Dominicana un terreno por abonar. El que fue su hombre de confianza en el país caribeño, el español Jesús Barderas, ha sido la figura clave que ha servido de enlace entre los promotores de la Costa del Sol y la cúpula del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que hasta 2004 ostentaba el poder en el país.

Emigración financiera

Los escándalos económicos de finales de los ochenta propiciaron la búsqueda de nuevos mercados para los empresarios salpicados por las corruptelas. Enrique Sarasola buscó en República Dominicana un lugar seguro para colocar su dinero. En 1988 invirtió en la península de Samaná –por sus playas, uno de los polos del desarrollo turístico dominicano– junto al empresario local Roberto Prats, con antecedentes en Estados Unidos por delitos financieros y vinculado en varios negocios al político Miguel Vargas Maldonado. Meses después, entró en juego uno de sus principales hombres de confianza, Jesús Barderas, que todavía hoy mantiene embargos en España por resoluciones judiciales en su contra. Como ejemplo, Barderas fue imputado por delito de alzamiento de bienes contra la Sociedad Española de Banca de Negocios, en un proceso judicial pendiente de resolución. Además, tiene una demanda presentada por Banesto.

Según el nforme Embajador, elaborado por la agencia española de investigación Método 3, Barderas, asociado con el empresario de origen árabe Abraham Hazouri, fue la pieza clave para introducir a Carlos Sánchez en el circuito comercial de República Dominicana, donde operan otro promotores implicados en la operación Malaya, como Tomás Olivo y José Ávila Rojas. Este último prepara un complejo residencial valorado en 54,2 millones de euros. El diseño del proyecto corre a cargo de Ángel Sánchez, hermano del promotor imputado en la operación Malaya y que cuenta desde hace años con una oficina en el país. Los investigadores de la trama de corrupción urbanística de Marbella vinculan a Ávila Rojas con los negocios urbanísticos del principal imputado, Juan Antonio Roca. El sumario del caso revela además que la caja fuerte de la empresa Maras Asesores –vinculada a la contabilidad fraudulenta de Roca– guardaba 2.950 pesos dominicanos en metálico. Además, los productos del país eran también moneda de cambio entre los concejales de Marbella. Según la declaración del empresario Rafael Llopis, concesionario de las marquesinas publicitarias de la ciudad, era común que los ediles municipales recibieran como regalo puros traídos directamente de la República Dominicana.

Las inversiones de Carlos Sánchez, íntimo amigo de Roca, comenzaron en el Caribe hace ahora 20 años, pero no despegaron hasta el año 2000. Aquella fecha coincide con la caída de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella. Entre querellas criminales y mociones de censura, la Costa del Sol dejó de ser un lugar discreto. El control urbanístico sobre la zona se multiplicó y el suelo de Marbella llegó a su fin. Era el momento de buscar nuevos mercados.

Carlos Sánchez y Andrés Liétor intensificaron entonces sus inversiones en la República Dominicana, de la mano de su hombre de confianza, el empresario español afincado en el Caribe Ignacio Coronado Ruz. Coronado Ruz, nacido el 21 de diciembre de 1952 y que está imputado junto a los constructores marbellíes en un delito fiscal, controla las cuentas bancarias del tándem Liétor-Sánchez en la República Dominicana. Según ha podido saber interviú, los inversores españoles han sido invitados por el Banco Popular a cancelar sus cuentas y retirar sus depósitos en el país ante las informaciones que les relacionan con la trama urbanística marbellí. Coronado Ruz reside en un piso que fue comprado por Carlos Sánchez al ex responsable de Obras Públicas del país Miguel Vargas Maldonado.

Hotel La Hispaniola

Los negocios entre el constructor granadino Carlos Sánchez y Miguel Vargas Maldonado se entrelazan en la República Dominicana desde hace años. El principal exponente de esta relación es la compra del hotel La Hispaniola por parte de Sánchez, que adquirió el inmueble a una empresa controlada por testaferros del influyente político local. El 6 de septiembre de 1999, la empresa Palmeras Comerciales, SA, compró al Banco Central de República Dominicana, de titularidad estatal, el hotel La Hispaniola por 165 millones de dólares. El responsable de Palmeras Comerciales, José Miguel Neder, es uno de los principales hombres de confianza de Vargas Maldonado. El motivo de su nombramiento es que la legislación dominicana prohíbe que los funcionarios públicos participen en negocios con entidades estatales.

