Padres todoterreno

Quince grados bajo cero y una revolución en las calles. Era el ambiente que se vivía en Kiev, la capital de Ucrania, el 4 de diciembre de 2004. La revolución naranja estaba en marcha. Los seguidores del candidato Víktor Yúshenko acampaban por centenares en el centro de Kiev y el miedo se sentía en las calles. Ese día, aterrizaban en la capital ucraniana, nerviosos y asustados, María Luisa Pérez-Gironés y Francisco Ramas. Como el resto del mundo, estaban expectantes sobre el futuro de la revolución, pero sobre todo, por el futuro de su propia familia. María Luisa y Paco, un matrimonio andaluz, 40 años ella y 41 él, tras diez años de tratamientos de fertilidad, viajaban a recoger a su segundo hijo. Al primero, Jorge, lo habían adoptado en Rusia. En agosto de 2002, Jorge había llegado a una familia que ahora estaba a punto de aumentar entre el caos y el frío ucranianos.

La adopción internacional en España no es un proceso unificado. Cada comunidad autónoma tiene sus reglas. El proceso comienza con una primera reunión informativa. Después vendrán la solicitud de adopción, el denostado informe de idoneidad –una especie de examen vital imprescindible–, la elección del país y la decisión sobre cómo hacer los trámites. Bien por libre –aunque siempre se necesita abogado y traductor o los llamados facilitadores, quienes realizan las gestiones en el país de origen del menor–, o a través de las ECAI, empresas autorizadas para realizar los trámites de adopción internacional y –al menos en teoría– sin ánimo de lucro. Sobre este esquema básico, las diferencias son notables tanto en tiempo como en costes. Francisco J. Rua, padre de dos niños de origen colombiano y coordinador de CORA, la Coordinadora de Asociaciones en defensa de la Adopción y el Acogimiento, explica que, en general, “las familias piensan que en las entrevistas que les hacen para conseguir el informe de idoneidad se las somete a un juicio sumarísimo en el que no existe la presunción de inocencia y del que se desconocen los criterios”. Rua añade: “Ante la falta de criterios y estudios rigurosos, nos encontramos con frecuencia con que se traslada a los informes tópicos y prejuicios de los propios evaluadores”.

Algunas comunidades han privatizado el informe de idoneidad, pasando la carga económica a las familias. El argumento es que con ello se aumenta la calidad de los servicios adoptivos. Actualmente, se evalúa a través de asociaciones o fundaciones, como Cataluña; mediante TIPAI –dependientes de los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales–, como Madrid; o bien por empresas multiservicios, como Valencia. Desde CORA aseguran que “aunque en algunos casos se han reducido los plazos, con estas fórmulas, salvo honrosas excepciones, no se ha mejorado la calidad”. Incluso señalan: “En los TIPAI falta formación específica para los profesionales, y en las empresas se prima la productividad”. Algunos padres relatan que han estado hasta cuatro horas en tres ocasiones distintas siendo interrogados sobre todos los aspectos de su vida. Para muchos es moralmente inaceptable que sea un servicio privado y sin criterios definidos el que decida si son aptos o no para adoptar. Otras comunidades, como Andalucía, tienen las dos opciones: pública y privada. La primera, gratis y lenta; la segunda, con un coste de unos 900 euros y más rápida.

Para CORA, los certificados deberían ser rigurosos, no meticulosos, sin abusar de las gestiones a la que se somete a los futuros padres y respetando su intimidad. También respecto a las ECAI hay diferencias. Todas tienen que estar avaladas por la comunidad autónoma correspondiente, pero sus precios varían en cientos de euros. Andalucía tiene las tarifas reguladas y éstas van, según Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía, desde los 3.500 euros de Colombia, la más barata, hasta los 14.000 de la Federación Rusa, la más cara. Precios que sólo incluyen los trámites. Los viajes necesarios, en algunos países dos (China, Rusia), en otros sólo uno (Ucrania), las estancias… todo va aparte. La económica es la primera discriminación a la que se enfrentan las familias. Sin esos recursos mínimos de partida, no es posible la adopción. En otras comunidades, como Madrid, también se prima a las parejas frente a las personas solas. Aquéllas tienen prioridad para adoptar menores de tres años.

El lunes 6 de diciembre, a las nueve de la mañana, María Luisa y Paco ya habían pasado, por segunda vez, por todos los trámites. Esa mañana, la pareja entraba en el Centro de Adopciones de Kiev. Un viejo edificio de estética soviética con un pequeño recibidor en la segunda planta, con dos sillones en medio y dos puertas que continuamente se abren y cierran. En ese descansillo se encuentran parejas de medio mundo, también mujeres solas y algún hombre, pocos. El proceso es difícil. Cuando les llega el turno, María Luisa y Paco acceden a un despacho acompañados por su facilitadora, Natalia Demchenko. Allí, un funcionario muy amable les indica los libros, 53, llenos de fichas. Cada ficha, una vida, corta, de niños en disposición de ser adoptados. En diciembre de 2004, en Ucrania había 32.000 niños repartidos por los orfanatos de todo el país a la espera de una nueva familia. María Luisa sólo miró la primera ficha. No fue capaz de seguir viendo fotos de niños que podrían ser sus hijos, todo lo dejó en manos de Natalia.

