…Y no estaba loca

Dijeron que olía a pis y que estaba desnutrida, pero lo único que querían era quitarme mi casa”. Mercedes Rodríguez, de 87 años, ha pasado los tres últimos bregando en los tribunales para recuperar su patrimonio. Hasta en siete ocasiones ha reclamado que le devuelvan su casa y los enseres personales que contenía cuando un juez la incapacitó en 2002, aduciendo el estado “ruinoso” del inmueble en el que residía, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Mercedes recuerda la noche en que dos policías la sacaron a la fuerza de su casa para ir ante el juez, que de inmediato inició el proceso de incapacitación; todo ello pese a carecer del dictamen de un forense, que no la reconoció hasta dos meses después. “Los funcionarios de la Xunta hicieron constar que mi casa estaba en ruinas a pesar de que nunca pusieron un pie en ella”, dice la anciana.

De inmediato, Mercedes quedó despojada de su derecho a “realizar cualquier acto que conlleve disposición o administración de sus bienes” y se designó a la Fundación Galega para a Tutela de Adultos (Funga), dependiente de la Xunta, como su “curador” o responsable-tutor.

“El juez ha declarado que yo estaba mal alimentada y sucia, pero eso no es verdad”, insiste Mercedes, que ha denunciado a los responsables de su tutela. En el escrito presentado por la mujer, que reside con unos parientes, se aduce que la Funga “se apresuró a vender las propiedades” de Mercedes y se considera “escandaloso” que en el juicio que había de sentenciar su incapacidad “no comparecieran ni el abogado de la Xunta ni ningún representante de la Fundación”, que ejercía de defensora judicial.

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