La empresa Inversiones Inmobiliarias Harna participó en la operación con unas parcelas como parte del pago. El presidente de esta sociedad es Miguel Vargas Maldonado. El banco justificó la venta ante la necesidad de conseguir dinero líquido. Sin embargo, aceptó como pago unos nuevos terrenos. La oposición política dominicana aireó en el momento de la venta que el Banco Central había infravalorado los terrenos del hotel en 7 millones de dólares, según los informes de los técnicos locales. En marzo de 2001, Carlos Sánchez adquiere Palmeras Comerciales, y con ella, los derechos sobre el hotel La Hispaniola por 23 millones de dólares.

El gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, presidido por Hipólito Mejías y con Vargas Maldonado como secretario de Estado, aprobó también a Carlos Sánchez y sus socios en 2003 una concesión por 30 años para la explotación de los hoteles Cayacoa y Cayo Levantado, tras una maraña de procesos judiciales, licitaciones y cambios en la legislación vigente para justificar el proyecto. Posteriormente, Sánchez vendió el 60 por ciento de la sociedad al Grupo Piñeiro, que aparece como socio del constructor granadino y Vargas Maldonado en varias sociedades afincadas en el país caribeño.

Como ejemplo, Piñeiro, Carlos Sánchez y Vargas Maldonado son socios al 33 por ciento de la empresa Inversiones Izmir. La firma es propietaria de un avión Cessna 560 XL empleado en numerosas ocasiones por el responsable político dominicano. Maldonado oculta su titularidad tras cuatro personas de su entorno, entre ellas su cuñada –Hilda Violeta García– su abogado, Emilio Gómez Bureo, y su asesora personal, Gisela Patxot. Carlos Sánchez participa con la empresa CCF y Piñeiro por medio de Inversiones Coconut. Además, la matrícula del avión –N926 DR– coincide con la fecha de nacimiento de Vargas Maldonado, el 26 de septiembre de 1950. El político local vendió también a Carlos Sánchez por medio de una de sus constructoras tres apartamentos y un lujoso ático en la torre Boreo, en Santo Domingo.

Puzle empresarial

El 15 de septiembre de 2006, un informe del SEPBLAC daba la voz de alarma. Un holding empresarial prepara un proyecto monumental al este de la República Dominicana con capital español. Se trata de Punta Perla, un complejo turístico construido sobre los terrenos recomendados por el conseguidor. Maldonado a Sánchez y Liétor. El proyecto está controlado por una maraña de sociedades. Sin embargo, las empresas de Sánchez y Liétor participan en las fases fundamentales de la urbanización, hasta el punto de ganar 200 millones de dólares con la venta de los terrenos en menos de un año. La policía investiga si la transacción se realizó entre empresas del mismo propietario final, lo que respondería a fines especulativos. La web de Punta Perla explica incluso la manera de burlar la legislación dominicana para obtener ventajas fiscales en la compra de varios inmuebles.

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales –dependiente de los ministerios españoles de Hacienda e Interior– aporta un dato clave para desenredar esta madeja empresarial. Los investigadores colocan al empresario inglés Sean Woodhall como la pieza fundamental del puzle, el eslabón necesario para ocultar los negocios de Carlos Sánchez. Woodhall está tras las mercantiles Ocean View y Punta Perla Ltd, afincadas en Gibraltar. Desde esta última envió más de once millones de dólares americanos a la constructora de Sánchez en la República Dominicana. Woohdall es además el encargado de la comercialización del complejo Cap Cana en Inglaterra. Cap Cana es el proyecto turístico más importante de República Dominicana, y cuenta con dos socios muy conocidos para Carlos Sánchez y su entorno: Abraham Hazouri y Jesús Barderas. Una historia en la que los nombres se repiten.

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