María Luisa y Paco son el prototipo, una pareja que desea tener hijos y biológicamente no puede. Pero el aumento de la adopción internacional, según Belinchón, se debe a varios factores: “Nos consta el incremento de la infertilidad, también el de nuevas demandas como las de personas solas y padres de hijos biológicos que aumentan su familia con la adopción. Pero, sobre todo, el cambio social y cultural. La adopción, algo ocultado y vergonzante en el pasado, actualmente es reconocida y aplaudida socialmente”.

El 26 de diciembre, en tercera vuelta, el candidato Yúshenko se convertía en presidente electo. La revolución naranja había triunfado. Para esa fecha, María Luisa y Paco ya seguían las noticias por televisión con Jorge y la pequeña Natalia Victoria a su lado. Habían salido de Kiev el 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena aterrizaban en Madrid.

María Luisa asegura que antes de elegir el país y la fórmula de adopción hablaron prácticamente con todas las ECAI de su comunidad. Al final, decidieron hacer las adopciones por libre, mediante facilitadores. La primera, en Rusia, les supuso 13 meses de trámites y 18.600 euros. La segunda, en Ucrania porque una pareja amiga les había hablado de Jesús y Natalia, facilitadores en el país eslavo. El 90 por ciento de la información que manejan las familias la reciben de otras familias. Para concluir este segundo proceso, necesitaron 14 meses y 13.800 euros. Tan contentos quedaron con los facilitadores que su hija lleva el nombre de Natalia Victoria.

Dos niños, dos aventuras, cada una con sus dificultades. En Rusia es obligado hacer dos viajes. En el primero conocieron al niño, estuvieron unos días con él y tuvieron que regresar a España para terminar todos los trámites. Fueron, a juicio de María Luisa, los días más difíciles: “Dejar allí a tu hijo y esperar casi dos meses para ir a recogerlo, pensando todas las posibilidades que podían ocurrir en ese tiempo…”. Pero María Luisa detectó muchos más fallos en su segunda adopción, ya no eran novatos temblorosos: “Después de tener un hijo, nos obligaron a seguir un curso de formación. Nosotros sabíamos más que quienes lo impartían. Creo que les deberían pagar un viaje para que sepan de qué están hablando. El curso era pura teoría. De hecho, poca gente sabe, a la hora de elegir el país, que sólo Ucrania, Rusia y China conceden adopciones plenas”. Paco insiste en dos ideas que a su juicio son clave. La primera, que a las ECAI no se les puede llamar entidades colaboradoras sin ánimo de lucro: “Cobran por todo y no informan sobre nada”, asegura. Y la segunda, que la Administración incumple impunemente los plazos legales –seis meses desde que se presenta la solicitud hasta obtener el certificado de idoneidad–: “Lo habitual, sin embargo, es un año”.

El 29 de agosto es fiesta en casa de Paco y María Luisa. Es la fecha en la que les dieron a Jorge, su hijo mayor. En aquella aventura no estuvieron solos. A Ana Segura, de 37 años, y Rodolfo Corrales, de 39, el mismo día les entregaron a Álvaro, también su primer hijo. Desde entonces, los cuatro celebran juntos un “segundo cumpleaños” de los niños. Este verano es especial. A la fiesta se han sumado los pequeños, Natalia y Sergio.

Ana y Rodolfo llevan un proceso paralelo al de Paco y María Luisa. También han adoptado dos niños, el mayor en Rusia, el pequeño en Ucrania. No tienen ningún problema de infertilidad pero prefieren adoptar. Sus esfuerzos para conseguirlo no se detienen ante nada. Antes de viajar a Ucrania, iniciaron una adopción en Marruecos y tuvieron la mala fortuna de viajar al país magrebí el 11 de marzo de 2004, fecha del atentado en Madrid. El Gobierno marroquí no contempla la adopción, la llama tutela dativa y ésta se regulariza en España tras un año de convivencia con el niño. Uno de los requisitos que se exigen es abrazar la fe islámica. Así que Rodolfo y Ana se hicieron musulmanes, ante notario. Y llegaron a conocer al que pensaban sería su hijo: “Fue tremendamente doloroso. En Marruecos llegas al orfanato y te dicen: «Estos son los niños que hay, elige». Nosotros elegimos el más chiquitín. Tenemos fotos con él y todo, tenía 19 meses. Pero no nos daban el visado para traerlo a España por el atentando. La situación era muy complicada. Si aceptábamos al niño, teníamos que quedarnos allí el tiempo que fuera necesario, ya que una vez concedida la tutela, dejar allí al niño sería delito por abandono y no lo podíamos traer sin visado. Una familia de Algeciras estuvo en Tánger cuatro meses para traerse a sus hijos, dos hermanos”.

Hijos peleados y deseados por padres a prueba de revoluciones, cambios de religión y procesos inquisitoriales. Pero María Luisa, Paco, Ana y Rodolfo no han terminado el proceso. La inscripción de los menores en el Registro Civil llega a tardar año y medio, y las familias serán evaluadas anualmente hasta que los pequeños cumplan 18 años.