Todo para su novio

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Recogida de basuras, limpieza de dependencias municipales, mantenimiento de playas, parques y jardines, limpieza viaria, colegios… Sistemáticamente los contratos que se han adjudicado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en esta legislatura a los que podía aspirar FCC Medio Ambiente han ido cayendo del lado de esta gran empresa. La alcaldesa de Las Palmas, Pepa Luzardo, del Partido Popular, mantiene desde hace años una relación sentimental con Ángel Castanedo, delegado en Canarias de FCC Medio Ambiente, la contratista más importante del Ayuntamiento de la octava ciudad, por número de habitantes, de España. Y es precisamente en el departamento de Alcaldía donde está integrada la Mesa de Contratación, en la que se resuelven los concursos.

La alcaldesa calla. Desde su gabinete de prensa argumentan que Luzardo “no habla nunca de sus relaciones personales” o “su vida privada”. “Es una persona soltera libre de mantener relaciones con quien quiera”, remachan. Sin embargo, el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, al que Luzardo está sujeta como alcaldesa, establece límites a sus relaciones personales y privadas. “Las autoridades de las Administraciones –reza la ley– se abstendrán de intervenir en procedimientos” en el caso de “tener amistad íntima con los administradores de entidades o sociedades interesadas”.

Preguntado por interviú en su despacho de Las Palmas, Ángel Castanedo no ha querido hacer comentarios acerca de su relación con Pepa Luzardo.

Concurso tras concurso

Poco tiempo tardó la alcaldesa, tras recibir el apoyo de sus conciudadanos en las municipales de 2003, en revisar los contratos que el Ayuntamiento tenía suscritos con FCC Medio Ambiente. Las revisiones fueron muy generosas. Así, según fuentes municipales, en el caso de las tareas de recogida de basuras, el contrato, que suponía un millón de euros al año, aumentó en dos revisiones consecutivas en 650.000 euros. Pero esto fue un apaño temporal: a finales de 2004 se adjudicó por concurso el contrato para el nuevo periodo. El ganador fue el proyecto de FCC Medio Ambiente, que se aseguró unos ingresos anuales de 2.234.000 euros hasta 2012. El nuevo contrato supuso 584.000 euros de aumento.

No fue la única revisión. El contrato de mantenimiento de playas y litoral fue también automáticamente revisado y aumentado en un 50 por ciento, según las mismas fuentes. Luego, al convocarse el concurso para el nuevo periodo, y tras un largo y penoso proceso, FCC, que había presentado la oferta más cara, se llevó el gato al agua… y 12 millones de euros en los siguientes cinco años. También revisado y aumentado desde 4.200.000 euros hasta casi siete millones fue el contrato de limpieza viaria, el más sustancioso de todos los que tratan de limpieza o mantenimiento en la ciudad.

La misma suerte corrieron los contratos de mantenimiento y limpieza de colegios, por valor de 4.770.000 euros al año –si bien en este caso FCC fue la única empresa en concurso–, y el de limpieza de dependencias municipales, que estaba ya en manos de FCC cuando llegó la alcaldesa. Este último contrato está en pleno concurso, por lo que aún no se ha resuelto.

De esta manera, Castanedo va a presentar ante sus jefes de Madrid unas cuentas de resultados como nunca antes le había brindado el Ayuntamiento de Las Palmas: al menos 85 millones de euros de negocio, con contratos que se prolongan por varios años, en un caso hasta ocho, y a una media de hasta 23 millones por año.

La competencia ha permanecido en silencio ante el proceso. Sólo en una ocasión, Talher, una empresa que había perdido uno de los concursos más importantes jamás dirimido en la historia de la ciudad, se atrevió a elevar la voz: “La Junta de Gobierno Local se ha apartado y ha prescindido de las prescripciones establecidas en el pliego de bases, llegando incluso a rozar el comportamiento de dichos órganos el ilícito penal”. Con esta dura acusación se expresó Talher en un escrito de impugnación dirigido al Ayuntamiento cuando supo que las empresas Fomento de Construcciones y Contratas y Hermanos Santana Cazorla habían ganado el mantenimiento de parques y jardines, que les garantizaba ingresos de 75 millones de euros en seis años. El airado escrito –que recogió en septiembre de 2004 el diario digital Canarias Ahora–, sorprendía por su crudeza en un ámbito en el que las manifestaciones públicas de este tipo son prácticamente inexistentes. El vaso se había colmado. Acusaba a la Mesa de Contratación de no haber analizado “con la objetividad mínima exigible las propuestas”, calificaba el proceso de “cúmulo de despropósitos” y denunciaba un “tratamiento discriminatorio”. El abogado de Talher también se despachaba a gusto con las ofertas presentadas por los ganadores: la Mesa permitió “irregularidades manifiestas, hasta el punto de resultar adjudicatarias de un concurso en el que debieron ser excluidas por varios y diferentes motivos”. Entre estos motivos enumera el incumplimiento del “requisito mínimo exigido de 115 operarios con presencia permanente y fija, contraviniendo las prescripciones mínimas exigidas en el pliego”. Además revelaba un hecho sorprendente: anteriormente, Hermanos Santana Cazorla se había dirigido a Talher para pedirle presupuesto por el mantenimiento de los jardines de un hotel de la propiedad de Santana Cazorla. “Carece de medios para atender a sus propias instalaciones –remataba la queja de Talher–, por lo que parece imposible que sean ca- paces de cuidar, mantener y gestionar los de la sexta ciudad de España”.

Aquí manda ella

La noche del 6 de diciembre de 2005, unos contenedores de basura fueron quemados en un barrio de Las Palmas. Funcionarios de limpieza del Ayuntamiento pidieron a FCC que recogiera los restos, pero la empresa se negó aduciendo que no era su responsabilidad. La oficina encargada de gestionar el contrato decidió sancionar a la empresa, que recurrió la sanción y obtuvo la indulgencia de la Junta de Gobierno local. Pese a todos los contratos que tiene, FCC nunca ha sido sancionada: su actuación ha sido siempre ejemplar, según el Ayuntamiento.

La alcaldesa no ha reparado en delicadezas. De hecho, para aligerar el proceso de contrataciones, impidiendo cualquier posible fiscalización, Luzardo expulsó de la Mesa de Contratación –un órgano directamente dependiente de Alcaldía– a los partidos de la oposición, que desde la transición siempre habían estado presentes. Sucedió en 2003, a raíz del caso Isolux, una polémica adjudicación. “Apareció en la comisión un informe técnico –recuerdan fuentes de la oposición– en el que una empresa figuraba como la favorita, pero a la siguiente semana se convocó una nueva sesión de la comisión, en la que había un nuevo informe donde la empresa que figuraba decimocuarta en el informe anterior pasaba a ocupar el número 1 y, por lo tanto, era beneficiaria de la adjudicación”. Desde entonces se ha obstaculizado el acceso de la oposición a la información relativa a los contratos adjudicados. El último episodio lo protagonizaron dos almacenes presentados por FCC al concurso de playas, y por los que recibieron una buena puntuación. Uno estaba siendo usado para cumplir con un contrato previo; el otro está ocupado por una iglesia evangelista. Según Canarias Ahora, “preguntados los evangelistas por la permanencia en la fachada de los carteles de FCC, contestaron de forma muy significativa: es uno de los acuerdos de obligado cumplimiento para el arrendamiento”.

La oposición –compuesta por PSOE, Coalición Canaria y la formación Compromiso por las Palmas-Nueva Canarias– no ha iniciado de momento ningún tipo de acción para esclarecer estos hechos.