Sport
Reportajes / Artículos

Paro: del subsidio de Largo Caballero a la prestación de ZP

Fecha: 06/04/2009 2:00 ico favoritos Añadir a favoritos
  • Valoración
  • Actualmente 5 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tu valoración
  • Actualmente 5 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
¡Gracias!

La última cifra del paro, 3.605.402, es un récord en España. También lo es la cuantía de dinero público dedicado a proteger a los desempleados, 2.500 millones de euros al mes.

En estos momentos, cerca de un millón de desempleados en España llevan tanto tiempo sin trabajo que ya no cobran el paro, ni cobran ya la prestación no contributiva, porque, entre otras posibles razones, también han agotado el plazo máximo para recibir ese subsidio mínimo, de 421,79 euros al mes para los peores casos. La cifra no figura en ninguna estadística oficial. “No se puede calcular esa cifra –reconoce Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo– porque depende de muchas variables, como la edad, la renta, las responsabilidades familiares...”. Sin embargo, la resta entre el total de parados (3.605.402, cifra de marzo) y los que de ellos perciben la prestación contributiva o la no contributiva (2.562.568, cifra de febrero, última disponible) arroja como tozudo resultado un millón de trabajadores en el limbo, sin el sistema de protección pública.

Ese millón de ciudadanos es el remanente que aún se escapa a un sistema que en 78 años de historia ha sufrido recortes y aumentos, y que ahora se encuentra en su culmen histórico: nunca antes había habido tantos parados, y nunca antes el Estado había pagado tanto dinero a tantos y con derecho a tanto tiempo. En marzo, el Estado desembolsó 2.600 millones de euros para la prestación por desempleo. Hoy la prestación es la más larga de nuestra historia: hasta 24 meses la contributiva y hasta 30 meses más la no contributiva.

En el Madrid de la recién constituida II República un bombero o un conductor de tranvía ganaban entre 300 y 500 pesetas al mes. Si su salario excedía de las 6.000 pesetas al año, no tenían derecho a percibir prestación por desempleo. Fue Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo en el Gobierno provisional de la II República (abril-octubre de 1931), quien planteó la necesidad de un sistema de protección al parado. Aquel Gobierno, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, aprobó el 25 de mayo de 1931 un decreto ley por el que se establecía un “sistema de fomento y protección contra el paro involuntario”, o “Caja Nacional contra el Paro Forzoso”. El Estado subvencionaba el 50 por ciento de la prestación; el resto salía de un fondo al que patrones y obreros aportaban una cantidad de dinero cada mes. Por lo general, el subsidio de paro no sobrepasaba el tercio del jornal medio. Además, no todos estaban concienciados de contribuir con parte de sus sueldos a la caja del paro: entre 1932 y 1933, la República desembolsó casi 1.200.000 pesetas para los parados, el doble de la contribución de obreros y empresarios a ese fondo de auxilio.

Casi tres décadas después, en el franquismo, el de 22 de julio de 1961 nacía el Seguro por Desempleo. Los parados percibían el 75 por ciento del promedio de sus últimos seis sueldos, durante un máximo de seis meses, prorrogables sólo con autorización gubernativa.

Sobre el subsidio de paro en España se ha cernido hasta ahora una implacable ley de las vacas flacas: a más parados, menos subvención. El sistema franquista funcionó relativamente bien mientras hubo bonanza, pero en los 70, en plena crisis del petróleo, a los parados españoles se les quedó corto. En la transición se reforzó el sistema, pero posteriormente, según crecía el paro, se rebajó la cuantía y la duración de la prestación. Aunque, a la vez, entraron a cobrar el subsidio no contributivo nuevos colectivos vulnerables: trabajadores mayores de 45 años, parados de larga duración, víctimas de violencia doméstica, fijos discontinuos… El primer Gobierno socialista, en 1984, extendió la prestación a colectivos desprotegidos hasta entonces, como los ex reclusos, y amplió la duración del subsidio a los parados mayores de 55 años hasta su jubilación. Cinco años después, aumentó el subsidio a los mayores de 45 y parados de larga duración.

Pero la generosidad del Estado tuvo un brusco corte en 1992. Mientras España derrochaba entusiasmo por la celebración de los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, el Gobierno de Felipe González metía las tijeras en el sistema de prestaciones por desempleo. Una huelga general rechazó el 28 de abril el llamado decretazo. Se recortaban las prestaciones contributivas, se pasaba a exigir haber cotizado un año en vez de seis meses para tener derecho a ellas y se reducían las prestaciones en un 10 por ciento. Sin embargo, ese año, 1992, y el siguiente se batieron los récords de gasto en prestaciones por desempleo hasta entonces: 12.735 y 12.244 millones de euros respectivamente. La cifra la da quien entonces era ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, hoy consejero del Tribunal de Cuentas.

El socialista asturiano reconoce a interviú, con algo de resignación: “Los picos más altos de gasto en prestaciones por desempleo corresponden a mi etapa, coincidiendo con las tasas más altas de paro hasta entonces”. Por el recuerdo para él imborrable de aquella huelga general, Martínez Noval ha elaborado una tabla estadística del paro y sus subsidios desde 1960. “Me interesa el tema”, explica lacónicamente. El que fue secretario general de Empleo con Noval, Jesús Arango, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, explica que el decretazo se planteó por el fuerte incremento del número beneficiarios de prestaciones por desempleo: “Hubo que reordenar el sistema de protección por desempleo racionalizando el gasto en el nivel contributivo [lo que comúnmente llamamos el paro] y ampliando el del nivel asistencial [el subsidio no contributivo]”.

Las actuales prestaciones para los parados son herederas directas de aquellas reformas de la IV Legislatura. El siguiente decretazo llegó una década después, con el segundo Gobierno del PP, y provocó otra huelga general, el 20 de junio de 2002. El Gobierno de Aznar eliminó el subsidio agrario y los salarios de tramitación, entre otros recortes. A finales del año, Aznar dio marcha atrás y derogó el decreto. La reforma provocó la remodelación del Gobierno y la salida del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que hoy es alcalde de Burgos, y que cree que la clave de que España esté perdiendo más empleo que otros países se encuentra en el coste del despido: “Nunca se ha querido analizar la superposición del sistema de indemnización de las empresas y el de las prestaciones del Inem. La pregunta clave es por qué otros países no están perdiendo tanto empleo. Es una pregunta de difícil respuesta, porque tiende a simplificarse diciendo que lo único que persigue quien hace esa pregunta es abaratar el despido”, explica Aparicio a interviú.

Totalmente enfrentada es la opinión de otro histórico ex ministro de Trabajo, Manuel Chaves, hoy presidente de la Junta de Andalucía, y que llevó la cartera durante la huelga del 14-D de 1988: “A diferencia de situaciones anteriores similares a la que ahora vivimos, en las que sobrevolaron amenazas y recortes, el Gobierno socialista no ha dejado hueco a la menor sombra de duda. El debate hoy es justamente el contrario: cómo articular una mayor protección. El reto a corto plazo –dice Chaves a esta revista– pasa por garantizar unas rentas mínimas para que las familias puedan afrontar esta difícil situación”.

  • ¡Compartelo!
  • twitter
  • delicious
  • facebook
  • compartir por mail

Comentarios recientes

No hay comentarios

Añade tus comentarios
  • Los campos marcados con "*" son obligatorios

Publicidad

Publicidad

Publicidad